Un nuevo Yalta, la obsesión de Putin

Dedicado a Serguéi Kovaliov, exdisidente, primer ombudsman de la Rusia que hubiera podido ser, y a Memorial, la organización, disuelta por el Kremlin, que demuestra que valía la pena acabar con el sistema soviético.

“Este mensaje [material] fue creado y [o] difundido por un medio de comunicación extranjero que desempeña las funciones de un agente extranjero y [o] una entidad jurídica rusa que desempeña las funciones de un agente extranjero”. Esto es lo que aparecería en las páginas de este diario, en cada una de sus ediciones, formato papel o en línea, si fuera declarado “agente extranjero” en Rusia.

Porque resulta que Rusia está amenazada: los enemigos proliferan dentro y fuera. En el interior, los “agentes extranjeros” surgen por doquier, entre las páginas de un periódico, los sondeos de un instituto sociológico o incluso en personas individuales. La web del Ministerio de Justicia ruso actualiza regularmente un listado de esos temibles infiltrados: desde organizaciones ecologistas, un movimiento cívico regional de diabéticos u otro de lucha contra la violencia doméstica, hasta el prestigioso instituto de opinión pública Levada o la organización electoral Golos (La Voz) o la respetada organización Memorial, frágil símbolo de dignidad moral en la Rusia actual.

En el exterior, el “Occidente colectivo” —nosotros, dominados por Estados Unidos— acecha con cualquier pretexto a fin de arrebatar a Rusia su legítima supremacía sobre el vecindario europeo postsoviético. Esta terminología nos retrotrae a la retórica soviética reservada a los “enemigos del pueblo” y a los “agentes del imperialismo”, cimientos del “cerco capitalista”. En esa línea se expresó hace ya años el presidente Putin en un discurso capital, pronunciado en septiembre de 2013: “Con demasiada frecuencia en la historia de nuestra nación, en lugar de oposición al Gobierno, nos hemos enfrentado a una oposición a la propia Rusia”.

Rusia, pues, está amenazada. El arrogante Occidente se empeña en no reconocer los intereses legítimos que van asociados al estatus de gran potencia que ha recobrado Rusia y que le otorgan el derecho al control del espacio postsoviético. Este enfoque nutre el discurso dominante del establishment ruso, dedicado de una manera u otra a los asuntos internacionales. Se da por supuesto que Rusia tiene derecho a que sus fronteras estén protegidas por un cinturón de estados soberanos, los cuales, en cambio, no pueden tener derecho a emanciparse de Rusia.

Esa franja de territorio europeo —las exrepúblicas soviéticas, convertidas en nuevos estados independientes— constituye, para el Kremlin, su cinturón de seguridad, su esfera de “interés vital”, allí donde se juega la subsistencia misma del Estado ruso. Pero Occidente no solo no respeta ese temor existencial, sino que ahora se inmiscuye en los asuntos internos de esos países. A ojos del Kremlin, eso no responde a los deseos de acercamiento a Europa de las sociedades de esos países, sino a las aviesas maniobras de Occidente para usurpar el lugar Rusia en Europa. Aquí radica, para Moscú, el núcleo de “la cuestión” de la arquitectura de seguridad europea. En definitiva, Rusia se considera la única legitimada para actuar en esa área mientras las repúblicas exsoviéticas —es decir, unos 70 millones de personas— no pueden decidir librarse de la condición geopolítica postcolonial que les impone el Kremlin.

Ahora Moscú exige garantías jurídicas de no expansión de la OTAN hacia el Este, siguiendo un razonamiento que entronca con el reparto en esferas de influencia, suscrito en Yalta en 1945 entre la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. No por casualidad, decía Putin en el discurso mencionado de 2013, fueron esos acuerdos los que, “con la participación activa de Rusia, garantizaron una paz duradera”. En este referente histórico está arraigada la lógica de la política actual del presidente ruso. Como explica de forma rigurosa Fernando Claudín en su Crisis del movimiento comunista (1970), la obsesión de Stalin era hacer aceptar a Churchill y a Roosevelt las fronteras soviéticas establecidas por el reparto acordado con la Alemania nazi en los protocolos secretos del pacto germano-soviético. Y, como Stalin entonces, Putin quiere lo mismo.

Si la obsesión de Stalin se centraba en 1945 en Polonia (además de Finlandia, los países bálticos, la Moldova actual y parte de Ucrania), para Putin ahora es Ucrania. “La Unión Soviética tiene derecho a conseguir que en Polonia exista un Gobierno amigo (…) y no puede aceptar un Gobierno que le sea hostil (…)” escribió Stalin y añadió, irritado: “Es incomprensible que, al discutirse la cuestión de Polonia, no se quieran tener en cuenta los intereses de la Unión Soviética desde el punto de vista de su seguridad”. Cambie el lector Polonia por Ucrania y Unión Soviética por Rusia y tendrá la clave para interpretar lo que el Kremlin persigue desde que los ucranios decidieron seguir otro camino en 2014, tras el movimiento popular conocido como Euromaidán. Por eso, en Ucrania “empezó todo”, como declaró Putin en junio de 2021 al semanario alemán Die Zeit, porque la Unión Europea (bajo la batuta de Washington) “apoyó activamente el golpe armado inconstitucional” en Kiev. De hecho, la obsesión de Putin con Ucrania se remonta a antes del Maidán. Se nutre de la tesis según la cual Rusia y Ucrania son un mismo pueblo, invocando argumentos esencialistas como datos duros, como si fueran la ley de la gravedad o el número pi.

El relato del Kremlin hace con las palabras y la realidad juegos malabares en los que el principio de veracidad es totalmente irrelevante: la represión feroz en Bielorrusia se llama en Moscú “normalización”, como en Checoslovaquia tras el aplastamiento con tanques de la Primavera de Praga en 1968; el presidente Alexandr Lukashenko convierte a su propio Estado en traficante de personas, pero la culpa es de Polonia y Lituania; la opción escogida por los ucranios en varias elecciones libres se llama en Moscú golpe de Estado, mientras una parodia de referéndum legitima la anexión de Crimea donde Moscú persigue y encarcela a los verdaderos moradores originarios de la península, los tártaros; el presidente ucraniano proviene de una familia rusa y judía pero, según Moscú, los secesionistas rusófonos del Donbás son patriotas que luchan contra el fascismo y están amenazados de genocidio y, por eso, Rusia “se ve obligada” a desplegar sus tropas a lo largo de la frontera con su vecino. De la misma manera, Moscú siempre se queja de que la UE no la trata como a un igual cuando, en realidad, se inculca desde la cuna a los futuros ciudadanos de Rusia que su país es especial, y que en el fondo nadie alcanza a entenderlo del todo. O, según la perspicaz expresión de la historiadora Marlène Laruelle: “La idea tautológica de que lo que tiene de especial Rusia es que es rusa”.

Pero hechos tozudos demuestran que es la política de Putin la que se vuelve contra Rusia. Ni Bruselas ni Washington necesitan cansarse mucho para atraer a los ciudadanos de la región, suponiendo que esta fuera su intención y no la de rendirse a la llamada fatiga de la ampliación. Es la política agresiva del Kremlin la que explica el aumento del apoyo a la UE y a la OTAN entre los ciudadanos de esos países. No es que idealicen esa opción, es que, con todas sus limitaciones y contradicciones, resulta más respetuosa con la soberanía nacional y los deseos de sus poblaciones. Con la última exhibición de fuerza en la frontera con Ucrania, el Kremlin ha desplegado todas sus artes para una operación de “coerción al diálogo” (prinuzhdenie k dialogu), muy en la línea de la tradición diplomática rusa. Y aunque se puede pensar que solo era una maniobra (amenacemos para sentarnos a hablar), queda muy claro quién pone en peligro la paz en Europa. Es lo que nos recuerda Andréi Sájarov, uno de los fundadores de Memorial, cuando dice que “un país que no respeta los derechos de sus propios ciudadanos no respetará los derechos de sus vecinos”.