Editorial
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Falta de iniciativa legislativa

La ausencia de criterio único contra la pandemia cede a los tribunales de justicia la adopción de medidas

Un camarero escanea el código QR del certificado de vacunación de un cliente en un bar de Barcelona, el pasado viernes.
Un camarero escanea el código QR del certificado de vacunación de un cliente en un bar de Barcelona, el pasado viernes.Enric Fontcuberta (EFE)

Una parte de Europa se encuentra en alerta máxima por la rápida propagación del coronavirus entre las personas no vacunadas mientras crece la preocupación por la llegada de la nueva variante ómicron, que parece tener mayor capacidad de contagio y de reinfección. A pesar de que España se encuentra entre los países con mayor tasa de vacunación, siete comunidades vuelven a estar en alerta sanitaria, tres de ellas con riesgo alto o muy alto. En una semana, la incidencia ha crecido un 45% y los ingresos hospitalarios un 26%. Tras 20 meses de pandemia, seis oleadas de contagios y sucesivas variantes, el virus ha dado pruebas de resistencia y adaptabilidad como para no poder descartar ningún escenario, incluida la posibilidad de que aparezca una variante más agresiva o capaz de sortear el efecto de las vacunas.

Tal posibilidad plantea la cuestión de si se ha hecho lo suficiente en materia legislativa para afrontar posibles nuevas emergencias que exijan una respuesta rápida. El Gobierno ha descartado promover una ley específica para situaciones de emergencia sanitaria. Considera que la normativa vigente es suficiente para que las comunidades autónomas puedan gestionar cualquier situación. Pero lo que se ha constatado en los últimos meses es que el sistema vigente no permite actuar con unidad de criterio y las decisiones sobre las medidas a adoptar han acabado dependiendo en demasiadas ocasiones de los tribunales de justicia. El semáforo covid, con indicaciones de actuación según la incidencia, es meramente orientativo, como también lo han sido en la práctica los acuerdos del Consejo Interterritorial de salud.

Todo ello ha dado lugar a una alta variabilidad en las respuestas, lo que en caso de amenaza grave podría comprometer la eficacia de la lucha conjunta. La ausencia de un marco normativo claro ajustado a parámetros sanitarios ha conducido a que diferentes tribunales dictaran resoluciones distintas e incluso antagónicas ante situaciones epidemiológicas similares. Algunas resoluciones de los tribunales superiores de justicia han sido corregidas por el Tribunal Supremo, lo que ha demorado las medidas y ha contribuido a la confusión. Sería aconsejable explorar las ventajas de adoptar una legislación específica para emergencias con el fin de disponer de instrumentos ágiles y eficaces de intervención en situaciones cambiantes. Alemania, que tiene bien resuelta la arquitectura federal de toma de decisiones, se ha visto abocada en apenas unas semanas a adoptar medidas tan drásticas como la vacunación obligatoria. El actual marco jurídico no permitiría en España resolver fácilmente un dilema de esa naturaleza.

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Por otra parte, se ha abordado con una lentitud exasperante la creación de la agencia de salud pública que todos los expertos reclaman. La constitución de un centro estatal de coordinación estaba ya prevista en la Ley de Salud Pública de 2011, pero incomprensiblemente no se cumplió el mandato. Finalmente, en el verano de 2020, la Comisión de Reconstrucción del Congreso acordó crear este centro y lo dotó con cinco millones de euros, pero la ministra de Sanidad ha anunciado que la ley que lo desarrolla no estará lista hasta el segundo semestre de 2022: más de dos años después de iniciarse la pandemia. El indudable éxito de la campaña de vacunación puede verse empañado por la falta de iniciativa y decisión en el ámbito legislativo.


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