Más de 26 millones de españoles están ya en nivel de alerta medio por el coronavirus

El nuevo ‘semáforo covid’ sitúa a Cataluña, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Castilla y León con una expansión generalizada y sostenida del virus y la presión al alza sobre el sistema sanitario. El resto de autonomías tienen todavía un nivel de transmisión sin impacto asistencial

Una enfermera hace una ecografía a una paciente en la UCI del Hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid, a finales de noviembre.
Una enfermera hace una ecografía a una paciente en la UCI del Hospital Enfermera Isabel Zendal de Madrid, a finales de noviembre.Eduardo Parra (Europa Press)

La situación de la pandemia en España se mueve entre dos escenarios: los contagios van al alza —248 casos por 100.000 habitantes a 14 días—, pero la presión asistencial sigue contenida en buena parte del país. Esto significa que algunas comunidades tienen todavía bajo relativo control la situación epidémica, pero en otras el escenario empieza a complicarse. Según el nuevo semáforo covid, el documento con los indicadores de riesgo actualizados para evaluar la evolución de la epidemia, a fecha de 1 de diciembre, hay siete comunidades —Cataluña, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid y Castilla y León— que están en nivel medio de alerta. Es decir, más de la mitad de los españoles (26,2 millones de personas) se encuentran en un entorno con una transmisión comunitaria generalizada y sostenida y presión creciente sobre el sistema sanitario. El resto de España se mantiene en nivel de alerta bajo, donde la transmisión todavía no impacta en el entorno asistencial.

La situación epidémica no es nada halagüeña. La curva de contagios se ha disparado y, aunque no se alcanzan los niveles de los vecinos europeos —las incidencias a 14 días superan los 2.000 casos por 100.000 habitantes en República Checa, Austria y Bélgica, por ejemplo—, el ritmo de nuevas infecciones se mantiene al alza y la presión asistencial aumenta: en una semana, la incidencia ha crecido en España un 45% y los ingresos, un 26% (hay más de 4.200 hospitalizados). A corto plazo, tampoco ayuda la proximidad del puente de la Constitución y las fiestas navideñas —situaciones donde se incrementa la movilidad y los encuentros sociales— ni la llegada de la nueva variante ómicron, sospechosa de ser más transmisible y de la que ya se han detectado casos en Madrid, Cataluña y Baleares. Con este contexto sobre la mesa, el mapa epidémico de España amenaza con tornarse más rojizo.


El nuevo baremo para medir la evolución de la pandemia, aprobado el pasado martes por el Ministerio de Sanidad, resta peso a la incidencia y refuerza la importancia de la presión asistencial para valorar el riesgo que supone la enfermedad. Con casi el 80% de la población española vacunada y protegida contra las formas graves de la covid-19, el nivel de contagios no es tan primordial para medir el impacto de la pandemia. Así, la actualización del semáforo eleva uno de los indicadores de riesgo bajo de transmisión de 50 a 100 casos por 100.000 habitantes a 14 días, pero añade las tasas de ocupación en planta y cuidados intensivos (UCI) como dos nuevos indicadores a tener en cuenta para evaluar la situación de la pandemia en un territorio.

El nivel de alerta de una zona —puede ser la comunidad autónoma, la provincia o el ayuntamiento, entre otros— surge de la combinación de los distintos indicadores que hay en el bloque que evalúa el nivel de transmisión (positividad de las pruebas e incidencia semanal, a 14 días y en mayores de 65 años) y los que miden la utilización de los servicios asistenciales (ocupación en planta y UCI). Dos parámetros del primer bloque y uno del segundo, al menos, han de estar en el mismo nivel de riesgo (o superior) para calcular el nivel de alerta. También se tienen en cuenta otras variables, como la velocidad de transmisión del virus (la Rt, que mide a cuántas personas contagia un positivo) y “aspectos referentes a la equidad en salud y la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”, reza el informe de Sanidad.

Según el último análisis de los parámetros de transmisión y presión asistencial, siete autonomías están en riesgo medio. La incidencia a 14 días, por ejemplo, estaba entonces —a 1 de diciembre— entre 100 y 300 casos por 100.000 habitantes (riesgo de transmisión medio) en la inmensa mayoría de comunidades, excepto Aragón (435), Navarra (676) o Euskadi (552), que se disparaban a un umbral de riesgo alto o muy alto. Y con la incidencia a siete días, el mapa se queda a tres colores de intensidad: en nivel medio, entre 50 y 150 casos por 100.000, se situaba el grueso de territorios, aunque Aragón, Asturias, Navarra, Castilla y León, Cataluña y Euskadi estaban en parámetros altos (entre 150 y 250 casos por 100.000 habitantes) o muy altos (más de 250). A todo ello se suma una ocupación en las UCI por encima del 10% de las plazas disponibles en seis comunidades, lo que también las sitúa en un nivel medio en este baremo.

En el resto de España, en cambio, si bien las incidencias son altas y la inmensa mayoría de las comunidades tienen todos los parámetros de tasa de contagio en nivel de riesgo medio o alto, mantienen una presión asistencial más contenida, con niveles de ocupación en el rango bajo de la tabla. Solo Melilla, con los indicadores del primer bloque bailando entre el riesgo medio y muy alto y la tasa de ingreso en UCI en riesgo elevado, está en un nivel de alerta alto.

Sin restricciones asociadas

Con todo, el nivel de alerta que estipula el semáforo funciona apenas como una guía. Estar en un nivel u otro no implica medidas específicas. Anteriores actualizaciones del documento de Actuaciones Coordinadas contemplaban medidas asociadas a estos niveles de alerta, recomendaciones de restricciones que los gobiernos autónomos podía seguir para contener la epidemia, aunque no eran de obligado cumplimiento. Pero la aprobación del nuevo semáforo vino sola, sin medidas aparejadas a los niveles de alerta.

Las comunidades están apostando en las últimas semanas por ampliar los usos del pasaporte covid —para acceder a restaurantes o a discotecas, por ejemplo—, pero la disparidad de criterio de los tribunales para avalar el certificado dificulta y retrasa su extensión. Las autonomías fían también el control de la pandemia a la vacunación, alentando los pinchazos de terceras dosis y reforzando el mensaje de las bonanzas de las vacunas a los más rezagados. España también prevé iniciar este mes la vacunación a los menores de 12 años, el único colectivo aún sin vacunar y con los niveles de incidencia más altos actualmente (412 casos por 100.000 habitantes a 14 días, un 50% más que hace una semana).

Para Álex Soriano, jefe de Infecciosas del Hospital Clínic de Barcelona, “todo lo que se haga para favorecer la vacunación es favorable”. Incluido el certificado covid. “Las previsiones y la lógica dicen que vamos a ir aumentando la incidencia progresivamente, al menos, hasta Navidad. Y aún cumpliéndose el mejor de los escenarios, la situación de los hospitales y atención primaria es de alto estrés porque se había recuperado la actividad ordinaria”, apunta el infectólogo. En algunos hospitales, como el Sant Pau de Barcelona, el Trueta de Girona o el Mateu Orfila de Menorca, ya se ha aplazado alguna actividad quirúrgica no urgente. En la Marina Baixa, al sur de Alicante, se ha pospuesto el 30% de las intervenciones quirúrgicas programadas. “Esperemos que la gente entienda que tenemos que cumplir las medidas de protección: mantener mascarillas en zonas cerradas, no acumularnos en interiores mal ventilados... Hay que apelar a la responsabilidad individual”, insiste Soriano.

Algunos epidemiólogos, con todo, ven poco útil el pasaporte covid para frenar los contagios y urgen medidas más contundentes. Alberto Infante, profesor emérito de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, recuerda que el semáforo y sus medidas asociadas “no se han seguido hasta ahora”: “No ha tenido un valor más allá de ser orientativo. Cada comunidad autónoma toma sus decisiones y debatir sobre el semáforo es desviar el foco. La atención tiene que estar en que hemos tenido el Black Friday y tenemos ahí el puente de la Constitución y la Navidad. Como no hagamos algo pronto para frenar la situación, nos encontraremos en una situación muy mala en enero”. Infante llama a “la autoprotección” y a “echar mano de limitaciones de horarios y aforos” para empezar a contener la transmisión.

Sobre la firma

Jessica Mouzo

Jessica Mouzo es redactora de sanidad en EL PAÍS. Es licenciada en Periodismo por la Universidade de Santiago de Compostela y Máster de Periodismo BCN-NY de la Universitat de Barcelona.

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