Pensiones: estamos perdiendo la última oportunidad

Si no conseguimos hacer las pensiones sostenibles ahora, ¿por qué razón sería posible más adelante? Si no podemos rediseñar el sistema en este momento en el que los baby boomers todavía tenemos interés en una reforma, aunque el votante medio sea mayor, ¿cómo va a ser luego posible cuando nosotros, la generación más numerosa, seamos la receptora de la generosidad del sistema y tengamos la sartén política (debido a la demografía) por el mango?

Desgraciadamente, la viabilidad de cualquier reforma se va a reducir con el paso del tiempo. Es muy probable que esta sea la última oportunidad de una reforma consensuada.

Y no me venga, querido lector, con que quiero “recortar” las pensiones. La realidad —que tanto el ministro como los políticos ocultan— es que podemos reformar las pensiones ahora. Que podemos hacer un sistema sostenible. O bien insostenible, y esperar a una crisis de deuda cuando suban los tipos de interés y tener que hacer la cirugía sin anestesia y de una manera mucho más radical.

En cada presupuesto hablamos de educación e innovación, pero el gasto en pensiones siempre se privilegia frente a la inversión en futuro (educación, formación profesional, I+D…), por lo que cada vez tenemos unas pensiones más generosas y menos jóvenes con empleos de calidad que puedan pagarlas. La bola se hace más grande y, por lo tanto, cada vez es políticamente más difícil arreglarla.

El interés de los pensionistas actuales, y de los futuros, es que el sistema sea sostenible. La realidad es que la reforma del ministro Escrivá lo hace aún menos sostenible.

Asombrosamente, el Gobierno trata de argumentar que la sostenibilidad y el futuro del sistema se resolverán con un módico coste para cada trabajador: entre 1 y 2,5 euros mensuales. Arreglar las pensiones costaría lo mismo que tomarse una caña más al mes. Desgraciadamente, no es así.

De hecho, el Gobierno ha propuesto tres medidas muy costosas para el sistema: vincular las pensiones al Índice de precios al consumo (IPC), derogar el factor de sostenibilidad y permitir que todos los trabajadores elijan sus mejores 35 años de cotización para el cálculo de la pensión. En total, los cambios incrementan los costes anuales en aproximadamente cuatro puntos del Producto Interior Bruto (PIB), lo que equivaldría, hoy por hoy, a 46.000 millones de euros.

Pero hay medidas para aumentar los ingresos, nos dice el Gobierno; y queriendo arreglar el enorme agujero que ha cavado, se saca de la chistera un Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Pensarán ustedes que detrás de tan esperanzador título habrá alguna fórmula para que no sean los jóvenes los que paguen la factura. Pues no. Además de la subida de las cotizaciones, el Gobierno tratará de incentivar una subida de la edad efectiva de jubilación para que se acerque a la edad legal y quitar el tope a las bases máximas de cotización. En total, estos aumentos de ingresos no son nada más que 0,34% anual del PIB, comparado con el 4,16% del PIB de incremento de gasto.

Y aquí reside el núcleo del bulo puesto en circulación: todas las propuestas sumadas del ministro dejan una factura anual sin pagar de 42.000 millones. En otras palabras, la reforma supone un aumento del déficit estructural de la economía (es decir, el que no se debe a crisis o recesiones) de casi cuatro puntos del PIB cada año. No tengo que explicar, imagino, el riesgo que tiene presentar a los mercados —cuando las cosas se empiecen a torcer— algo que puede suceder (si la inflación persiste) más pronto que tarde: unas cuentas que ni cuadran ni parece políticamente posible que cuadren.

En vez de uno o dos euros al mes son casi 200 euros adicionales por trabajador cada mes, una cantidad que tendremos que acabar pagando ya sea con más impuestos, con más cotizaciones o con más deuda, deuda que, a su vez, tendrá que devolverse con más impuestos.

Estas medidas no solo no aseguran el futuro, sino que agravan el problema de las pensiones e imponen una carga inasumible para las próximas generaciones de españoles.

Se pretende utilizar la excusa de que hay que reformar las pensiones porque lo pide Bruselas, pero el resultado es que se hacen aún más insostenibles y que se ahonda en la brecha generacional. Está por ver qué opina la UE de este despropósito.

Estamos atrapados en una espiral que lleva a los políticos sin altura de miras a seguir captando votos de pensionistas mientras desprecian a los jóvenes que tienen que pagar esas pensiones. Y lo que necesitamos son líderes responsables que expliquen con claridad que tenemos un problema de sostenibilidad en el sistema y que se requiere un esfuerzo de todos, de jóvenes y de pensionistas, para arreglarlo. El Gobierno ha querido comprar unos cuantos votos para las próximas elecciones; pero los ha pagado con el futuro de todos los españoles.

No me gusta ser alarmista. Pero el tiempo se acaba.