Interpol bajo sospecha

Interpol, la organización de cooperación internacional entre las policías de 194 países, no es inmune al escándalo. Tampoco lo son esas 194 policías de los países miembros que la financian y la dirigen a través de la asamblea de socios, su única instancia soberana, a diferencia de lo que sucede en aquellos países miembros que cuentan con gobiernos democráticamente elegidos, parlamentos que los controlan y jueces que dirimen los conflictos y juzgan los delitos.

Las reglas de Interpol están perfectamente recogidas en sus estatutos. Su actuación, que es fundamentalmente de coordinación informativa, debe ser neutral y descartar los casos políticos, militares o religiosos. Así suele suceder, con su actividad de intercambio de información en un amplio campo de persecución de actividades delictivas de carácter común, aunque su universalidad y el retroceso de la democracia en el mundo, con el correspondiente incremento del protagonismo de países autocráticos, explica la creciente frecuencia de las alarmas y la erosión de la confianza sobre la buena marcha de la organización.

El presidente elegido en 2016, el ciudadano chino Meng Hongwei, cumple condena de 13 años de cárcel en su país por corrupción después de dimitir en 2018. El actual, el general emiratí Ahmed Naser al Raisi, elegido este jueves, está acusado de torturas y tiene abiertas investigaciones judiciales en Francia y Turquía. Raisi obtuvo el 70% de los votos de los países socios frente a la checa Sarka Havrankova, que basó su campaña en la defensa de los derechos humanos y fue derrotada por una amplia coalición caracterizada por su autoritarismo y su capacidad de corrupción. La campaña de Emiratos para alcanzar la presidencia estuvo acompañada por una donación de 50 millones de dólares que equivalen a un tercio del presupuesto anual de la organización.

La presidencia es un cargo no ejecutivo, a tiempo parcial y sin retribución, circunstancias que facilitan su control por parte de las autoridades del país de origen del presidente. No vale el contraargumento de que se trata de un cargo honorífico, por cuanto tiene como labor presidir y dirigir la Asamblea General y el Comité Ejecutivo y asegurar que sus actividades son conformes a sus estatutos y a las decisiones de sus órganos, cuestión en la que es clara la diferencia que significa contar con un funcionario de un país democrático o de otro que reprime a los disidentes.

Interpol realiza una labor cada vez más necesaria con sus alertas rojas, 11.000 notificaciones que permiten detener y extraditar a delincuentes por casos de corrupción, lavado de dinero y otros crímenes comunes, pero es flagrante el creciente abuso del mecanismo por parte de la coalición autoritaria para ponerlo al servicio de la persecución política de sus adversarios, tal como están denunciando numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos. La deriva de Interpol es una nueva alarma sobre el futuro de una globalización asimétrica —en la que países como China y Rusia, junto a sus aliados, controlen las organizaciones internacionales— y también un presagio de cómo puede funcionar un orden internacional directamente autoritario.