De uniformes y disfraces

El prolífico y tan reputado guionista estadounidense Aaron Sorkin alcanzó la notoriedad gracias a la obra teatral Algunos hombres buenos. Cubrí como periodista el lanzamiento en Los Ángeles de la adaptación al cine y entrevisté a los jóvenes protagonistas, Tom Cruise y Demi Moore. Pero lo más interesante fue escuchar de Rob Reiner, el director, explicar que como la película contaba un caso criminal encubierto por la cúpula del Ejército, encarnada por un desatado Jack Nicholson, a la productora se le denegaron todos los permisos de rodaje en instalaciones militares. Los abogados de la productora presentaron una demanda por discriminación y los tribunales fallaron en su favor. La sentencia recordaba que la autoridad militar de un país no puede discriminar en el uso de sus instalaciones por razones de gusto particular, pues se trata de una institución pública, sufragada por el Estado. Parece una anécdota sin importancia, pero debería tenerla en cuenta la Dirección General de la Guardia Civil porque ha publicado un nuevo decreto por el que regula la utilización de cualquier representación de este Cuerpo en actos culturales como películas, series y obras de teatro. En la nueva redacción se impide incluso la utilización de réplicas de sus uniformes y se extiende la obligatoriedad de obtener el permiso incluso en recreaciones del pasado histórico.

Toda empresa protege su marca, pero dentro de un límite. Si estudiamos el decreto nos topamos con algo demasiado parecido a la censura. Bajo su redacción actual sería imposible grabar hoy El crimen de Cuenca, El caso Almería o recrear el 23-F, así como cualquier serie que retrate a miembros del Cuerpo armado en situaciones que resulten críticas o de denuncia. Si para obtener el permiso de utilización del uniforme, incluso en piezas de época, hay que pasar un examen del contenido del proyecto, es muy probable que podamos decir adiós en España a un género que es clave en el cine de todo el mundo: el bélico y policial. En nuestro país, los productores logran colaboración material del Ejército tan solo con contenidos propagandísticos o por esa cosa tan española del amiguismo y el compadreo entre jefes. Pasa con otras instalaciones públicas, incluidas las religiosas, pues nadie se ha atrevido a regular algo que debería ser transparente y cristalino en cualquier sector profesional.

Instaurar una censura previa consiste en no prestar autorización para cualquier uso del uniforme que suponga menoscabo de la imagen de la institución. Esta potestad queda fuera del alcance de médicos, periodistas, azafatas o marineros, que pueden ser retratados como criminales o torpes en función de los argumentos. Pronto la Iglesia católica impedirá que cualquier representación sobre los casos de pederastia se abstenga de retratar a sacerdotes maliciosos y nos encontraremos en un atolladero de proporciones bíblicas. Ninguna protección corporativa puede alcanzar la autoridad de dictar lo que se puede o no se puede contar sobre un oficio. Por esa regla de tres, las enfermeras estarían en condiciones de pedir que se retiren sus disfraces de los sex shop y que se prohíban todas las películas que las retraten en situaciones procaces. Y detrás de ellas, claro, los repartidores de butano, siempre marginados en esta sobreprotección que hoy nos rige al grito vacuo de libertad.