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COLUMNA
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Orgullo de apellidos

Debido a nuestra capacidad para el autoengaño, nos resulta bastante invisible el mecanismo discriminatorio, pero si uno se fija, reparará en detalles bien evidentes

La abogada Eva González Pérez.
La abogada Eva González Pérez.MARC DRIESSEN (EPS)
David Trueba

Los arrebatos de orgullo patrio suenan algo destemplados cuando se refieren a hazañas del pasado remoto. Nos queda, eso sí, el deporte, el sector que lava más blanco. Aunque en los últimos Juegos Olímpicos ya vimos cómo costaba felicitar las medallas ganadas por algunos de nuestros atletas negros, como si cotizaran bajo en patriotismo quien no lleva los apellidos comunes. En el caso que hoy nos ocupa, el orgullo no puede ser más español, pues lleva dos apellidos que son compartidos por cientos de nosotros: González Pérez. Es una abogada nacida en Cáceres pero afincada en Países Bajos desde la infancia. Se llama Eva González Pérez y capitaneó el caso contra el Gobierno holandés por abuso de poder y discriminación en el departamento tributario. Es un proceso callado y poco glamuroso. Por desgracia no harán una buena serie de televisión con ello porque no hay tiros ni narco, aunque contiene una vivisección de nuestra sociedad. Una cuarentena de personas acudió a su despacho para defenderse de la acusación de estar percibiendo ayudas sociales de manera fraudulenta. El Gobierno les había arrebatado su salario social y los acusaba de engaño. Después de ganar aquellos primeros casos, la abogada González Pérez se topó con que había más de 30.000 damnificados, casi todos ellos de origen inmigrante. Tirando del hilo, se descubrió que el origen extranjero de los apellidos había servido para proceder al embargo de cuentas por parte de la Agencia Tributaria.

Fue un caso delirante que terminó con la dimisión del Gobierno. Bastó que se movilizara la prensa, una parte de la política y que se formara la comisión de investigación para empezar a percibir el tufo discriminatorio. El problema parecía haberse resuelto con la dimisión en pleno del Gabinete. Volvió a formarse uno y el olvido comenzó a realizar su labor de enterramiento. Pero en las últimas semanas, el caso ha hecho aflorar algo aún más grave que la mera persecución por fraude a inocentes, algo más hiriente que la discriminación institucional por razón de origen. Se ha sabido que más de mil niños que formaban parte de estos hogares afectados fueron separados de sus padres y tutelados por los servicios sociales durante los últimos cinco años. Unos padres que no habían cometido ninguna estafa se vieron además despojados de lo único que les quedaba, el vínculo familiar.

Debido a nuestra capacidad para el autoengaño, nos resulta bastante invisible el mecanismo discriminatorio. No lo percibimos alrededor de nosotros, convencidos de que en el mundo libre, el origen y los apellidos ya no tienen la importancia desmedida de antaño. Pero si uno se fija, reparará en detalles bien evidentes. Basta un poco de atención. Incluso llegados a los chistes de sal gorda, conviene no olvidarse de que un partido planteó su publicidad electoral en la Comunidad de Madrid bajo el reclamo de que un menor no protegido recibe una cantidad sustanciosa de dinero frente a las desamparadas viudas nacionales. El error fue pretender que aquel cartel se prohibiera, lo inteligente habría sido desnudar la carga racista que lo dictaba. Es exactamente la misma que dirigió el algoritmo de los muy rectos funcionarios de la Agencia Tributaria holandesa al culpabilizar el tener apellidos extranjeros sin mayor escrutinio. Por eso, los españoles tendríamos que festejar la labor de la abogada González Pérez con cierto orgullo de emigrantes.

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