García Albiol y Pandora

El próximo 8 de noviembre, Xavier García Albiol dejará de ser alcalde de la cuarta ciudad más poblada de Cataluña, Badalona, si prospera la moción de censura presentada por el resto de partidos en ese Ayuntamiento. La causa de esa reacción unitaria han sido las informaciones aportadas por este periódico en varias entregas de los Papeles de Pandora. Pese a las iniciales negativas y las sucesivas retractaciones, García Albiol fue apoderado de una sociedad opaca constituida en el escondido paraíso fiscal de Belice en 2005, tramitada a través de un pequeño despacho de Andorra. Por entonces, García Albiol era concejal por el PP en Badalona o, como ha explicado el cotitular de la sociedad y número dos del partido en la ciudad, Ramón Riera, era solo un “pobre concejal de pueblo”. Albiol ha explicado que aceptó ser apoderado de la sociedad para desarrollar proyectos empresariales en Centroamérica que no acabaron de prosperar, aunque sí consta la instrucción a una abogada para adquirir 589 acciones de una empresa náutica.

La delicada frontera entre negocios privados y actividad política vuelve a poner contra las cuerdas a un cargo público, pese a que no exista evidencia de vínculos entre esa sociedad opaca y su militancia política. Hay una razón adicional que complica el caso: la ocultación de su participación en esa sociedad en las declaraciones de bienes cuando Albiol fue miembro de la Diputación de Barcelona y alcalde de Badalona entre 2011 y 2015. Ahora mismo tiene también abierto en un juzgado de Badalona un proceso, que ha recurrido, por la instalación de unas antenas de telefonía móvil ilegales.

Además de ser el cargo institucional de mayor poder que el PP conserva en Cataluña, desde el verano de 2020 Albiol preside el Comité de alcaldes del PP que coordina a los más de 2.000 regidores con que cuenta el partido en toda España. El portavoz nacional de la Ejecutiva del PP, José Luis Martínez-Almeida, se ha limitado a invocar la presunción de inocencia, ha dado por buenas las contradictorias explicaciones de Albiol y ha recordado que los estatutos del PP no exigen acción alguna mientras no haya vista oral: considera que no ha habido “ninguna irregularidad”. Es la respuesta de argumentario que todos los partidos exhiben cuando una actividad impropia aunque sea legal alcanza a uno de los suyos, evitando así un pronunciamiento preciso sobre un mal que aqueja a todas las haciendas públicas: la existencia de estructuras opacas que permiten ocultar movimientos de dinero y sobre la que en este momento existe especial sensibilidad y voluntad política, al menos formal, de hacer desaparecer. Eso es lo que revelan los Papeles de Pandora. Para el PP, sin embargo, el caso no merece siquiera la apertura de un expediente informativo, recurso que también figura en sus estatutos.