España y el Reino Unido tras el Brexit

Tras la salida del Reino Unido de la UE, la libre circulación de personas ha llegado a su fin entre ambos bloques. Aquellos que antes podían trabajar, estudiar, residir o jubilarse sin ninguna traba, han perdido ahora todos sus derechos. Si bien podría ser deseable alcanzar un acuerdo sobre libre movilidad entre el conjunto de los Estados miembros de la Unión y el Reino Unido, como el ya existente con Suiza, dicha opción parece poco realista, al menos en la coyuntura actual en la que ni conservadores ni laboristas británicos abogan por dicha vía. Dado que este tema afecta especialmente a España, ha de abrirse el debate sobre la posible adopción de un acuerdo bilateral de libre movilidad de personas.

En efecto, Gran Bretaña es de lejos el principal destino a nivel global de la emigración española durante el siglo XXI y se estima que había unos 185.000 españoles residiendo en 2020 en el Reino Unido. Por su parte, los británicos son la tercera población extranjera más numerosa en España, con 381.448 residentes según datos oficiales de 2020. A esto hay que unir un número mucho mayor de personas que pasaban parte del año en el otro país como, por ejemplo, españoles trabajando, estudiando y aprendiendo inglés en Londres o Edimburgo, o británicos con una segunda residencia en España. De hecho los británicos son los líderes en la compra de vivienda por parte de extranjeros en España.

Esta movilidad era posible gracias a la pertenencia del Reino Unido a la UE. Con el Brexit los derechos de aquellos que se quieran desplazar han cambiado radicalmente. A partir del 1 de enero de 2021, un español que quiera emigrar a trabajar al Reino Unido deberá tener una oferta de trabajo de un empleador patrocinador aprobado, ser capaz de hablar inglés, y recibir una oferta de salario anual de al menos 25.600 libras esterlinas (30.000 euros), o no inferior a 20.480 libras esterlinas (24.000 euros) si se va a desempeñar un trabajo dentro de un sector catalogado como de ocupación escasa, o si ha realizado un doctorado. Quienes deseen estudiar también deberán solicitar un permiso de residencia antes de llegar al país, deberán pagar un precio mayor que los británicos sin tener acceso a préstamos gubernamentales, y verán muy reducidas sus posibilidades de trabajo durante sus estudios. En resumidas cuentas, la posibilidad de pasar unos meses o años en el Reino Unido mejorando su formación se ha esfumado por completo para miles de españoles.

Por su parte, los británicos en España también tendrán que cumplir las mismas normas que cualquier no europeo. Aquellos que quieran trabajar solo podrán hacerlo tras obtener un permiso y en determinados sectores con escasez de mano de obra. Los que quieran residir en España sin realizar ninguna actividad económica tendrán que o bien invertir 500.000 euros en la compra de una propiedad, o bien acreditar ingresos mensuales superiores a 2.250 euros. Si bien los británicos pueden visitar España por períodos inferiores a 90 días, ya no tienen derecho a residir de manera permanente, trabajar, jubilarse, estudiar ni solicitar la reunificación familiar en condiciones favorables.

Los acuerdos bilaterales sobre libre movilidad de personas son absolutamente normales en perspectiva comparada y existen entre países tan dispares como Australia y Nueva Zelanda, o Argentina y Brasil. Además son absolutamente legales bajo el marco jurídico europeo como lo demuestra el hecho de que Irlanda tenga un tratado con Reino Unido, o España con Andorra. La adopción de un acuerdo bilateral podría mantener el statu quo anterior al Brexit y permitir así a los nacionales de cada Estado trasladarse al territorio del otro para residir, trabajar o estudiar.

Un tratado entre ambos Estados debería respetar la igualdad de condiciones con los nacionales en determinados sectores aunque podrían también incluirse requisitos adicionales, tales como un seguro médico para aquellos que quisieran asentarse sin realizar actividad económica alguna. La flexibilidad que ofrece un acuerdo bilateral permitiría a ambos Estados, por ejemplo, reconocer el elevado número de jubilados británicos que se encuentran en España, eliminando el requisito de que los nacionales británicos tengan que invertir la cantidad de medio millón de euros para obtener derechos de residencia. Del mismo modo, el Reino Unido podría reconocer el importante número de ciudadanos españoles, especialmente jóvenes, que se trasladan al Reino Unido para trabajar, eliminando el requisito de patrocinio laboral y el umbral salarial general.

Un acuerdo tendría consecuencias positivas no solo para los derechos de las personas sino también para la economía de ambos países y las relaciones existentes entre ambos Estados. De hecho, y como reconocimiento de dicha amistad y buscando facilitar la integración de los nacionales de la otra parte residentes en sus respectivos territorios, ambos países ya firmaron en 2019 un acuerdo recíproco para garantizar el derecho de voto activo y pasivo en las elecciones locales. Ampliar dichos derechos debe ser una prioridad ante el futuro.