Argentinos en la tormenta de Georgieva

Kristalina Georgieva, la directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), está siendo sacudida por una tormenta institucional y geopolítica. Y la Argentina está atrapada en ella. Georgieva ha sido acusada de favorecer a China cuando se desempeñaba como gerente general del Banco Mundial. En concreto, se le reprocha haber forzado a sus subordinados a manipular datos de tal manera que ese país mejorara su ranking en el programa Doing Business. Un reporte de 15 páginas elaborado para el Banco Mundial por el estudio de abogados WilmerHale detalla los pormenores en que se fundan esos cargos.

Las imputaciones se inscriben en una gran disputa de poder que tiene como principales protagonistas a Washington y a Pekín, y que se libra ahora dentro del FMI. La cuota china constituye el 6% del control de organismo. La de los Estados Unidos, el 17%. Si el año próximo siguiera al frente del Fondo, Georgieva debería volver a calibrar la participación de China. El escándalo de estos días, en la medida en que le coloca bajo sospecha, condicionará esa tarea.

La conducta de Georgieva ha descargado sobre ella durísimos reclamos. The Economist pidió su renuncia. Yanet Yellen, la secretaria del Tesoro de Joe Biden, se ha negado a contestarle las llamadas. La Secretaría declaró su preocupación por lo que está ocurriendo. Estados Unidos y Japón son los socios del FMI más duros con Georgieva. No hace falta aclarar que ese alineamiento no es ajeno al conflicto con China.

En defensa de Georgieva intervino Joseph Stiglitz. El profesor de Columbia y premio Nobel del año 2001, entiende que a la funcionaria se la ataca por la orientación que le imprimió al FMI: preocupación por el cambio climático; menos énfasis en la austeridad y más en el crecimiento y la lucha contra la pobreza; y una mayor consciencia sobre los límites del mercado. Es una lectura discutible: las mayores objeciones a Georgieva provienen de la administración Biden, que comparte esos valores.

Stiglitz formuló su interpretación en un texto titulado “Un intento de golpe en el FMI”, que publicó Project Syndicate. Allí menciona, como otro mérito por el que Georgieva estaría siendo atacada, el siguiente antecedente: “En la reestructuración de la deuda argentina que comenzó en 2020, el Fondo mostró claramente los límites de lo que podía pagar el país, es decir, cuánta deuda era sustentable. Debido a que muchos acreedores privados querían que el país pagara más de lo que era sustentable, este simple acto cambió el marco de negociación”.

La afirmación de Stiglitz puede agregar pistas para entender sus afinidades con Georgieva. Es de esperar que no sume nuevas mortificaciones a la economista búlgara, ya no por su actuación en el Banco Mundial, sino en el Fondo. Esas pistas son, por varias razones, argentinas.

Stiglitz y Georgieva forman parte de un entramado cuyo nudo más importante es el Vaticano. Stiglitz es miembro ordinario de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales, que lidera el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo. Es una institución intelectual ligada, por supuesto, al pensamiento eclesiástico que durante el pontificado de Jorge Bergoglio, compatriota de Sánchez Sorondo, acentuó su recelo hacia los mercados, sobre todo los financieros. La voz de Stiglitz resuena allí con fuerza.

Desde que Georgieva está al frente del FMI, se ha convertido en una visitante habitual de la Casina Pio IV, la sede de la Academia: un pequeño palacio que se levanta en los jardines del Vaticano y que tiene como piso los viejos mosaicos de la Domus Aurea, la casa de Nerón.

Quienes, como Stiglitz, son propensos a ver conspiraciones, podrían detenerse en la empatía de la Santa Sede de Bergoglio con la China de Xi Jinping. El 22 de septiembre de 2018 el Vaticano firmó un acuerdo con Pekín para reconocer la designación de obispos por parte del régimen. El texto del pacto permanece en secreto. La decisión levantó críticas entre quienes denuncian o padecen las sistemáticas agresiones del gobierno chino a la libertad religiosa, que incluyen la persecución de muchos católicos. El cardenal Joseph Zen Ze-kiun, que fue obispo de Hong Kong, afirmó que los negociadores “están malbaratando a la Iglesia”. El acercamiento parece ser la manifestación de una sintonía conceptual. Sánchez Sorondo afirmó en febrero de 2018 que “es en China donde mejor se practica la doctrina social de la Iglesia”. Sería interesante saber qué opina Mario Draghi, otro académico pontificio, sobre esta afirmación. El primer ministro está distanciando cada vez más a Italia de los chinos.

Sería un error extender a Georgieva esta atracción por el régimen de Xi. Pero, a pesar de profesar la fe ortodoxa, ella ha puesto bajo el paraguas de la Iglesia la agenda de su gestión, tal como la define y defiende Stiglitz: el papa Francisco ha sido obsesivo en sus preocupaciones por el cuidado del medio ambiente y en la necesidad de que la dinámica del mercado encuentre restricciones ante la pobreza de las sociedades y el endeudamiento de los Estados de bajos o medianos ingresos.

En este último desvelo aparece otro eje vinculado a la Argentina. Se trata del país que recibió el crédito más abultado del FMI de toda su historia: 57.000 millones de dólares, de los que entre 2018 y 2019 se desembolsaron 45.000. Ese crédito fue gestionado por el gobierno de Mauricio Macri y debe ser renegociado ahora por el del kirchnerista Alberto Fernández. El encargado de esa renegociación es el ministro Martín Guzmán, discípulo dilecto de Stiglitz y ayudante suyo en el claustro de Columbia. Algunas de las reuniones entre Georgieva y Guzmán por esa deuda se realizaron en el Vaticano, en el contexto de sesiones académicas organizadas por Sánchez Sorondo, de las que participó Stiglitz.

El presidente Fernández y el ministro Guzmán afrontan vencimientos muy exigentes el año próximo. Esperan que Georgieva les ofrezca una receta heterodoxa: una tasa de interés reducida y, tal vez, un período de gracia más extenso al previsto en los estatutos. Cuando comenzaron las negociaciones, desde la Presidencia argentina no tuvieron reparos en afirmar que se le pediría al Papa una gestión para obtener facilidades.

Con Georgieva bajo la lupa, es posible que se termine toda flexibilidad. La directora-gerente ya no podrá innovar. Aun cuando no la reemplacen, lo más probable es que deba someterse a una supervisión más estricta de los representantes de Estados Unidos en el FMI. Al lado de Yellen, en la secretaría del Tesoro, está David Lipton: antes estuvo en el organismo multilateral y fue el encargado de diseñar con las autoridades argentinas el programa que permitió aquel gigantesco desembolso.

La vigilancia sobre Georgieva podría disparar nuevas controversias, a propósito de lo que afirmó Stiglitz en su artículo. Él sostuvo allí, en defensa de la funcionaria, que, en 2020, “el Fondo” intervino en la negociación de la Argentina con sus acreedores privados para mostrar los límites de lo que podía pagar el país, más allá de los cuales la deuda no era sustentable. En rigor, no fue “el Fondo”: el gobierno argentino recibió lo que se denomina una Asistencia Técnica, es decir, un trabajo, para decirlo de algún modo, de consultoría. En el prefacio del informe correspondiente, consta esta aclaración: “Las visiones expresadas en este reporte son las de los miembros del equipo del FMI y no representan las del Comité Ejecutivo del FMI”. Es decir, no son la posición oficial del Fondo.

Sin embargo, en varios informes emitidos desde el Ministerio de Economía de la Argentina se utilizó, como argumento frente a los tenedores de bonos, que el país no podía mejorar su oferta por el dictamen del FMI sobre sustentabilidad de su deuda. Es decir: una Asistencia Técnica de los profesionales del Fondo fue presentada como una posición oficial del organismo. Y desde el organismo jamás lo desmintieron. Esta identificación resulta más controvertida a la luz de lo que sucedió con la deuda argentina. El informe de la Asistencia Técnica preveía que a fines de 2021 ese pasivo sería el 70% del PBI. Sin embargo, ya en el primer trimestre de este año el endeudamiento alcanzó el 101,5% del PBI. Los bonos que se emitieron en esa reestructuración hoy rinden 18% anual, es decir, una tasa de default para nada “sustentable”. Si se hubiera cumplido el vaticinio del staff del Fondo, esos papeles no rendirían más del 7%. Los pronósticos de déficit tampoco fueron acertados: el informe de la Asistencia Técnica auguraba que el país cerraría 2020 con un desequilibrio de -1,6% y lo hizo con uno de 5,6%.

Stiglitz afirma que “el Fondo”, no sus técnicos, “cambió el marco de la renegociación”. E impidió a los acreedores obtener lo que pretendían. Alguno de esos acreedores puede estar tentado ahora con preguntarse, y en todo caso con reclamar, por lo que podría haber sido una ayuda improcedente de “el Fondo” a Guzmán y el kirchnerismo. Igual a la que se le reprocha a Georgieva, a favor de China, cuando estaba en el Banco Mundial.