Columna
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El derecho a una especulación digna

Es grande la Constitución, pero más grande aún es el abismo entre algunos capítulos de la realidad y su declaración de intenciones

Vivienda en alquiler en Sevilla.
Vivienda en alquiler en Sevilla.EFE

Mi ejemplar de la Constitución era uno de esos libros que estudias en la facultad y que sobrevive de mudanza en mudanza hasta que te das cuenta de que ha desaparecido y que, además, ya no importa. Como las escrituras de una vieja casona familiar que nadie sabe dónde están porque ni te planteas que las vayas a necesitar. Siempre habrá abuelos que lo sepan todo y que la defenderán.

Y, sin embargo, en los últimos meses cada vez son más las ocasiones en que me encuentro buceando en Google y repasando artículos concretos que daba por incuestionables y de los que de repente dudo ante la verborrea desatada. En esta misma semana, por ejemplo, hay dos o tres razones para desempolvar esas viejas escrituras de la casa, buscar incluso los planos originales y reconfirmar que las vigas y cimientos son los que eran. Todo sigue en pie. Conviene saberlo.

Ha dicho el PP, por ejemplo, que la nueva ley de vivienda ataca el derecho a la propiedad privada, un desbarre demagógico sideral, ya que no está en cuestión. La propiedad privada está ciertamente consagrada en la Constitución (artículo 33), como también lo está el derecho a una vivienda (47). Lean este párrafo nítido, admirable, al que deberíamos encadenarnos como a esa casona familiar si hiciera falta en caso de amenaza:

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“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Esa hermosa declaración de principios nos gusta y viene a decir así: existe el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda digna, pero no el derecho a la especulación, sino la necesidad de defendernos de ella mientras una buena franja de la población no logre su espacio de desarrollo vital.

Pero este no es el único asunto. Si avanzamos en el texto, encontraremos otra perla: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. ¿A que es precioso? Interesante recordarlo en estos días en que vemos que las multinacionales y los poderosos eluden todo lo que pueden mientras los trabajadores pasamos por la taquilla con la cabeza gacha.

Es grande la Constitución. Pero más grande aún es el abismo entre algunos capítulos de la realidad y su declaración de intenciones. Cuidado.

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Sobre la firma

Berna González Harbour

Escribe en Cultura, es columnista en Opinión y analista de ‘Hoy por Hoy’, además de responsable de la newsletter EL PAÍS de la mañana. Ha sido enviada en zonas en conflicto, corresponsal en Moscú y subdirectora al frente de varias secciones. Premio Dashiell Hammett por 'El sueño de la razón', su último libro es ‘Goya en el país de los garrotazos’.

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