Razones inoportunas

Tras escuchar a Pedro Sánchez en su discurso en la ONU, se hace algo más difícil comprender las dificultades de “oportunidad” que aduce el ministro de la Presidencia Félix Bolaños, a instancias del ministro del Interior Grande-Marlaska, para enfriar la reforma del reglamento de la ley de extranjería que afecta a menores y jóvenes que llegaron solos a España. Ahora aguarda en un cajón hasta nuevo aviso. Las razones para ese aplazamiento no son claras y, desde luego, su presunta inoportunidad es la menos clara de todas. El presidente Sánchez recordó en su discurso en la ONU que la desigualdad se ceba en los más vulnerables y entre ellos están los migrantes menores de edad. Su desamparo es de todos los colores: no solo humano y familiar sino social y laboral. La actual legislación sobre extranjería los condena a la marginalidad forzosa a partir de los 18 años porque quedan fuera de la protección del Estado y deben buscarse la vida (en un sentido muy literal) por su cuenta.

La propuesta de reforma del reglamento de la ley de extranjería que puso en marcha el ministro Escrivá agiliza los trámites para obtener permisos de residencia y de trabajo. Estaba lista desde mediados del verano, con la previsión de llegar al Consejo de Ministros en fechas inmediatas. La crisis de Ceuta y la gestión de los centenares de jóvenes marroquíes en curso parece estar en el origen de esta cautela actual: hoy las noticias rebajan la expectativa de esa reforma a otro más de los asuntos pendientes. Pero la vida de unos 16.000 menores de edad migrantes (8.000 que han alcanzado la mayoría de edad y otros tantos que siguen siendo menores) no es ni puede ser solo un asunto pendiente sino una urgencia que un Gobierno progresista debería acometer de forma inmediata. Retrasar las modificaciones a ese reglamento de la ley de extranjería obliga a esos jóvenes a callejear sin remedio y sin otra vía de auxilio que su propia capacidad de supervivencia en un medio hostil.

El marco del análisis excede las condiciones específicas de esta reforma. Si las razones humanitarias no bastasen, podrían aducirse también razones de carácter egoísta o directamente económico. Algunos sectores del mercado laboral han señalado reiteradamente la dificultad para encontrar mano de obra, en particular en ámbitos que han ido perdiendo atractivo para los españoles, menos dispuestos a aceptar los trabajos más duros. Múltiples estudios avanzan desde hace tiempo la necesidad perentoria de un país con muy baja natalidad de contar con mano de obra foránea. La hipocresía que hoy dificulta los procedimientos para obtener el permiso de residencia de los menores se convertirá después en precipitada improvisación delatora (porque harán falta). Es preferible promover los cambios que la reforma prevé en auxilio de los menores que no desean regresar a sus lugares de origen y encontrar vías más ágiles de arraigo legal. Solo alguna forma de estabilidad podrá liberarlos de seguir a la intemperie, sin ocupación, sin trabajo y sin posibilidades de vivir bajo techo. La alarma ante un presunto efecto llamada, de imposible cuantificación, debería palidecer a la vista de la efectividad inmediata de una reforma que dota a 16.000 jóvenes migrantes de rutas legales de inserción laboral y socialización cultural.