Becas sin trabas

Cuando todavía no habían cicatrizado las heridas sociales causadas por la crisis económica de 2008, la provocada por el coronavirus ha venido a agravar la situación de precariedad e incertidumbre en muchos hogares españoles. La sucesión de estas dos crisis en tan pocos años ha provocado un incremento de las desigualdades que compromete el futuro de muchos niños y jóvenes. La esperanza de que el elevador social siga funcionando como en décadas anteriores depende en gran parte de que el sistema educativo pueda salir al rescate de los que parten de peores posiciones y eso depende a su vez, entre otros factores, de que haya un sistema de becas suficientemente dotado y ágil en su tramitación. Y es en este último tramo donde el margen de mejora es alto.

El Ministerio de Educación ha hecho en los últimos años un potente esfuerzo para reforzar el sistema de ayudas, incrementando el presupuesto de becas y modificando los criterios de distribución. Frente al sistema anterior, que se regía por partidas muy limitadas y priorizaba un mayor reparto a costa de reducir la cuantía, ha sido un gran avance que la percepción de la ayuda sea un derecho objetivo exigible cuando se cumplen las condiciones, y no una suerte de lotería que depende de factores coyunturales. La voluntad política de mejora ha quedado también acreditada por el incremento de los presupuestos. La partida de becas subió el año pasado un 22,6%, hasta alcanzar los 1.900 millones de euros —la mayor subida de la última década y la segunda mayor del siglo—, lo que permitió aumentar la cuantía media de la ayuda en unos 100 euros y duplicar el número de alumnos con beca completa. Este curso la partida ha vuelto a crecer hasta los 2.028 millones de euros.

Pero ese esfuerzo viene lastrado por problemas de gestión que retrasan los pagos y han sido incapaces de rebajar la excesiva demora con la que se producen ahora. Los alumnos que han solicitado beca comienzan el curso sin saber siquiera si se las darán. Hasta diciembre no se les comunica si se las conceden y los primeros pagos se demoran hasta enero. Esta incertidumbre puede convertirse en un impedimento irreversible para los alumnos con menos recursos, que son precisamente los que debería priorizar un sistema de ayudas eficaz. La inseguridad y la dificultad para hacer frente a los primeros gastos, especialmente si deben cursar estudios lejos del domicilio familiar, pueden disuadir a muchos jóvenes de continuar su formación. O les obliga a sortear el problema solicitando adelantos bancarios, con el consiguiente coste en comisiones e intereses.

La gestión administrativa de las becas no debería ser una barrera añadida a las dificultades que ya tienen. La rigidez del sistema de gestión se ha convertido en un problema crónico que ningún Gobierno ha sabido resolver de forma convincente. Otros países han ensayado fórmulas que permiten recortar los plazos. En Francia, por ejemplo, no tienen en cuenta la declaración de la renta del último año para conceder la parte fija de la beca, como sucede en España, y toman como base los datos de renta de dos años antes. El riesgo de desajuste con la realidad queda compensado por la celeridad del acceso a la ayuda por parte de las familias. La burocracia administrativa deja de ser instrumento para ser obstáculo si limita o entorpece el objetivo último del sistema en su conjunto: fomentar la igualdad de oportunidades lo más cerca posible del punto de salida.