Golpe al sistema

La incesante subida de los precios de la electricidad ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza sistémica sobre la incipiente recuperación de la economía española. No se trata solo de la erosión de la competitividad de muchas empresas, que han seguido soportando parte de los costes eléctricos incluso cuando las restricciones obligaron al cierre de sus actividades, o de la pesada carga para los hogares, especialmente los más vulnerables, debido al mayor peso que la electricidad tiene en su cesta de la compra. El incremento de los precios energéticos, sobre todo el eléctrico, ha llevado la tasa de inflación al 3,3%, su mayor nivel en una década, y las previsiones apuntan que durante el otoño podría superar el 4%.

Las especiales circunstancias de la recuperación económica justifican la acertada calma que están demostrando las autoridades monetarias ante el repunte de la inflación. Pero cuanto más se prolongue la situación actual, mayor es el riesgo de que la subida de los precios se extienda a otros eslabones de la cadena productiva, una espiral que elevaría la presión sobre las autoridades, especialmente en EE UU, donde existen otros factores de estrés sobre la oferta, como la escasez de mano de obra o el encarecimiento de los componentes electrónicos.

Aunque la mayor parte de la subida de la electricidad se explica por el encarecimiento del gas natural y de los derechos de CO2, en España concurren elementos estructurales que amplifican estos efectos. Es responsabilidad de las autoridades corregirlos. No se trata de desmontar el mercado mayorista eléctrico, pero sí de evitar que sus oscilaciones se trasladen con tanta virulencia al precio minorista, algo que como ha señalado el Banco de España es singular del mercado eléctrico español. En esta línea, aunque sin concretar medidas, se manifestó ayer la vicepresidenta Teresa Ribera en sede parlamentaria.

Para lograrlo debería acelerarse, en primer lugar, la tramitación del anteproyecto de minoración de los derechos de CO2 —o en su defecto buscar su inmediata entrada en vigor—. La propuesta se dice inspirada en un mecanismo similar en vigor en España entre 2006 y 2009. No es casualidad que entonces se aprobara a través de un real decreto ley. Y en segundo, la misma lógica que lleva a la minoración del CO2 para las centrales hidráulicas y nucleares aconseja revisar su participación en el pool eléctrico, como de hecho ocurre en otros países. En este caso, sin embargo, sus muchas implicaciones para el funcionamiento del mercado aconsejan una tramitación pausada, que asegure su plena conformidad con el ordenamiento comunitario.

Otras propuestas, como la de una empresa pública eléctrica, tienen menos recorrido. No porque su creación nos acerque a un modelo confiscatorio venezolano, como ha manifestado en un exceso retórico, cada vez más habitual, el principal partido de la oposición. Empresas eléctricas de titularidad pública existen en muchos países europeos, aunque suelen estar vinculadas a la explotación de activos nucleares. En tanto no se revise la formación de los precios mayoristas es poco relevante que las empresas sean de titularidad pública o privada. Donde sí debería avanzar el Gobierno es en mejorar la transparencia y concurrencia competitiva sobre las concesiones de explotación de los recursos hidráulicos, al fin y al cabo un bien público con notables implicaciones medioambientales.