Proteger a ‘Maryam’: una responsabilidad global en Afganistán
Las mujeres están bajo ataque en Afganistán. Son “infieles” las que trabajan y, peor, si lo hacen en funciones públicas
Lo dijo el portavoz talibán Zabihullah Mujahid en su primera presentación pública al regresar a Afganistán: los talibanes prometen respetar los derechos de las mujeres, pero “dentro de la ley islámica”. Con eso, en realidad, no aclaró mucho. Dada la experiencia de la brutalmente discriminante interpretación que de esa ley islámica han hecho los talibanes esas palabras no tranquilizan.
Es conocido el brutal récord talibán en cuanto a derechos de las mujeres. Un grupo humano que está ahora en la línea de mira es el de las mujeres juezas. Son alrededor de 270 en el país; cerca del 10% del total de jueces en el país. Pero, siendo pocas, en medio de todo son una señal de progreso en comparación con la “era talibán” (1996-2001) en la que el gobierno les prohibía todo a las mujeres. Especialmente trabajar; ni soñar, por cierto, con una mujer jueza.
Dentro de ese incierto panorama las mujeres juezas están bajo ataque en Afganistán. Son “infieles” las mujeres que trabajan y, peor, si lo hacen en funciones públicas. Esa es la experiencia talibán y era esa la “legalidad” vigente en los años que controlaban el país. Dentro del alucinante diktat talibán que hoy se extiende en el país, usando un sospechoso lenguaje ambiguo e impreciso, hay razones para sostener que se está ante un proceso perfectamente previsible.
¿Qué significa lo dicho por el portavoz talibán Mujahid? Dada la particular y extremista interpretación que han hecho los talibanes de la ley islámica, todo apunta a que muy pocos derechos serán respetados. En varias provincias las mujeres ya han sido advertidas esta semana de que no pueden salir de sus casas sin un acompañante masculino. Talibanes armados impedían esta semana la entrada de mujeres en las puertas de la Universidad en Herat, en el oeste del país. Y así por varios rincones del país.
Este curso -previsible- parecería no haber sido imaginado por Washington si estamos a la catastrófica forma en que EE UU terminó su presencia en días pasados. Huyendo. Como si no hubieran estado 20 años ocupando el país, sin organizar un elemental sistema de seguridad, acogida y refugio para quienes serían muy probablemente masacradas y masacrados.
Desde antes los meses previos ya venían muy pesados para las mujeres juezas. El 17 de enero dos juezas del Tribunal Supremo de Justicia que se dirigían a su sede en vehículo oficial fueron asesinadas. Se sumaban esas muertes a una ola de asesinatos que se producía con coches bomba dirigidos muchos de ellos a personal judicial.
Zakia Herawi fue una de las dos magistradas asesinadas en enero. Su hermana y varios testigos tienen pocas dudas de que quienes estaban detrás del asesinato eran los talibanes, algo que estos negaron. Pocos creían —y creen— en esa versión auto exculpatoria. La jueza Hafizullah fue asesinada semanas después, en febrero, en la ciudad de Jalalabad, al este de Kabul. Dentro de ese contexto no es en absoluto exagerado asumir que las 270 juezas afganas están hoy en virtual desamparo, con su vida e integridad física —y la de sus familias— en riesgo.
Relataba estos días la periodista canadiense Jaela Bernstien el caso de la jueza “Maryam” (nombre cambiado). Precisaba que, si el primer objetivo talibán son los miembros del ejército, el segundo son los jueces, incluyendo al personal judicial. Mientras, “Maryam” está escondida y destruyendo —o escondiendo— cualquier evidencia de su exitosa carrera de más de una década como jueza. De ser “descubierta” su trayectoria la llevaría probablemente a ser ejecutada sin juicio ni derecho a la defensa; si tuviese muchísima suerte acaso enviada a una cárcel.
Igual debe ser el panorama para las demás juezas afganas en estos días de angustia, incertidumbre y miedo. Lamentablemente, a casi una semana de la captura de Kabul es poco lo que se está haciendo para facilitarles la salida a quienes quieren escapar del peligro de ser arrasadas por la aplanadora talibana que ya se ha hecho cargo del país.
Es cada día más extendida la súplica pública para que los países que cuentan con capacidad logística —EE UU, UE, Reino Unido, Canadá— y han tenido presencia prolongada en Afganistán actúen urgentemente con operaciones logísticas ambiciosas y garantizándoles luego, a estas personas, refugio y protección. Esto, incluyendo no solo a las 270 mujeres juezas sino, en general, a las líderes sociales, defensoras de derechos humanos, periodistas, minorías religiosa o integrantes de la comunidad LGBTQ.
El mundo estará observando cómo evolucionan las cosas en Afganistán y también cuál es el papel de quienes hoy tienen no solo la información de lo que está ocurriendo, sino los recursos para actuar.
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