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Constitucionalidad

Ante el grave problema catalán, no se “dialogará” en sede parlamentaria, sino en una comisión bilateral, casi entre soberanías

Sánchez y Aragonés reactivaron el diálogo sobre Cataluña una semana después de los indultos.
Sánchez y Aragonés reactivaron el diálogo sobre Cataluña una semana después de los indultos.EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL / Europa Press

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Hace una semana falleció Otelo Saraiva de Carvalho, artífice de la Revolución de los Claveles. Fue un momento excepcional de movilización popular en que Portugal se convirtió en la terra da fraternidade donde había em cada rosto igualdade, prometida en Grandola vila morena, el himno insurreccional. Duró poco, se sucedieron los vaivenes político-militares, y el país estuvo a punto de perderlo todo. Ello sirvió de lección para el inminente cambio político español: a la democracia había que ir por la democracia.

Casi medio siglo después, las cosas han cambiado, y mientras el régimen constitucional es estable en Lisboa, la Constitución de 1978 es aquí zarandeada. Hasta el punto de que la ataca parte del Gobierno y su propio presidente ha iniciado una singladura en que la implementación de su política no es anticonstitucional, pero se sitúa al margen de los órganos y la letra de la Constitución. Diríamos que es a-constitucional y que se orienta siempre a acrecer su margen de decisión.

Ante el grave problema catalán, no se “dialogará” en sede parlamentaria, sino en una comisión bilateral, casi entre soberanías. Los decretos ley permiten saltar sobre el debate en el Congreso. El Senado no funciona como cámara territorial y Sánchez pone en marcha una Conferencia de Presidentes, que maneja a su antojo, subvencionando a uno por acudir y pasando a resolver el tema económico con la comunidad ausente —que visita Waterloo y no Salamanca—, con la consiguiente sospecha (confirmada) de trato privilegiado. Por fin, en cuanto a esa interminable pandemia que oscurece “los avances” de su política, es omitida la impotencia para frenar la quinta ola, desde la inventada “cogobernanza”. Para esquivar responsabilidades, el Gobierno no proporcionó una normativa que le vinculara con el protagonismo adjudicado a las comunidades, sin el necesario respaldo legal.

Todo se resuelve con el buen éxito de la vacunación, dejando aparte la explosión del virus; con anunciar un reparto de fondos “multinivel”, sin visión de conjunto previa, y con cargar las culpas de todo sobre una derecha que protesta carente de ideas. Y nada augura que el reparto del maná europeo lleve a Sánchez a encajar relaciones interterritoriales y Constitución (art.138). Cabe temer que intente someterlas a unos criterios de preferencia derivados de su apoyo o no al Gobierno, más un fuerte plus para Cataluña, que le permitan proclamar el éxito en su gestión. Madrid será declarada culpable, olvidando la gran desigualdad que provoca el falso cálculo del cupo vasco.

El tema generará conflictos, la negociación con el muro catalán no ofrece salidas constitucionales y por muchas que sean las cortinas de humo utilizadas por Sánchez y su coro de fieles, fue nulo ante la quinta ola. La “aconstitucionalidad” sobrevivirá hasta 2023. El PP ayuda.

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