Contar la verdad

Hace un año, los colombianos asistíamos —con fascinación y también con disgusto— a varios intentos por maquillar el pasado de nuestra guerra. Mientras la nueva encarnación de las FARC negaba una de sus prácticas más obscenas, el reclutamiento de menores, la derecha política más poderosa les quitaba importancia a los crímenes del ejército, los llamados falsos positivos, responsabilizando a algunas manzanas podridas de lo que se revelaría poco después como una práctica sistemática y nos arrojaría a la cara la cifra atroz de 6.402 víctimas. No había en aquello nada nuevo, por supuesto. En octubre de 2008, enfrentándose a las revelaciones todavía frescas de aquellos asesinatos, el Gobierno del presidente Uribe se quitó de encima a los jóvenes muertos con una insinuación infame: “No estarían recogiendo café”.

¿Por qué importa esto? La persistencia de las mentiras y la proliferación de las preguntas sin respuesta forman parte del legado de la guerra tanto como los mismos crímenes, y muchas veces representan una herida psicológica capaz de causar sufrimientos sin cuento. Cualquiera que haya entrado en contacto con los testimonios de las víctimas conoce el efecto reparador que tiene el hecho simple de contar las heridas, ver su relato recogido por una institución legítima y sentir que, gracias al relato recogido, su dolor recibe el reconocimiento de la comunidad. Las sociedades en posconflicto tienen que enfrentarse siempre a varias contradicciones, pero una de las más difíciles es sin duda esta: recordar el pasado, y hacerlo con precisión y sin censura, es la única forma eficaz de comenzar el olvido. Es una de las paradojas de la violencia: para olvidar el daño, nuestra primera tarea es recordarlo correctamente.

Pero esto es aún más difícil de lo que parece. Las evasiones y la negación, la ofuscación o el franco ocultamiento, y sobre todo el olvido deliberado —es decir, todos los mecanismos con los cuales una sociedad, por boca de quien sea, desconoce el sufrimiento de un ser humano—, le roban a quien lo ha padecido una parte importante de lo que necesita para comenzar una sanación posible. Y, puesto que un conflicto civil es también el enfrentamiento de varias maneras de contar el mundo, establecer una verdad en la que todos puedan reconocerse se convierte en un requisito indispensable de cualquier promesa de avenencia, por imperfecta que sea. Es aquí donde cobran importancia las comisiones investigativas que han surgido con frecuencia después de conflictos como el colombiano, tan antiguos y degradados que toda violencia parece ser la respuesta a una violencia previa.

Nuestros acuerdos de paz, por supuesto, han producido una de esas instituciones: la Comisión de la Verdad. La encabeza el padre Francisco de Roux: un filósofo y sacerdote jesuita que, como tantas de las personas más valiosas de mi país, recibe con frecuencia las calumnias y los ataques de los miembros más radicales del partido de gobierno. La Comisión tiene desde 2016 la misión ardua de averiguar, hasta donde lo permite nuestra capacidad limitada de escudriñar en el pasado, la verdad sobre la guerra, y pronto tendrá la tarea ingrata de contarnos a los colombianos los resultados de sus averiguaciones. Digo que su tarea es ingrata porque el relato que produzcan, previsiblemente, no dejará contento a nadie. Pero justamente por eso sabremos que han hecho bien su trabajo. Igual que ningún acuerdo de paz, ningún relato de la guerra satisface a todos; si lo hiciera, sería un mal relato de la guerra, un mal acuerdo de paz. Según una encuesta de 1998 en Sudáfrica, dos terceras partes de los sudafricanos creían que la Comisión para la Verdad y la Reconciliación había empeorado las relaciones raciales. Tampoco creo posible que la comisión colombiana, actuando en medio de la polarización y la discordia, enfrentada a poderosas campañas de desprestigio que no distan mucho del asesinato moral, provoque nada parecido a la unanimidad. En la vida política colombiana es más cierto que nunca el viejo mantra del pesimismo: ninguna buena acción queda impune.

Hace unas semanas hablé con Lucía González, una de las integrantes de la Comisión de la Verdad. Quería saber qué había descubierto ella en estos cuatro años de investigaciones en el relato colectivo de un país tan roto como el nuestro. Lo primero que hizo Lucía fue hablarme de nuestra difícil relación con la memoria. “Es una tarea muy importante”, me dijo. “Y no me refiero a los esfuerzos de memoria que hacen las instituciones públicas, los organismos que hemos creado para eso; me refiero a lo que ha pasado en los barrios y en las comunidades. Ahora, cinco años después de la firma de los acuerdos, es muy raro encontrar una comunidad que no haya hecho un ejercicio de memoria. El problema es que más arriba, entre quienes toman las decisiones, no hay nada parecido. No hay intentos por reconocer la historia entre quienes nos gobiernan. La dificultad de diálogo que tenemos ahora viene también de eso: es muy difícil dialogar con quien no conoce la historia”.

Mientras tanto, la Comisión se ha convertido en un espacio donde otros diálogos son posibles, donde salen a la luz revelaciones importantes y donde verdades incómodas pasan a formar parte de nuestro conocimiento colectivo. Solo los más cínicos —aunque cierto cinismo, viejo mecanismo de defensa contra dolores extremos, siempre me ha parecido comprensible— niegan hoy el valor que tiene para una sociedad desgarrada ver a los victimarios pedir perdón, y a las víctimas, concederlo o negarlo o incluso refugiarse en un silencio soberano. Los líderes de la antigua guerrilla, que durante años justificaron el injustificable crimen del secuestro, han pasado por la Comisión para reconocer el horror y pedir perdón; los paramilitares han pasado por la Comisión para reconocer su responsabilidad en asesinatos oscuros y enfrentar a los familiares de las víctimas. “Todo eso va sumando”, me dijo Lucía González.

Creo que tiene razón. En ausencia de las reparaciones más satisfactorias que habrán de venir después, lo mínimo que tienen derecho a esperar las víctimas de la violencia es la vergüenza de los perpetradores; y eso solo comienza a ser posible cuando los crímenes quedan a la vista de todos, cuando se hacen públicos y entran a ser parte del relato que todos aceptamos. De eso se trata, finalmente. En un viejo ensayo sobre justicia transicional, Wole Soyinka decía, hablando (nuevamente) del conflicto sudafricano, que las fórmulas adoptadas para lograr la pacificación de un territorio no pueden nunca destruir ese pilar de la vida social que es la responsabilidad; decía también que la mitigación de la venganza tiene una sola razón de ser: animar a los actores a que digan la verdad. ¿Será esto posible en el caso colombiano? No lo sé. Pero esto creo saberlo: todos los que intentan que así sea merecen nuestro apoyo.

Juan Gabriel Vásquez es escritor. Su última novela se titula Volver la vista atrás (Alfaguara).