Una consulta de sí, pero no

En un documental que se estrenó hace poco en Netflix, que recuerda la salvaje impunidad tras el asesinato en 1984 del periodista Manuel Buendía, se ve al carcajeante cacique priísta Rubén Figueroa explicar la manera en que él terminó con la guerrilla en Guerrero, su Estado. Algunos de los insurgentes eran aventados al mar, otros simplemente “desaparecían”. Sobre eso, y sobre sucesivas masacres en donde durante medio siglo intervinieron agentes del Estado, no ha habido en México procesos de verdad y justicia. Y nada garantiza que la consulta organizada por el actual Gobierno se encamine a ello.

Este domingo los mexicanos inauguran una manera novedosa de ir a las urnas. El país que por décadas tuvo elecciones simuladas, donde todo era incierto menos que ganaría el candidato del PRI, este domingo votará en una consulta el gran desacuerdo nacional.

Andrés Manuel López Obrador ha impulsado un referéndum sobre si se debe o no enjuiciar a quienes le precedieron de 1988 a 2018, pero ni la pregunta de la consulta dice eso, ni hay certidumbre de que el presidente esté comprometido con detonar un real, y urgente, proceso de memoria y reparación. Porque más que el “cantinflismo” (The Economist dixit) de la pregunta que aparecerá en las boletas, el verdadero galimatías es que la consulta se ha ejecutado con un guion perfecto de la muy mexicana costumbre de sí, pero no.

La consulta es legal, pero el nivel de participación ciudadana necesario para que se traduzca en algo viable es más alto que la histórica votación que AMLO obtuvo en 2018. El tema nació de una urgente necesidad de justicia pero se ha promovido desde el oficialismo como un barato ejercicio de revancha. Ha habido mucho ruido mas insuficiente debate. La oposición desprecia la votación tanto como en su momento desperdició la oportunidad de encabezar esa agenda: sin darse cuenta de su gran deuda con los colectivos de víctimas. Y el oficialismo –el presidente en primer lugar– reclamará el triunfo de su iniciativa así obtenga una décima parte de los votos requeridos para detonar una comisión de la verdad.

Y a pesar de todas las imperfecciones que ha tenido el proceso, que incluyen la tibieza de un poder judicial que no se atrevió a contradecir al presidente y de ahí la redacción churrigueresca de la pregunta, organizaciones de derechos humanos promueven la participación ciudadana en la consulta. Porque la demanda de justicia es tan añeja como necesaria, y porque a pesar de los errores o la mala fe del Gobierno en México nunca se sabe si el aleteo de unos cuantos votos desencadenará el inicio de un cambio sustancial, así tome décadas en llegar.

La marca de la casa

Suele decirse que es difícil no estar de acuerdo con el ojo clínico de López Obrador para diagnosticar problemas en México. Lo que resultan altamente controvertidas, en cambio, son las soluciones que este presidente plantea. Apenas esta semana, y solo a manera de ejemplo, ha iniciado el camino para fijar precios máximos al gas LP. Que hay grotescos abusos en lo que los comercializadores cobran a los hogares es evidente, pero decretar desde el Gobierno topes a esas tarifas podría desatar desde escasez hasta mercado negro. Algo parecido sucedió con la consulta sobre el pasado.

La primera alternancia democrática de México, ocurrida en 2000, le falló a los mexicanos en diferentes formas; una de las más perniciosas fue en su negativa a revisar a los gobiernos autoritarios. El panista Vicente Fox y su Secretaría de Gobernación se acobardaron frente al PRI. Voces que al interior de esa administración promovieron la procuración de una legítima comisión de la verdad –Aguilar Zinser, Castañeda— terminaron fuera del llamado Gobierno del cambio. Ahí nació formalmente el PRIAN, ese vernáculo gatopardismo de que todo se movería para quedar igual: hubo un remedo de memoria y justicia que terminó ahogado en los pasillos de los tribunales.

La segunda alternancia llegó por la izquierda en 2018. López Obrador prometió un cambio verdadero y la idea de hacer consultas populares se ha materializado. Hubo en ese mismo año una –otra vez de “sí, pero no” pues careció de carácter legal mas tuvo consecuencias reales– para cancelar el ambicioso aeropuerto iniciado en el Gobierno de Peña Nieto. Y ahora habrá una sobre el pasado, o sobre los supuestos crímenes de expresidentes, o sobre la idea de que solo Andrés Manuel es democrático, según se quiera ver.

La pregunta de este domingo merece ser citada. Los ciudadanos que acudan a las urnas podrán contestar sí o no a este cuestionamiento: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Esa es la redacción resultante luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación adaptó –en una atribución de amanuense que resultó polémica– la pregunta original de López Obrador: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y, en su caso, sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

Al final, la Corte ha quedado mal con Dios y con el diablo, porque la pregunta pareciera incurrir en la aberración de poner a consulta la aplicación de la ley, y porque los ministros no asentaron oficialmente que esa redacción la pretendían como escalón inicial para desatar un proceso de verdad y justicia. Pero eso les pasó por jugar a adivinar lo que cualquiera se pregunta: ¿en verdad López Obrador quiere ser el presidente donde se comience a revisar el pasado priísta?

Las dudas no tienen que ver con que él haya militado hasta casi el final de la década de los ochenta en ese partido, sino con temas concretos: si va a ser sobre expresidentes vivos, por qué se niega a incluir en su listado a Luis Echeverría, presidente (1970-1976) identificado con negros episodios de represión antes y durante su gestión; o una duda con repercusiones actuales: AMLO, que ha afincado buena parte de su gobernabilidad en el Ejército, ese mismo que en el pasado cometió los peores abusos, ¿obligará a las fuerzas armadas a abrir sus páginas más sórdidas?

Así que esta consulta nació sobre una idea correcta, saldar urgentes cuentas con el pasado, pero con un método cuestionable por su discrecionalidad –excluir a Echeverría no es cosa menor pues López Obrador es comparado a menudo con ese cuasi centenario populista— y sin garantía de que el ejercicio no se convertirá solo en un instrumento propagandístico para galvanizar la maniquea noción lopezobradorista de que salvo el cardenismo (1934-1940), él encabeza la única presidencia democrática en un siglo.

Vuelta a la casilla inicial: México debe memoria, verdad y justicia a víctimas de las represiones del pasado, pero a saber si esta consulta se encaminará a algo parecido a eso.

Los perdedores

La activista Enoé Uranga expuso esta semana cómo ella y su familia, que padecieron la represión en los años setenta, han sido revictimizados por una consulta que se supone que debería ayudarles a encontrar justicia. ”Mis hermanos y yo fuimos perseguidos, torturados, detenidos extrajudicialmente —sí, a mis ocho años estuve en detención extrajudicial; mis hermanos también estuvieron ahí a sus siete y seis años—, y sufrimos ‘tortura suave’, psicológica, amedrentamiento, interrogatorios y maltratos por varios días”, escribió el 27 de julio en un texto titulado La justicia que nunca tendré o que la niña que fui no tendrá.

”Cuando mi madre salió de prisión la Brigada Blanca nos obligó a vivir por un tiempo ‘a salto de mata’; hasta 1982 cambiamos 16 veces de vivienda, recorrimos la mayoría de los estados de la república huyendo, y los atentados que sufrimos —esa madre y esos menores de edad— nos obligaron a escondernos, gracias a la solidaridad de grandes políticos de izquierda de aquella época; puedo decir que varias de las personas que nos apoyaron terminaron siendo —de alguna forma— víctimas de la guerra sucia, por hostigamiento, por agresiones directas, por interrogatorios, por acoso y hasta allanamientos ilegales”, sigue Uranga, conocida hoy por su aportación para lograr igualdad de derechos para los matrimonios del mismo sexo.

Uranga subraya en su texto que López Obrador no está interesado en conocer los abusos de Echeverría, de los militares o por los policías de la Dirección Federal de Seguridad, la misma que estuvo involucrada en el asesinato de Buendía. Testimonios de barbaries como la que victimizó a Uranga –incluidas las de tiempos menos lejanos como la matanza de Acteal, la de Aguas Blancas, y por supuesto las relativas a la “guerra contra el narco”: San Fernando, Allende, Apatzingán, Tlatlaya, por mencionar apenas unas cuantas-–, caen en el vacío que paradójicamente crean a dos manos el oficialismo y la oposición.

Porque la consulta del lopezobradorismo quiere ser en realidad una que juzgue al pasado “conservador” o “neoliberal”, por eso su empeño en publicitarla con los nombres de los presidentes que AMLO ha instaurado como sus molinos de viento. En esa narración lopezobradorista las víctimas de las fuerzas armadas y policiales en demasiados eventos pasan a un muy segundo plano. Y, por otro lado, los partidos que llevaron al poder a gobiernos del pasado han dejado al actual presidente todo el campo para que les machaque mediáticamente, en un cálculo ratonero de que desde el silencio pierden menos al sacrificar a sus presidentes que al reclamar que el maniqueísmo no hace justicia a nadie. Al final de cuentas, para priístas y panistas las víctimas de represión o brutalidad son irrelevantes. Así, lo del domingo 1 de agosto es el nuevo happening del morenismo.

Su más reciente caballo de batalla mediática que hará un ruido de improbable trascendencia. Porque el Gobierno lo que busca es solidificar la historia oficial de que esta Administración sí se atrevió a mirar el pasado al tiempo que premia, como nunca, con dinero y proyectos a la milicia; porque quiere el mandato de justicia sin el compromiso de diálogo con todas las partes para encontrar, antes que nada, verdad. Porque los mexicanos inaugurarán una manera novedosa de ir a las urnas: el país que por décadas tuvo elecciones simuladas, donde todo era incierto menos que ganaría el candidato del PRI, este ahora votará en una consulta donde lo único cierto es que ganará el presidente.

Porque López Obrador prefiere alimentar la sectarista propaganda para sí mismo a un gran acuerdo nacional que, dolorosa pero necesariamente, eventualmente reconcilie a los mexicanos al revisar y reconocer un pasado de impunes crímenes, al asentar la verdad posible y pergeñar una justicia que miles de familias en medio siglo no han comenzado ni a tener. Al final, con esta consulta dizque popular los mexicanos se asemejan a los ciegos de la fábula de origen hindú, esos que ante la llegada a la aldea por primera vez de un elefante acuden a palparlo para saber cómo es. Uno dice –ya se sabe— que es como una serpiente, pues tocó la trompa. Otro que palpa la oreja, que como un abanico. Otro, al no poder abarcar la barriga convexa, afirma que es como una abombada pared. Y uno más, con la cola en la mano, asegura que no, que es como una cuerda peluda. Así los ciudadanos de la nación mexicana. Los que acudan a votar y los que decidan no hacerlo esgrimirán pedazos de realidad, pero pocos hablarán de la falta de justicia verdadera para demasiadas víctimas de la represión y de la violencia, el gran elefante en la sala de la democracia de este país.