El regulador energético mexicano aprueba la imposición de precios máximos para la venta de gas LP

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México ha aprobado este jueves una metodología para establecer precios máximos a la venta de gas LP, una prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto plantea imponer topes semanales de acuerdo a los costos asociados a cada región. El regulador responde así a la solicitud del Gobierno federal de actuar ante el marcado incremento en los últimos meses de los precios de este derivado del petróleo, utilizado por la gran mayoría de hogares mexicanos. La medida, sin embargo, choca con la ley vigente y amenaza con provocar recursos legales ante los tribunales.

La propuesta de la CRE, que ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, plantea la fijación de precios máximos cada sábado. Estos se determinarán en función de los costos de importación, comercialización y transporte del combustible en cada región, así como el margen de ganancia. Además, el proyecto prevé severas sanciones, como la retirada del permiso, para las empresas que se salten los topes. “Resulta necesaria la intervención de esta Comisión para regular y promover el desarrollo eficiente de las actividades relacionadas con la distribución y expendio al público de gas LP, frenando el desmedido aumento de los precios (...) y garantizando la protección de los intereses de los usuarios”, reza el proyecto.

La Secretaría de Energía emitió el miércoles una “directriz de emergencia” que daba un plazo de tres días a la CRE para diseñar una metodología de tarifas máximas. Aunque el regulador es un organismo con autonomía técnica, sus decisiones recientes se han alineado con la política nacionalista del Gobierno federal, muy crítico con la reforma energética de 2013 a partir de la cual se liberalizaron los precios del gas licuado de petróleo. Hasta entonces, la CRE era quien los fijaba. El precio del gas LP, combustible que utiliza casi el 80% de los hogares mexicanos, registró en la primera quincena de julio un incremento del 34% respecto al mismo periodo del año pasado.

La medida amenaza con provocar roces con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). El organismo autónomo advirtió el miércoles que hay una investigación en curso sobre prácticas monopólicas en el sector y que el Gobierno y la CRE deben de esperar a que esta concluya para poder actuar. La Ley de Hidrocarburos, señaló el organismo en un comunicado, establece que para imponer precios máximos se requiere de una “declaratoria de ausencia de condiciones de competencia” de la Cofece. “Todas las autoridades involucradas deben garantizar el debido proceso (...) y así evitar impugnaciones que retrasen el objetivo de que los consumidores accedan a gas LP más barato”, señaló la institución.

Además de la imposición de topes, el Gobierno anunció a principios de julio la creación de una empresa pública dedicada a la distribución del combustible. Gas Bienestar, el nombre con que la ha bautizado el presidente, dependerá de Pemex y echará a andar en los próximos meses en Ciudad de México, donde más han subido los precios, para luego expandirse al resto del país. López Obrador presentó la nueva empresa como una herramienta para acabar con la concentración del negocio en un puñado de distribuidores y detener el alza de precios. Los expertos dudan, no obstante, que esto sea suficiente debido al peso de los mercados internacionales y a la baja producción doméstica.

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