El Gobierno mexicano creará una empresa para competir en el negocio de la distribución de gas

El Gobierno mexicano quiere participar en la distribución de gas a los pequeños consumidores, hasta ahora un lucrativo negocio dominado por el sector privado. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado este miércoles la creación de una nueva empresa llamada Gas Bienestar, dependiente de Pemex. El mandatario, que busca fortalecer a las compañías paraestatales frente a la iniciativa privada, ha presentado la decisión como un instrumento para acabar con la falta de competencia en el mercado y detener así el aumento de los precios del combustible, un objetivo que los expertos ven difícil de cumplir.

El incremento del gas licuado por encima de la inflación ha frustrado la promesa del Gobierno de mantener estables las tarifas. El presidente ha culpado de esta situación a la alta concentración del mercado en un puñado de actores. “Hay cinco empresas grandes que distribuyen casi el 50% del gas LP y se están quedando con márgenes de utilidad muy amplios. Pemex les vende a un precio y ellos venden al consumidor a un precio muy elevado”, ha declarado. Pese a las críticas, el presidente ha asegurado que respetará los permisos que tienen los distribuidores privados.

Mientras el Gobierno baraja el establecimiento de precios máximos, la nueva filial de la petrolera estatal va a empezar a vender cilindros de gas en colonias populares y cobrará “un margen pequeño para los costos de operación”. Pemex comprará vehículos de reparto e instalará equipos en sus estaciones de servicio para atender la demanda. Aunque el presidente no ha detallado el calendario, está previsto que Gas Bienestar arranque en Ciudad de México, donde se reportan las tarifas más altas, antes de expandirse al resto del país.

Es improbable que esta decisión contenga los precios, auguran los expertos, ya que estos también dependen de movimientos en el mercado internacional, como el aumento de la demanda en Asia por la recuperación pospandémica. De hecho, de acuerdo a un análisis de Banco Base, el aumento internacional del gas LP, un 46% hasta finales de junio, está por encima de la subida a escala nacional, un 18% hasta la primera quincena de junio. “La discrepancia radica en que varios comercializadores han absorbido parte de los incrementos en los precios internacionales”, señala el banco.

Más allá de las dinámicas externas, el consultor Paul Alejandro Sánchez ve con escepticismo la meta planteada por el mandatario por los costos que implicará la operación. “El mercado del gas LP es muy disperso. Aunque quisiera tener un impacto real en los precios, la nueva empresa realmente se va a convertir solamente en un proveedor más. Si lo que quiere el presidente es disminuir el precio basado en los márgenes de los otros competidores, se puede hacer que el margen sea cero. ¿Pero qué implica? Gasto operativo, administrativo”, señala el experto. “Llegar a todos los municipios del país con gas no es fácil. El Gobierno no tiene una red de distribución como tal”.

Paradójicamente, el Ejecutivo ha encontrado en este asunto un aliado inesperado en un organismo autónomo que López Obrador a menudo critica -este mismo miércoles lo ha tildado de “cero a la izquierda”-. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) abrió a finales de mayo una investigación por posibles “prácticas monopólicas”, como la manipulación de precios o una repartición ilegal del mercado de la distribución de gas entre las empresas señaladas. La Cofece declaró que la imposición de sanciones podría no bastar y apuntó a una posible intervención de las autoridades para “la regulación de contraprestaciones o tarifas”, una opción con la que ya está amagando el presidente.

El mercado de distribución de gas es un negocio jugoso. México es uno de los seis países de mayor consumo de gas LP en el mundo de acuerdo con Amexgas, la asociación del sector. Alrededor del 80% de los hogares utiliza este combustible. La industria que se ha creado al abrigo de esta demanda cuenta con 33 plantas de almacenamiento, 1.200 centros de distribución, 4.700 estaciones de servicio, y 35.000 camiones de reparto que hacen más de 1 millón de suministros diarios.

Con datos tan halagüeños, el crimen organizado no se ha querido quedar fuera del mercado y en la actualidad controla una porción importante del mismo. En 2020, el gas LP robado sumó algo más de 30.000 millones de pesos, unos 1.500 millones de dólares, lo que supone un aumento del 127% respecto al año anterior, según Amexgas. En 2020, los delincuentes sustrajeron un promedio mensual de 102.000 toneladas del combustible de los ductos de Pemex.

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