Pemex

El Congreso aprueba la suspensión de permisos en hidrocarburos si peligra “la seguridad nacional”

La oposición alerta de que la reforma busca limitar la competencia económica de empresas privadas en México para favorecer a Pemex

Una gasolinera de Pemex, en San Luis Potosí, en enero.
Una gasolinera de Pemex, en San Luis Potosí, en enero.Mauricio Palos / Bloomberg

El Senado mexicano ha aprobado este jueves una reforma al sector de los hidrocarburos que permite la suspensión de permisos ya concedidos si afectan a la “seguridad nacional” y endurece los castigos a la participación en actividades ilícitas. Morena ha presentado la propuesta como una herramienta más para luchar contra el robo de combustibles y proteger la “soberanía energética”, uno de los mantras favoritos del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la oposición ha alertado que detrás de estos argumentos se esconde otro intento de limitar la participación privada en el sector para favorecer a la petrolera estatal Pemex.

El texto ha sido aprobado por 65 votos a favor, frente a 47 en contra y 6 abstenciones, y modifica varios artículos de la Ley de Hidrocarburos. Parte de la iniciativa preferente enviada por el presidente a mediados de marzo, ya aprobada en la Cámara de Diputados, y faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para suspender “de forma temporal” los permisos a empresas cuando se estime un “peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética, y la economía nacional”. Las autoridades se harán cargo de las operaciones intervenidas mientras dure la suspensión.

Esta cláusula ha protagonizado un debate muy dividido. Ricardo Monreal, de Morena, ha sostenido que la reforma “otorga seguridad jurídica” a las empresas porque estas podrán solicitar la recuperación del permiso si demuestran que las causas para la intervención han desaparecido. La oposición, en cambio, ha criticado la vaguedad de los términos utilizados para justificar la suspensión y el impacto negativo sobre la seguridad jurídica. “Da lugar a la discrecionalidad de las instituciones”, ha declarado la senadora Xóchitl Gálvez, de Acción Nacional.

Otro de los cambios aprobados, el menos polémico, va dirigido a combatir el negocio ilegal de combustibles, que ha provocado pérdidas por un valor de 147.000 millones de pesos entre 2016 y 2018, según el Gobierno. La reforma endurece las sanciones y contempla revocar los permisos a las empresas que reincidan en prácticas ilícitas, como el contrabando de combustible o la venta de gasolinas en un volumen o de una calidad menores a los esperados por el consumidor.

La reforma también modifica el procedimiento de concesión de permisos. Si las autoridades no resuelven en los pazos que marca la Ley se dará por entendido que las solicitudes de las empresas han sido rechazadas, lo contrario de lo que sucedía hasta ahora. Además, se eleva a rango de ley la necesidad de disponer de una infraestructura que asegure una capacidad mínima de almacenamiento para, reza la exposición de motivos, evitar crisis de combustible.

Monreal ha declarado que estos cambios “fortalecerán las funciones del Estado” y los ha enmarcado en la intención de Morena de revertir algunos aspectos de la reforma energética, emprendida durante el sexenio anterior y que abrió el sector de los hidrocarburos a la participación privada. La oposición considera que reforzar el “monopolio” de la petrolera estatal, Pemex, a expensas del sector privado, es contrario al principio constitucional de la competencia económica. “Hay una confusión entre garantizar la seguridad energética y obstaculizar la competitividad del sector, creando barreras de mercado para los particulares”, ha señalado Claudia Ruiz Massieu, del PRI.

La votación de este jueves no cierra el debate. Aunque la mayoría oficialista ha defendido la constitucionalidad de la medida, varios senadores de la oposición han advertido de que la reforma terminará siendo suspendida en los tribunales y que llegará a la Suprema Corte, como ya ha sucedido con la reforma eléctrica aprobada el mes pasado. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), facultada para presentar controversias constitucionales ante el máximo tribunal, recomendó el 8 de abril no aprobar la iniciativa porque “afectaría negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia”.

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