López Obrador presenta una reforma petrolera para fortalecer a Pemex y facilitar la suspensión de permisos

Andrés Manuel López Obrador ha enviado este viernes a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma del sector petrolero que tiene el propósito central de fortalecer a la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), agilizar la suspensión de permisos y que establece un control más estricto del mercado. La revisión de La Ley de Hidrocarburos replica, según el primer borrador de la iniciativa, la filosofía de la reforma del sistema eléctrico, hoy paralizada por la justicia. Esta mañana el presidente había adelantado en su conferencia de prensa diaria que no pensaba dar ni un paso atrás en su determinación de enterrar la herencia de su antecesor, Enrique Peña Nieto. El objetivo es “que las empresas productivas del Estado jueguen un papel más activo” frente a la iniciativa privada. Petróleos Mexicanos acumula una deuda vertiginosa de más de 110.000 millones de dólares.

La premisa general es la misma que sostiene la polémica ley eléctrica, que ya se ha convertido en un desincentivo para la inversión y que de entrar en vigor tendrá un durísimo impacto económico y ambiental, según los expertos. Esa premisa es la lucha contra la corrupción de la que López Obrador hace bandera y que, en su opinión, coincide con lo que llama “período neoliberal” y las políticas de liberalización del mercado. Es decir, todo parte de su un puesto ideológico. “Es imperativo el fortalecimiento de las empresas productivas del Estado mexicano como garantes de la seguridad, así como la soberanía energética y la palanca de desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado”, se lee en la exposición de motivos de la reforma, que deberá pasar por el trámite del Congreso, donde la correlación de fuerzas garantiza, al menos hasta las elecciones del 6 de junio, su aprobación.

“No existe duda acerca del rol preponderante que debería mantener Petróleos Mexicanos, no obstante elementos como la corrupción por las anteriores Administraciones federales han hecho que esta transición repercuta en la eficiencia energética del país”, defiende el texto, que incide en la necesidad de romper con el pasado reciente -como en cada decisión del mandatario- y unos años a los que atribuye la “más inmunda corrupción pública y privada”. Estas premisas y una especie de cláusula sobre “el peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional” dejan vía libre a la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía para revocar concesiones.

Para el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) “de aprobarse, esta iniciativa tendría implicaciones negativas para la competitividad”. “El hecho de que facilite la suspensión de permisos impacta directamente a las empresas que operan en estos segmentos al elevar los costos de cumplimiento con la nueva normatividad en materia de almacenamiento y al generar un ambiente de incertidumbre jurídica ante las autoridades reguladoras”, ha comentado el instituto en sus redes sociales. Además, añade, “esta iniciativa se presenta en un momento en que los inversionistas nacionales y extranjeros cuestionan las decisiones de política energética de la actual administración en el marco de la recién aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica”.

El documento hace referencia al “robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación” y establece cinco ámbitos de reforma que, en la práctica, aumentan el control de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía en el sector de los hidrocarburos. Los cambios afectan a la capacidad de almacenamiento mínimo determinada por las autoridades. Se proponen modificar el sentido del silencio administrativo -la llamada “negativa ficta”- ante la solicitud de permisos. Es decir, la falta de respuesta deberá entenderse como un rechazo ya que, de lo contrario, se pueden “terminar otorgando derechos a un particular, mismos que no necesariamente ni en todos los casos serán a favor de la seguridad energética, la economía nacional y la sociedad en general”. Hay dos medidas que endurecen la persecución de la venta de combustibles robados, que el Ejecutivo relaciona directamente con la importación, que asegura que incumplía la normativa.

Suspensión de permisos

Pero la revisión sustancial consiste en efecto en la “suspensión de permisos por peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”. “Uno de los objetivos prioritarios de la cuarta transformación en materia de política energética es la mayor eficiencia de su producción y uso, así como garantizar el suministro de hidrocarburos y petrolíferos a toda la población”, se lee en la iniciativa de López Obrador. En su opinión, se trata de garantizar la seguridad energética y la estabilidad de las finanzas públicas en un mundo que “experimenta una transición energética que tendrá importantes consecuencias geopolíticas”.

Con estas premisas, la reforma da a las autoridades la facultad de suspender concesiones “cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”. Uno de los propósitos declarados de la ley es “la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio”. Ese concepto, soberanía, al igual que la promesa de un ahorro para los consumidores, es el que ha sostenido la reforma de la ley eléctrica, un cambio legal que también desmonta el modelo impulsado en el anterior sexenio y que se ha convertido en una apuesta personal del presidente. López Obrador lleva semanas prometiendo que, aunque acometa una reforma fiscal, no subirán los precios de los combustibles. Y ahora, después de promover un blindaje de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a empresas privadas, ha dado el primer paso para hacer lo mismo con Petróleos Mexicanos.

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