López Obrador intensifica su batalla política ante la suspensión de la reforma eléctrica

Andrés Manuel López Obrador tardó poco más de un mes en impulsar la reforma eléctrica, tramitada por la vía de urgencia por el Congreso, y la justicia la dejó en suspenso de forma indefinida en poco más de una semana. La ley que entierra la normativa anterior para dar la prioridad del suministro a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una empresa del Estado, es una bandera personal del presidente de México. Se ha convertido en un símbolo, porque vertebra el discurso del Gobierno para impugnar todo lo que le precedió. La gestión energética o económica es solo el punto de partida para una especie de enmienda a la totalidad del pasado. Por eso la suspensión dictada este viernes por un juez que aceptó los recursos de dos empresas de fuentes renovables no hará desistir al mandatario que, al contrario, intensifica su batalla política. López obrador quiere que sea la Suprema Corte, máximo órgano judicial del país, la que dirima el caso y ha prometido “hacer de este asunto un tema de debate nacional”.

“Vamos a que resuelva la Suprema Corte porque es un proceso legal. Se inicia con una suspensión, se tiene que ir revisando y seguramente este asunto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia”, ha anticipado el presidente en su conferencia de prensa matutina cuando el juez Juan Pablo Gómez Fierro estaba a punto de anunciar el fallo sobre la reforma. “Para que declaren inconstitucional la ley necesitarían tener mayoría absoluta o dos terceras partes de los votos de los ministros de la Corte, con cuatro ministros que digan no, ya con eso no podrían declarar inconstitucional la ley”, ha proseguido. Este pulso, que ha comenzado con advertencias al Poder Judicial y una petición formal de investigación del juez remitida al presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, sienta las bases para un cuerpo a cuerpo en plena campaña electoral de los comicios federales y locales del 6 de junio.

Las críticas de la judicatura por la que consideran una intromisión en la separación de poderes se suman a las de los sectores productivos por una reforma que desincentiva la inversión, sobre todo en energías renovables. Pero López Obrador no ha mostrado preocupación por ello, sino que ha aprovecha el choque con esos estamentos para reafirmar su posición, que gira en torno a la idea de soberanía energética, y buscar la complicidad de sus votantes, a los que suele llamar “el pueblo”. El presidente ya ha dejado claro que seguirá usando su púlpito de las mañaneras para informar, u opinar, sobre este litigio. Este viernes ha profundizado su cruzada contra las ayudas recibidas por las empresas privadas por invertir en fuentes de energía limpias como, ha sostenido sin aportar más detalles, hacían la cadena estadounidense de almacenes Walmart y al grupo mexicano Bimbo.

“Voy a estar informándole al pueblo de lo que no se sabe, porque estoy seguro que la gente no sabía que Bimbo y que Walmart tenían también acciones en empresas eléctricas, o sea, que además del comercio también se dedican a la electricidad, porque por eso, como son productores de electricidad, reciben el subsidio”, ha agregado. El argumento central del mandatario para defender la reforma es el ahorro de los consumidores, lo que sí tiene tirón electoral. Sin embargo, según analistas como David Shields, con una dilatada experiencia en el sector, la electricidad será más cara. Eso no repercutirá directamente en el bolsillo de los mexicanos, porque la energía distribuida principalmente por la CFE seguirá subsidiándose. En cambio, la producción industrial sí se verá afectada, según su previsión, lo que de manera indirecta acabará determinando costos de bienes y servicios.

La Comisión Federal de Electricidad, presidida por el veterano dirigente Manuel Bartlett, se convirtió en este contexto en una de las máximas expresiones políticas de la llamada cuarta transformación, el proyecto de López Obrador. Por eso el presidente, quien reconoció abiertamente que el propósito de la reforma era el fortalecimiento de esa empresa estatal, está dispuesto a llevar el caso hasta una reforma constitucional que, además, le permitiría intentar un cambio de todo el modelo energético.

“Si [la ley] se declara inconstitucional, porque dominan los intereses de los grupos empresariales, si los jueces, magistrados, ministros no actúan con justicia, que habría que quitarle hasta el nombre de la Suprema Corte de Justicia, Suprema Corte del Derecho o algo así, pero si se declara inconstitucional la ley eléctrica, que es para beneficio del pueblo, pues entonces tendría yo que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional para dejar la Constitución como estaba cuando el presidente López Mateos”, ha avisado el mandatario en referencia al gobernante que durante su mandato, en 1960, nacionalizó la industria eléctrica.

A pesar de estas afirmaciones, López Obrador mantienen que no suponen una “amenaza, ni siquiera advertencia”. “Luchamos por una democracia, no aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes”, llegó a decir el miércoles pasado. El presidente se escuda en una convicción estrictamente política. Esto es, que un fallo que no coincida con sus planes sería “un abuso”. “No soy encubridor. Entonces, si estoy viendo que algo está beneficiando a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo, pues lo tengo que denunciar y no me voy a quedar con los brazos cruzados, máxime si soy la autoridad”, ha dicho. No contempla, en definitiva, que una sentencia desfavorable se ajuste a la legalidad vigente y está determinado a convertirla en una tormenta política.

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