López Obrador amaga con una reforma constitucional si su ley eléctrica encalla en los tribunales

Los tribunales no detendrán la puesta en marcha del modelo energético nacionalista al que aspira Andrés Manuel López Obrador. El presidente mexicano ha afirmado este miércoles que buscará una reforma constitucional si las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica son declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia tras los amparos presentados por las empresas afectadas. Ante esa posibilidad, el mandatario amenaza con activar su última carta en la baraja e introduce otro caballo de batalla en la campaña para las elecciones de junio, que determinarán si su partido tiene la mayoría parlamentaria de dos tercios necesaria para dar ese paso.

Para justificar una eventual modificación, López Obrador ha echado mano de sus ataques habituales a la liberalización del sector energético emprendida en el sexenio anterior, que él considera una fuente de corrupción. “Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero si lo determinan jueces, magistrados, ministros y que es inconstitucional y no se puede proceder, enviaría una reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, el atraco, que se afecte la economía popular y sobre todo de los más pobres. Se dedicaron a saquear, a robar, en el caso de la industria eléctrica y petrolera no tengo duda”, ha declarado en su rueda de prensa matutina. El nuevo marco impugnado ante los tribunales refuerza a la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de limitar la participación privada en el sector y relegar a las energías renovables a un segundo plano.

El amago de un retoque constitucional representa un giro importante en el discurso de López Obrador. Tras su victoria en 2018, el mandatario prometió que se respetarían los contratos ya firmados y que no se modificaría la reforma energética de su predecesor, Enrique Peña Nieto. Esa postura, un intento por calmar los nervios del sector privado tras algunas decisiones polémicas como la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ha ido cambiando en los últimos meses. El Gobierno ha tratado de modificar por la vía administrativa el modelo actual, una estrategia que ha fracasado en los tribunales ante la presentación de decenas de amparos por parte de empresas afectadas y de una controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

El debate sobre una posible modificación a la Carta Magna se abre en pleno pulso del presidente con el Poder Judicial. La semana pasada, López Obrador atacó al juez que admitió el amparo de una empresa fotovoltaica y suspendió temporalmente los efectos de la nueva ley un día después de su entrada en vigor. El mandatario solicitó por carta al presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Zaldívar, que se investigara la actuación del juzgador y que revisara su competencia para resolver el caso. Zaldívar tomó nota de la petición del presidente, pero defendió la autonomía e independencia del Poder Judicial.

El juez de distrito que suspendió los efectos de la norma, Juan Pablo Gómez Fierro, ha convocado este jueves a las partes a una audiencia en la que decidirá si mantiene la suspensión de forma definitiva mientras dura el juicio. Paralelamente, la Secretaría de Energía ha recurrido la suspensión provisional decretada por el juez ante un tribunal colegiado especializado en competencia económica. Aunque ese tribunal revierta la suspensión provisional, Gómez Fierro aún puede otorgar la suspensión definitiva a la empresa denunciante.

De llevarse a cabo, esta no sería la primera reforma constitucional del sexenio, pero sí la más controvertida. A principios de su Administración, el presidente propuso la creación de una nueva fuerza de seguridad, la Guardia Nacional, para abordar la escalada de violencia en el país. En esa ocasión, la propuesta tuvo un enorme apoyo parlamentario, incluido de partidos como el PAN y el PRI, y en la Cámara de Diputados fue aprobada por 463 votos a favor y uno en contra. Ahora, en cambio, la oposición se ha mostrado muy crítica con los cambios al modelo eléctrico por considerar que afectan negativamente a la inversión privada y dañan el medio ambiente.

La capacidad del Gobierno para sortear la oposición dependerá de los resultados que obtenga Morena, el partido del presidente, en las elecciones de junio, cuando se renueva la Cámara de Diputados. Con este pulso judicial y político por el modelo eléctrico, López Obrador añade otro frente a unos comicios clave. “¿Que necesitamos dos terceras partes? Pero que lo decida el pueblo, además qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción”, ha afirmado el mandatario.

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