Un juez suspende de manera indefinida la reforma eléctrica de López Obrador

Un juez federal ha suspendido este viernes de forma indefinida la reforma eléctrica del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que limita la participación privada en el sector, tras los amparos presentados por dos empresas. Los tribunales ya habían frenado la norma la semana pasada mediante una suspensión provisional, pero ahora esta tiene carácter definitivo mientras dura el juicio. Se mantiene, además, su efecto general, es decir, la suspensión beneficia a todas las empresas energéticas, no solo a las denunciantes. El Gobierno, que ha atacado a los jueces a raíz de los amparos y defendido la constitucionalidad de la nueva ley, tiene la posibilidad de recurrir la decisión.

El juez segundo de distrito especializado en competencia económica, Juan Pablo Gómez Fierro, ha insistido en la importancia de que la suspensión tenga un carácter general para no distorsionar el mercado. “De otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para las quejosas, este juzgado de distrito no solo estaría otorgándoles una ventaja competitiva frente a los demás particulares que se encuentran en su misma posición, sino que, además, podría ocasionar distorsiones en la industria eléctrica”, reza el fallo. El juez también sostiene que con ello se evitan daños al medio ambiente que podrían ser “irremediables” y que el carácter general de la medida va en línea con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, adelantándose a posibles cuestionamientos de parte del Ejecutivo.

La decisión del juez de distrito puede ser recurrida por el Gobierno federal ante un tribunal colegiado. De hecho, la Secretaría de Energía ya siguió este camino para impugnar las suspensiones provisionales concedidas la semana pasada. Con la nueva decisión, las autoridades tienen 10 días para tramitar otro recurso. De presentarse, el exfuncionario de la Suprema Corte Gabino González destaca tres escenarios: “El tribunal colegiado puede decidir que no podía concederse la suspensión, cosa que veo complicado, que debía concederse pero no en términos generales, un escenario posible, o confirmarla en sus términos. La parte más sensible es el efecto y alcance de la suspensión”. El fallo puede tardar entre seis y ocho semanas, según este jurista.

El carácter general de las suspensiones ha provocado un gran enfado en el Gobierno, que ve cómo una de sus prioridades legislativas encalla en los tribunales. El Ejecutivo sostiene que esta medida solo puede beneficiar a quienes presentaron el amparo y no al resto de empresas. “No tiene ni idea el señor”, dijo en una entrevista la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sobre el juez. En la conferencia de prensa matutina del jueves, López Obrador citó a su vez una resolución judicial que corregía el carácter general de una suspensión otorgada anteriormente por Gómez Fierro. “10 días antes le habían corregido la plana a ese juez los magistrados en otro asunto parecido, observándole que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba”, declaró. “Vamos a enviar como complemento de pruebas al Consejo de la Judicatura esa resolución”.

Frente a la postura gubernamental, el juez Gómez Fierro ha defendido sus facultades en el fallo de este viernes. “No existe un impedimento jurídico que prohíba que este juzgado de distrito pueda dotar de efectos generales a la suspensión definitiva concedida y, por el contrario, se encuentra justificada, dado el tipo de derecho que se discute, esto es, el derecho a la competencia y libre concurrencia en la generación y comercialización de la energía eléctrica que reconocen los artículos 25 y 28 constitucionales”, ha escrito.

En este vaivén legal, López Obrador se ha convertido en el principal ariete de los ataques al poder judicial. A principios de esta semana, el gobernante envió una carta al presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar, para solicitar una investigación sobre la actuación de Gómez Fierro. Zaldívar recogió la petición, pero defendió la autonomía del poder judicial. Dos días después, el mandatario abrió las puertas a una reforma constitucional si el cambio de modelo que busca es declarado inconstitucional por el máximo tribunal.

Por ahora, la batalla judicial sigue su curso. Los amparos sobre los que se ha fallado este viernes son los primeros de una larga serie de recursos que contemplan presentar empresas afectadas y organizaciones ambientalistas ante una norma que consideran viola el principio de libre competencia y el derecho constitucional a un medioambiente sano. El debate sobre la legalidad de las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica puede llegar eventualmente a la Suprema Corte mediante una acción de constitucionalidad o una controversia. El máximo tribunal tiene la potestad, además, de atraer para sí los recursos presentados ante una instancia inferior como un tribunal colegiado.

La disputada reforma del Gobierno, aprobada de forma exprés en el Congreso a inicios de mes, busca fortalecer el papel de la CFE en la generación eléctrica mediante un cambio en el orden de prioridades: las plantas de la paraestatal serán las primeras en subir su electricidad a la red, por muy caras o contaminantes que sean, y las energías renovables, principalmente en manos de particulares, pasan a un segundo plano.

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