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Pemex se queda con la operación del importante yacimiento petrolero de Zama

La Secretaría de Energía favorece a la compañía paraestatal frente a las pretensiones de la estadounidense Talos Energy, que contempla acciones legales

Una plataforma marítima de Pemex, en la sonda de Campeche.
Una plataforma marítima de Pemex, en la sonda de Campeche.AP

Pemex ha ganado el pulso por el control del gran yacimiento petrolero de Zama, en el golfo de México. Después de varios meses de suspense, la Secretaría de Energía ha designado a la paraestatal como operadora del que es uno de los mayores descubrimientos recientes, con recursos estimados de hasta 800 millones de barriles. En el oficio, emitido el pasado viernes, el Gobierno mexicano valora la capacidad financiera y técnica de la paraestatal e ignora las pretensiones del consorcio liderado por la estadounidense Talos Energy, que descubrió el yacimiento y que este lunes ha amenazado con acciones legales. Por lo demás, la decisión es coherente con la política energética nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca limitar la participación privada en el sector.

En la resolución, de la que el diario Reforma informó en un primer momento, la Secretaría de Energía cita un estudio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el organismo regulador, que valoró las capacidades de ambas partes para operar el yacimiento submarino, que comparten Pemex y el consorcio de Talos. Según la Secretaría, la CNH concluyó que la paraestatal ofrecía las “condiciones y características técnicas favorables” que garantizan el desarrollo de Zama a corto plazo. La dependencia del Gobierno no menciona, sin embargo, qué dijo el organismo regulador sobre las capacidades y la solvencia de Talos, que también buscaba encargarse de la operación.

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La Secretaría de Energía menciona, además, una serie de observaciones del director general de Pemex Exploración y Producción en las que este asegura contar con “suficiente capacidad financiera”, así como con la adecuada infraestructura de recepción y almacenamiento de crudo en la terminal marítima de Dos Bocas, a 70 kilómetros del yacimiento. Este periódico ha solicitado una confirmación de parte de Pemex, pero no ha recibido respuesta hasta el momento. La Secretaría de Energía tampoco se ha pronunciado públicamente al respecto.

Por último, el Gobierno ha resuelto en favor de Pemex la cuestión del quién tiene cuánto. Al ser un yacimiento compartido, la disputa para hacerse cargo de la operación se centraba en la cantidad de reservas que caía del lado de Talos y del de la petrolera estatal. La Secretaría de Energía da por bueno un estudio reciente de una empresa de ingeniería que estima una división del 50,4% para Pemex y del 49,6% para el consorcio. En mayo el CEO de Talos, Timothy Duncan, consideró que estos resultados “subestimaban informaciones relevantes”. Previamente, una evaluación independiente había concluido que el consorcio, del que también forman parte Sierra Oil & Gas y Premier Oil, tenía el 60% frente al 40% de Pemex.

Aunque la decisión del Gobierno parece despejar un conflicto arrastrado desde hace más de un año, Talos Energy ha señalado este lunes que “explorará todas las opciones legales y estratégicas” para “maximizar el valor de su activo en Zama”. La empresa, que descubrió el yacimiento en 2017, ha recordado en un comunicado los seis años de “inversiones significativas” en trabajos preliminares y se ha declarado “muy decepcionada” por la decisión.

Zama es uno de los principales hallazgos hechos por una empresa en México desde que la reforma energética de 2013 de Enrique Peña Nieto permitiera a la iniciativa privada participar en el desarrollo de campos petroleros. Como el yacimiento se extendía más allá de la asignación del consorcio de Talos y entraba en un bloque operado por Pemex, era necesario “unificar” Zama. En julio de 2020, la Secretaría de Energía dio a las partes 120 días para llegar a un acuerdo, un prerrequisito para empezar a desarrollar el campo. Transcurrido el plazo sin que se llegara a un acuerdo, la decisión de quién sería el operador de Zama recayó en la dependencia federal.

La designación de Pemex como operador no resulta sorprendente, según los expertos en el sector. El consultor Gonzalo Monroy ve una decisión sesgada a favor de la paraestatal. “Ha sido un proceso político más que técnico. La Secretaría de Energía ni siquiera tomó en consideración los argumentos de Talos”, explica. Monroy cree, además, que las características de Zama, ubicado a 170 metros de profundidad, supondrán un desafío para la petrolera paraestatal. “Este sería el pozo más profundo en aguas someros que tiene Pemex. Antes no ha pasado de los 150 metros de profundidad”.

Pese a que la paraestatal asegura contar con recursos suficientes para el desarrollo del campo, el experto David Shields lo pone en duda. “En exploración y producción Pemex está invirtiendo alrededor de 10.000 millones de dólares, la mitad de lo que antes se invertía. Con eso no se puede hacer grandes cosas. Si desarrollas Zama dejas de desarrollar otros campos. Talos tiene dinero. Si Pemex no tiene recursos, que es el caso, podría hacer muchas cosas aprovechando el dinero de los privados”.

La actividad privada en el sector ha dejado una inversión acumulada de 7.487 millones de dólares y una producción de 142.000 barriles diarios, frente los 1,6 millones de Pemex, según datos de la CNH hasta mayo. Aunque la industria ha insistido en que se puede tardar varios años en desarrollar los yacimientos asignados, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha quejado en repetidas ocasiones de una supuesta falta de resultados y ha acusado a las empresas de no invertir lo suficiente.

Al poco de llegar al poder, su Administración canceló las rondas petroleras, el mecanismo de licitación de bloques de exploración a privados que llevó al descubrimiento de Zama. En su lugar, López Obrador ha querido “rescatar” a Pemex del declive en la producción y de una multimillonaria deuda mediante fuertes inversiones y una reducción de su carga fiscal. En abril, el partido oficialista, Morena, aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que permite al Gobierno suspender los permisos a empresas si observa un “peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética, y la economía nacional”, una modificación que fue interpretada por la oposición y por la industria como un intento más para arrinconar la participación privada.

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