Juicio al pasado en México: qué se decide el domingo y para qué

El domingo los mexicanos están llamados a votar en un plebiscito conocido como “consulta para juzgar a los expresidentes” que en realidad tiene un alcance más amplio a la vez que incierto. De la ambigüedad de la única pregunta de la papeleta a las dudas sobre su ejecución, al escaso interés popular despertado por la materia, lo que añade incertidumbre a los datos de participación. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho de la coletilla “vamos a preguntarle a los mexicanos” una suerte de mantra político y un resorte para sus batallas. El referéndum del 1 de agosto se ha jugado más en el terreno de la confrontación entre partidos que en el de la deliberación ciudadana. Esto, sin embargo, no resta importancia a la votación, la primera que se realiza según los cauces establecidos por la Constitución después de varias consultas informales convocadas durante el sexenio y que será vinculante si al menos el 40% de los electores acuden a las urnas. Pero ¿qué pasa exactamente el domingo?

¿Qué se decide?

La primera pregunta de la consulta, remitida al Senado por el mandatario en septiembre del año pasado, tuvo que ser modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque incluía los nombres de los últimos cinco presidentes -Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo (PRI), Vicente Fox (PAN), Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI)- y apelaba abiertamente a la actuación de “las autoridades competentes” en su contra. La fórmula era incompatible con la Constitución y vulneraba la separación de poderes porque no puede someterse a consulta el trabajo de la justicia.

Los ciudadanos mexicanos, por tanto, se medirán con una disyuntiva mucho más difusa, cuyo diseño sí es constitucional, según la Corte, pero abre la puerta a una multitud de interpretaciones. Este es el texto de la pregunta: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

¿Por qué se convocó esta consulta?

El propósito declarado de López Obrador es eminentemente político y consiste en legitimar una ofensiva contra “el neoliberalismo gobernante [que] se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas”. “Entre el primero de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”.

Según la exposición de motivos presentados por el mandatario, este catálogo de males y delitos “fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular”. “Los desastres humanos, sociales y nacionales sufridos por el país durante esos 30 años fueron resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso”, señaló. De ahí que se haya interpretado ampliamente el referéndum del domingo como una especie de revancha política, aunque el presidente haya manifestado que votará en contra.

¿Cómo le afecta a usted y qué supone el resultado de la consulta?

La misma pregunta de la consulta alude, sin utilizar esta palabra, a una reparación de las “posibles víctimas” de “las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”. ¿Qué decisiones? No se aclara, al igual que tampoco se detalla nada sobre las “acciones pertinentes” de la justicia ni qué significa exactamente la fórmula “proceso de esclarecimiento”. El plebiscito no puede repercutir en la independencia del poder judicial, que de haber encontrado o de hallar en el futuro elementos para procesar a los exgobernantes lo habría hecho o lo hará sin importar la opinión de López Obrador, del Gobierno de turno, de la oposición e incluso la voluntad popular. Así funciona una democracia.

Entonces, ¿para qué sirve este referéndum? Según explicó a EL PAÍS el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, la pregunta es deliberadamente ambigua y general porque “una consulta de este tipo no es una apelación a procesos judiciales, sino a una especie de comisión de la verdad, a instrumentos no jurisdiccionales que pudieran generar una salida a conflictos y a sucesos dolorosos para el país”. “Los procesos judiciales no se consultan, pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional. De justicia transicional”, agregó. Una jurisdicción de esas características, la Justicia Especial para la Paz (JEP), quedó establecida recientemente en Colombia por los acuerdos que pusieron fin al conflicto con las FARC.

¿Por qué el proceso electoral ha sido tortuoso?

El camino hacia la consulta ha sido tortuoso y polémico, en primer lugar, porque lo que los mexicanos están llamados a decidir tiene un trasfondo de juicio político. La oposición lo rechaza y no está en absoluto clara la aplicación del veredicto. Puesto que la implantación de un sistema de justicia transicional requiere de un amplio debate público, social, en el Parlamento y, por supuesto, de un consenso suficiente.

El proceso ha afrontado, además, obstáculos logísticos como los escasos recursos. El Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo encargado de organizar la votación, lamentó la falta de asignaciones adicionales con motivo del referéndum. No obstante, su consejero presidente, Lorenzo Córdova, aseguró que será el primer ejercicio de participación ciudadana más grande y técnicamente mejor organizado de la historia democrática de México.

Las dudas de participación: ¿qué cabe esperar?

La autoridad electoral señala que “los resultados serán vinculatorios para los poderes Legislativo y Ejecutivo federales cuando el INE indique que la participación total en la Consulta Popular sea de, al menos, el 40% de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal de electores”. Es decir, alrededor de 37,5 millones de votantes. En las elecciones intermedias del 6 de junio participó el 52,6% de los mexicanos. En una consulta con este diseño cunden las dudas, incluso en la cúpula de Morena, el partido que sostiene al Gobierno, sobre el quórum. Incluso Ricardo Monreal, el hombre clave del presidente en el Congreso, lo ve difícil.

Aun así, López Obrador manifestó el martes que “no hay que adelantar vísperas porque la gente puede salir a ejercer sus derechos”. “La gente quiere la democracia y quiere la democracia participativa, no solo la democracia representativa. No es que cada tres años vas a votar, cada seis años vas a votar, no, puede ser cada año o dos veces al año, si hay democracia participativa, porque se le está consultando al pueblo”.

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