López Obrador redobla los ataques al INE en vísperas de la consulta sobre los expresidentes

Andrés Manuel López Obrador ha aprovechado este viernes una nueva ocasión para lanzar otro dardo contra el Instituto Nacional Electoral (INE). Esta vez la justificación de las críticas ni siquiera atiende a los intereses de Morena, sino a un partido y un líder de la oposición, Movimiento Ciudadano y Samuel García, que durante las elecciones de junio se convirtió en uno de sus principales adversarios. Sin embargo, ante la reciente multa impuesta al gobernador electo de Nuevo Léon por sus anuncios durante la campaña, el presidente ha salido en su defensa: “Siento que no lo están haciendo bien. No me da confianza estas decisiones”, ha cargado durante su conferencia matutina, además de deslizar que el organismo actúa con fines “politiqueros”.

Las declaraciones de este viernes suponen una nueva escalada contra el INE, una de sus dianas favoritas, que llega además en vísperas de la polémica consulta popular para investigar a los expresidentes del 1 de agosto. López Obrador aumenta así la presión sobre el organismo electoral, que será el encargado de organizar y supervisar una consulta marcada en rojo en la agenda del presidente. Un plebiscito, el primero celebrado acorde a la Constitución, que corre el riesgo de desinflarse debido al alto umbral de participación exigido para que el resultado sea vinculante y las demandas de más presupuesto por parte del INE para garantizar la logística del evento.

Un paso más en la campaña del desgaste del presidente contra el órgano electoral, al que considera viciado por intereses partidistas, un apéndice más de esa especie de antiguo régimen que su Gobierno aspira a clausurar. Los enfrentamientos con su presidente, Lorenzo Córdova, y otros consejeros han sido una constante durante el sexenio. El año pasado López Obrador se declaró a sí mismo “guardián” de los próximos comicios, a lo que Córdova respondió recordándole que “México ya tiene un guardián de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia”.

El choque cada vez más frontal entre el Gobierno y los organismos independientes ha despertado numerosas críticas ante el temor de una reconcentración de poder en manos del Ejecutivo en detrimento del andamiaje institucional que acompañó a la transición democrática. En particular, los ataques al INE cobran una relevancia aún mayor en un país donde la celebración de comicios transparentes es un logro relativamente reciente.

Tanto López Obrador como el resto de cuadros de Morena han reconocido abiertamente su intención de llevar a cabo una reforma a fondo del INE, que pasaría incluso por incorporar al nuevo órgano electoral como parte del organigrama del Ejecutivo, bajo la supuesta premisa de la imparcialidad y el ahorro de presupuesto. “El INE es el aparato más caro de organización de elecciones, más caro del mundo”, suele repetir el presidente.

Cualquier opción de la reforma lleva aparejada obligatoriamente un cambio en la Constitución. Alcanzar la mayoría cualificada, tras cuartas partes de la Cámara de la mano de sus socios era precisamente el máximo objetivo de López Obrador en los comicios de julio. Morena y sus aliados quedaron lejos de la meta y con la nueva aritmética parlamentaria las ambiciones del partido en el Gobierno pasan necesariamente por pactar con la oposición. Los 69 diputados priistas se han convertido desde entonces en el nuevo objeto de deseo de López Obrador, que ya ha comenzado a lanzar puentes con la formación tricolor.

El presidente recordó este viernes su reciente polémica con el INE tras la decisión del Consejo General del organismo de dejar fuera de la carrera electoral a dos candidatos de Morena, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, por irregularidades durante la campaña. López Obrador calificó entonces la decisión como “un atentado a la democracia”. La consulta popular del 1 de agosto supone el enésimo frente abierto. El INE ha reclamado más presupuesto para organizar la consulta y ha anunciado que apenas instalará una tercera parte de las “mesas receptoras” en comparación con las casillas electorales de los comicios de junio.

Unas demandas interpretadas como una nueva resistencia por parte del Gobierno, y que anticipan un nuevo frente en caso de que durante la cita no se alcance una participación por encima del 40% del padrón, umbral necesario para que sea vinculante.

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