El debate sobre la consulta del 1 de agosto: “La aplicación de la ley no debe ser sometida a la voluntad popular”

“No contemplo votar para condenar a los expresidentes. Nunca he sido revanchista ni vindicativa. Aunque cuando se trata de mi país es otro asunto. Castigar el pasado quizá puede ser un ejemplo, pero no lo tengo claro. Sobre todo porque no sé cuál sea su eficiencia ni su oportunidad. No sé si es parte del discurso político del presidente, si lo ve como paso más. Pero no están claras las consecuencias y, sobre todo, si empezamos a caminar con la cabeza hacia atrás ¿de qué servimos?”.

“Yo no votaré en la consulta del 1 de agosto porque el dinero invertido en ella pudo ser utilizado para comprar medicamentos oncológicos, mejorar la estrategia de vacunación, ayudar a familias afectadas por la pandemia, etcétera. Además la consulta se realizará en un punto crítico de la pandemia y en medio de un tercer repunte. Considero que dadas las circunstancias, el presidente debería enfocarse en el presente y el futuro más que en el pasado y reflexionar sobre cómo mejorar el sistema de salud y aliviar los estragos de la pandemia en México”.

“Sí, porque hay que ampliar la democracia participativa en México y porque se deberían procesar los agravios impunes, poniendo en el centro a las víctimas. No por eso hay que dejar de decir que la pregunta es ambigua; que los términos del debate en un contexto de polarización no han sido ni veraces ni adecuados; y que este Gobierno y, principalmente, la Fiscalía tenían ya ese claro mandato desde 2018 y no lo han acatado. Siendo el umbral de votos exigido por la ley tan alto, hay que decir además que incluso si este no se alcanza, subsistirá para el Estado la obligación de garantizar justicia, verdad y memoria ante graves violaciones a derechos humanos que se cometieron y que, no hay que soslayar, aún se cometen en México”.

“Votaré por el sí. Aunque yo crea en la organización popular y participación política fuera del sistema electoral y no voto para cargos públicos, ya que valoro la libertad por sobre la necesidad de un poder público que gobierne sobre las personas, me parece un ejercicio relevante con relación a la memoria. Los actos criminales de administraciones anteriores han significado ecocidio y exterminio sistemático de pueblos originarios… una larga lista a todos niveles incluidos los asesinatos a activistas, la represión social, el robo y explotación económica, hasta los sistemas de vigilancia y control. Sin tener una preferencia partidista es bastante evidente que lo peor que le podría pasar a México es que el PAN o el PRI regresen a gobernar, significaría un retroceso en términos de equidad y muy específicamente en relación con los derechos de las mujeres. Por todo eso me parece importante participar de ejercicios que nos hagan hacer memoria”.

“No participaré en la consulta popular del 1 de agosto porque considero que no existen las condiciones para que sea un auténtico ejercicio de democracia participativa. No es solo que la pregunta a ser consultada sea, ciertamente, confusa (cuando una democracia debería aspirar, ante todo, a la claridad y la transparencia en el lenguaje y las ideas). Se trata, además, de otro elemento: la ausencia de gestos de parte del Poder Ejecutivo que acompañen y den sentido a la consulta. Entiendo que este ejercicio pretende ser no solamente una consulta sobre si 'se debe aplicar o no ley', sino un paso en un proceso de justicia transicional. Pero la manera en que se ha puesto en práctica pareciera ser más bien una antesala para sacarle la vuelta el verdadero comienzo de ese proceso. Es algo lamentable, porque las consultas populares deben ser uno de los instrumentos disponibles en la caja de herramientas de una democracia funcional y realmente viva”.

“La consulta popular promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir si se procesa, o no, a los expresidentes es despropósito de la vigencia del Estado de Derecho. La aplicación de la ley no debe ser sometida a la voluntad popular, sino materializarse en una acción sistemática, inmediata y apolítica del Estado, cumpliendo con el imperativo Constitucional para mantener la gobernanza basado en las leyes. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo, al tomar posesión en el 2018, o en cualquier momento posterior, evidencia para iniciar denuncias ante la Fiscalía General de la República, por detectar irregularidades que hagan presumir la conducta delictiva de quienes le antecedieron, o quienes con ellos colaboraron, debe actuar en consecuencia, sin necesidad de una consulta. Es lamentable que se pretenda encaminar al país, a determinar la impartición de justicia, no conforme al Estado de derecho, sino a la voluntad de un mandatario nacional”.