Dudas jurídicas y rédito político: así es la consulta de López Obrador para enjuiciar el pasado

El próximo 1 de agosto México realizará la primera consulta popular de su historia y más que certezas la cita está rodeada de incógnitas. Lo que se ha quedado grabado en la opinión pública como la “consulta para juzgar a los expresidentes”, en realidad se trata de una pregunta mucho más enrevesada a la que la población tendrá que responder con un sí o con un no.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”, 52 palabras que despiertan muchas dudas incluso para los expertos en derecho por la ambigüedad del planteamiento.

El Gobierno del presidente López Obrador lanzaba este particular llamado a la ciudadanía en 2020 para que fuera el pueblo quien decidiera si los últimos cinco expresidentes deben ser investigados y juzgados por posibles delitos cometidos mientras estaban en el cargo. La pregunta inicial tuvo que ser modificada por ser abiertamente contraria a la Constitución y a cualquier marco de derecho. Resultaba inviable que la Suprema Corte de Justicia (SCJN) diera el visto bueno a dejar en manos de la población la aplicación de la ley y menos aún, de manera focalizada. “La Suprema Corte no se atrevió a decir que la consulta no era viable y entonces, tuvo que reformularla en una pregunta que no hay manera de entender”, señala el profesor de la Universidad Iberoamericana Jacobo Dayán. Quedaba demostrado el peso del presidente sobre el poder judicial. Ante las dudas que provocó la nueva decisión, Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, tuvo que dar una ronda de entrevistas en medios nacionales para resolver dudas ante un hecho tan insólito.

El profesor experto en Derecho Internacional y Justicia Transicional considera que el planteamiento del referéndum es tan amplio que el Gobierno y el poder legislativo pueden “llenarlo de contenido después” con lo que más le convenga a López Obrador. No se entiende ni el qué, ni el quién, ni el cuándo. “Es una pantomima por todos lados. Van a emprender acciones pertinentes que pueden ser las que ellos decidan, a menos que hubiera voluntad política y se decidiera ir a fondo, lo que significa esclarecer el pasado con comisiones de la verdad y mecanismos de justicia para reparar a las víctimas”, agrega. El experto pone de ejemplo las comisiones de la verdad que se crearon en Guatemala y Colombia para dejar atrás periodos de conflicto, represión y violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad que el sistema judicial convencional no puede darles una respuesta adecuada.

Para el académico esto significa no tratar casos puntuales, sino resolver “la gran corrupción, impunidad y violencia sistémicas” que pudren las entrañas del poder en México. “Esta hubiera sido una perfecta oportunidad para desenmascarar las redes de protección política, los vínculos político criminales, los sectores empresariales de lavado de dinero, conocer las distintas violencias, la estructura de la corrupción, desmantelar redes para buscar desaparecidos, reparar a las víctimas y asegurar la no repetición”, asegura.

Por el contrario, el presidente ha hecho énfasis en utilizar la consulta para esclarecer casos emblemáticos de corrupción que marcaron la historia del país. “Al presidente lo que le preocupa es la agenda política. Le gusta hablar de la agenda de corrupción del pasado, el Fobaproa, el neoliberalismo, el fraude electoral que dice que le hicieron en 2006…”, responde Dayán.

Al plebiscito están llamados a votar todos los ciudadanos que participaron en las pasadas elecciones del 6 de junio, en torno a 93 millones de personas. Sin embargo, el Instituto Nacional Electoral, encargado de la consulta, aseguraba que solo podrán instalarse un tercio de las casillas debido a la falta de presupuesto. Con una votación tan limitada, es muy probable que la consulta para esclarecer los hechos del pasado no consiga el 40% de los votos ―unos 37,4 millones de votos— los que necesita para ser vinculante. Durante las pasadas elecciones apenas votó el 52% de la población, pese al gran despliegue que se realizó durante meses.

A cuatro semanas de la votación, todo apunta a que la participación será muy reducida. Pese a ello, Dayán considera que el resultado, sea el que sea, no perjudicará a López Obrador. Si la gente no va a votar o gana el no, el presidente considerará que la opinión de la calle es similar a la suya, la de mirar hacia el futuro. Si gana el sí, el mandatario utilizará la votación como respaldo a la segunda mitad de su sexenio, previo a la votación de la revocación de mandato.

“Aunque no llegue al 40%, el presidente puede capitalizar el sí o el no. Quienes no van a capitalizar nada son las víctimas de la violencia y la sociedad porque después de esto no va a haber mecanismos serios de esclarecimiento, ni de enjuiciamiento”, afirma Dayán. “Esto puede ser utilizado ahora o en el futuro para decir que el pueblo no está preocupado en esclarecer lo que sucedió en el pasado, pero a las víctimas no se les pueden negar sus derechos mediante un plebiscito”, añade el experto. “Vamos a ir a votar por algo que no entendemos”.

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