La consulta para juzgar a los expresidentes evidencia el peso de López Obrador sobre el poder judicial

“La Corte es un instrumento político y no un órgano de justicia”, reclamaba en 2014 Andrés Manuel López Obrador en un mitin en Morelos cuando el Supremo mexicano rechazó la consulta popular sobre la reforma energética. Seis años después, el tablero ha dado un giro de 180 grados y es él, ahora como presidente, quien ha reclamado a su favor el sentido de esa frase que utilizó en el pasado como opositor. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de considerar constitucional la consulta sobre si se debe juzgar en los tribunales a cinco expresidentes ha cristalizado el esfuerzo de López Obrador por jugar un papel dominante ante el poder judicial.

La influencia política del presidente mexicano sobre el Supremo se ha cocinado lentamente en los dos últimos años, a través de su composición –López Obrador ha nombrado a tres de sus 11 ministros– y la interlocución que ha mantenido, a través de gestos, con ellos. El debate sobre el juicio a los expresidentes es tan político como radioactivo y la misma discusión que ha estado en las calles –sobre su pertinencia– ha alcanzado a la Corte, un lugar usualmente considerado el olimpo de la Justicia y que históricamente ha apartado las pasiones políticas de los argumentos fundamentados, siempre, en la Constitución.

El ministro Luis María Aguilar escribió un proyecto en el que explicaba la inconstitucionalidad de la consulta al considerar que el Gobierno mexicano puede emprender una investigación contra cualquiera de los expresidentes sin la necesidad de someterlo a consulta y, además, ha sugerido que se alterarían dos elementos importantes: el debido proceso y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Los seis ministros que votaron por considerar constitucional la consulta se inclinaron por mirar el derecho de los ciudadanos a opinar sobre los asuntos del país, dejando de lado los argumentos de Aguilar.

“La decisión de la Corte es un mensaje fuerte y peligrosísimo, parece que la voluntad popular, encarnada en el presidente, está por encima de cualquier ley”, explica Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “La Corte no es un órgano que tenga que estar atado a las voluntades populares, sino al mandato de la Constitución”, añade. Entre los ministros fueron de más peso los argumentos políticos en torno a la consulta que el listado desarrollado por Aguilar –al que denominó concierto de inconstitucionalidades– en su exposición.

Lo inusual no solo fue la votación, sino también la decisión del ministro Arturo Zaldívar, como presidente de la Corte, de ser el primero en intervenir en la sesión de este jueves. “No podemos cerrar las puertas a la opinión ciudadana por temor a un escenario catastrófico de populismo penal”, dijo y así inclinó la balanza desde el arranque. Zaldívar usualmente deja su turno hacia el final y su voto es considerado de peso como aquel que puede ser decisivo cuando los temas que se discuten dividen en partes iguales a los ministros. Aunque desde Palacio Nacional se ha insistido en la independencia del presidente del Supremo, varios actores políticos han señalado a este diario la cercanía de Zaldívar con el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.

La postura de Zaldívar también ha sido desconcertante por su historial: en 2014, votó en contra de la consulta popular sobre la reforma energética. El escenario ha cambiado significativamente desde aquel día en el que 10 ministros tuvieron claro que la reforma constitucional no podía ser puesta a consulta popular por su temática antes que por el hecho de ser una consulta. Cuatro años más tarde, López Obrador se convirtió en presidente y comenzó una silenciosa marcha por renovar el poder judicial para, según él, limpiarlo de la corrupción. Pero el momento más decisivo de su influencia en el Supremo fue aceptar la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora por “causas graves” que nunca se hicieron oficialmente públicas, pero que apuntaban a una pesquisa de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de su Gobierno y que hasta la fecha no se ha conocido públicamente, ni ha tenido consecuencias legales.

La luz verde para la consulta popular de López Obrador –la primera que celebrará oficialmente el país desde la integración del derecho al plebiscito en la Constitución en 2014– abre también un frente inminentemente electoral. “A diferencia de otros ejercicios populares ordenados por él mismo [López Obrador], en este caso, quiere utilizar los mecanismos constitucionales previstos en nuestro orden jurídico para tales efectos. Ello, supongo, por la vinculación que pretende darle con las elecciones intermedias”, escribía hace un mes el exministro José Ramón Cossío, en las páginas de este diario. López Obrador evitó el procedimiento legal cuando consultó la cancelación de aeropuerto de Ciudad de México y la construcción del Tren Maya. Ambos plebiscitos se hicieron con métodos improvisados y sin validez legal, pero con resultados siempre favorables a las opiniones del presidente.

Ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que emprender la organización de la consulta en un entorno de duros recortes presupuestales y crisis económica, al mismo tiempo que ensambla el desarrollo de las elecciones del próximo julio. La conversación en México durante el año electoral no será solo sobre los políticos que buscan cargos públicos, sino también sobre López Obrador. “Los efectos de esta consulta son redundantes. Es tramposo y pone en evidencia que es López Obrador quien entra al juego electoral”, apunta Garza Onofre.