El fin de la excepción tunecina

Peligra la excepción tunecina. La democracia parlamentaria que surgió de la revolución de los jazmines hace una década ha quedado suspendida. Era lo único que quedaba del impulso que transformó la entera geografía árabe durante 2011. Están fundamentados los temores sobre el futuro democrático y pluralista del país magrebí.

Todo cuanto hay de admirable en la democracia tunecina —empezando por su Constitución, la más avanzada del mundo árabe, en la que se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres— pende ahora de un hilo. Y del vacío constitucional. El país no cuenta con una Corte Constitucional, la pieza que falta, siendo la más esencial, para dirimir en los conflictos entre instituciones. Se debe, primero, a la falta de consenso entre los partidos de un paisaje político inestable y fragmentado y, luego, al especial empeño del presidente de la República, Kais Saied.

Sabía el presidente lo que se llevaba entre manos cuando se negó a firmar la ley que ponía en marcha tal institución, apenas hace dos meses. En los mismos días encargó un dictamen sobre el uso de los poderes especiales del artículo 80 de la Constitución. Acogiéndose a su condición de oscuro profesor de Derecho Constitucional que accedió a la fama y a la victoria electoral gracias a las tertulias televisivas, Saied se ha erigido ahora en el único intérprete de la carta magna tunecina. Cree que se dan las circunstancias de “un peligro inminente que amenaza las instituciones de la nación y la seguridad y la independencia del país, obstaculizando el funcionamiento regular de los poderes públicos”.

El mismo artículo le obliga, antes de tomar medidas de excepción, a consultar al primer ministro y al presidente de la Asamblea, pero ha preferido destituir al primero y prohibirle entrar en la sede del parlamento al segundo. También era obligado reunir en sesión permanente a la Asamblea, el órgano de la soberanía, pero ha optado por suspender sus actividades. Ha sido su criterio el que ha prevalecido y el que seguirá prevaleciendo. La Constitución prevé que a los 30 días entre en acción la Corte Constitucional que el propio presidente se ha encargado de evitar que se constituya.

El presidente tiene ideas revisionistas sobre la Constitución, es partidario de la pena de muerte y abiertamente conservador respecto a la aplicación de la ley coránica en cuestiones de familia, es decir, quiere mantener el estatus de inferioridad de la mujer, que solo vale la mitad que un hombre a la hora de heredar. Hasta ahí no ha llegado la primavera árabe, a pesar del empeño de las feministas tunecinas, confiadas en que la Corte Constitucional, a la vista de la igualdad reconocida por la Constitución, no tendría más remedio que decidir en su favor el día en que echara a andar. Así es cómo las tunecinas no podrán exhibir la bandera de su emancipación ni las mujeres de todo el mundo musulmán gozarán de la oportunidad de apelar a su ejemplo para emularlas.