La exportación de mercenarios: el ‘caso Haití'

Todas las informaciones que han salido sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, a manos de un comando integrado por exmilitares colombianos parecen sacadas de un culebrón latinoamericano. La truculencia de lo sucedido en Haití y su desenlace macabro no ha dejado títere con cabeza. Para comenzar, las circunstancias en que el presidente fue asesinado no pueden ser más insólitas ni rebuscadas. A él lo matan con sevicia en su propia residencia, mientras dormía y cuando se presumía que estaba rodeado de su guardia pretoriana.

Al presidente Lincoln, por ejemplo, lo asesinaron en un teatro, a Kennedy en un carro mientras recorría Dallas. Eso de asesinar a un mandatario y sacarle un ojo en su propia cama donde duerme con su esposa y en la misma casa donde están los hijos es un drama inenarrable que no se le ocurrió ni a Mario Puzo, el autor de El Padrino. Tampoco me sorprende la noticia de que sus asesinos sean exmilitares colombianos que habrían sido contratados por la empresa de seguridad CTU, con sede en Florida de propiedad del venezolano Antonio Intriago.

Hace rato que mi país exporta mercenarios como si se tratara de un producto comercial. La guerra nos dejó un ejército inmenso que tuvo operaciones cinematográficas contra su enemigo histórico, las FARC, pero que se degradó en el camino. En los noventa, muchos soldados profesionales entrenados en los Estados Unidos decidieron salirse de las filas para integrar los grupos paramilitares que terminaron incinerando a inocentes en hornos crematorios y jugando futbol con las cabezas de sus víctimas. En el 2002, con la llegada de Uribe al poder, la guerra empezó a medirse en litros de sangre, y en varias unidades del ejército se incrementaron los asesinatos de civiles para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate porque esa era la forma de acceder a permisos y a vacaciones. Un ejército que sirvió de cantera para crear el monstruo del paramilitarismo, y que permitió los “falsos positivos”, no es extraño que se haya convertido en una fábrica de mercenarios.

El hecho de que varios de estos sicarios hayan sido entrenados por los Estados Unidos y por los servicios secretos británicos es otra muestra de que la degradación de la guerra se dio en el mundo, no solo en Colombia. Desde que las guerras se privatizaron y se les entregaron a las compañías de seguridad como Blackwater, Dyncorp o CTU, estas se están librando con ejércitos de mercenarios que disparan sus armas, movidos no por la carga ideológica, sino por la necesidad de engrosar su chequera.

En ese mercado, los mercenarios colombianos son muy apetecidos no solo por su eficacia sino porque son una mano de obra joven y muy barata. Mientras un mercenario norteamericano o surafricano cobra sueldos entre 20.000 y 50.000 dólares mensuales, los mercenarios colombianos que fueron reclutados para la operación en Haití cobraron solo 2.700 dólares mensuales. Así es como hemos venido a saber que en ese mercado de la muerte los mercenarios colombianos no son solo los más apetecidos sino también los más vejados.

Hoy seguimos siendo uno de los países que más invierte en defensa, que posee el segundo ejército más grande de América Latina después del de Brasil y que tiene una gran cantidad de soldados profesionales ya retirados que solo saben hacer la guerra.

Muchos de los militares que fueron entrenados bajo el Plan Colombia, la estrategia de Washington para ganar la guerra contra las drogas y contra las guerrillas de izquierda, se están retirando a la edad de 40 años luego de haber prestado 20 años de servicio. Eso ha ido creando un mercado de mercenarios de bajo precio que parecen estar dispuestos a todo. Se estima que hay cerca de 6.000 mercenarios colombianos en el Medio Oriente, unos cuantos han montado compañías de seguridad y otros han terminado prestando sus servicios para secuestrar y/o asesinar a presidentes. Así de simple.

Lo que sí es un culebrón es la manera como la canciller colombiana Marta Lucia Ramírez trató de exculpar a estos matones. Ella dijo que los colombianos capturados en Haití “no son bajo ninguna circunstancia mercenarios” y que “son hombres y mujeres correctos que actúan siempre dentro de ese valor sublime de la vida”.

De ahí a condecorarlos por sus servicios prestados a la patria no hay sino un paso. Estos militares retirados no fueron contratados para recoger café, ni para cuidar a un VIP. Fueron a instrumentar un golpe de estado y aunque la idea era primero secuestrar al presidente y tumbarlo, terminaron asesinándolo. Eso es un acto de mercenarios, así la canciller colombiana quiera que los consideremos soldados al servicio de la democracia.

El hecho de que no todos supieran que iban a matar al presidente Moïse tampoco puede ser una atenuante ni una demostración de que son seres “correctos que actúan siempre dentro de ese valor sublime de la vida”. ¿Es que acaso el secuestro de un presidente para forzar un golpe de estado es un acto de gran corrección ética? ¿Y cómo se le llama el sujeto que acepta un pago para secuestrar al presidente y forzar un golpe de estado? ¿Un hombre de paz, un patriota? Eso tiene solo una palabra: mercenario.

Los que presumen saber de esto dicen que hay una diferencia entre los mercenarios que hacen la vuelta por debajo de la mesa y contratistas de seguridad que prestan sus servicios a empresas privadas y a Estados, como sucedió en Colombia con Dyncorp, la compañía a la que se le dio el contrato para implementar el Plan Colombia.

La realidad es que esa línea es cada vez más difícil trazar en la medida en que las guerras se han ido tercerizando. En el caso de Haití, toda la operación que terminó con el asesinato del presidente se hizo a través de una compañía de seguridad legalmente constituida con sede en Miami. Los financiadores siguen sin salir todos a la luz y los asesinos no fueron ni siquiera haitianos sino unos mercenarios colombianos mal pagos que terminaron neutralizados porque inexplicablemente no les funcionó su plan de escape.

No es chiste lo del culebrón.