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Columna
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Integridad contra desesperación

La independencia es un estado profesional y no una etiqueta desgastada por el mal uso

David Trueba
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y el rey Felipe VI, durante un acto el pasado septiembre.
El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, y el rey Felipe VI, durante un acto el pasado septiembre.Pool
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La semana pasada en Madrid se hizo entrega de un galardón póstumo a la jueza del Supremo norteamericano Ruth Bader Ginsburg en reconocimiento a su carrera intachable. Ella ejemplifica una de las cumbres del sistema democrático, esa que dicta que un juez postulado por un partido político para ocupar un cargo en tribunales superiores de vigilancia no está forzado a convertirse en alguien predecible, sectario y esclavo de aquel partido en todas sus decisiones. En una palabra, la independencia es un estado profesional y no una etiqueta desgastada por el mal uso. Me temo que si la juez Ginsburg hubiera podido echar un vistazo a nuestra judicatura a la madrileña habría echado a correr desalentada. Lo primero que se habría preguntado es si bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial durante casi tres años significa lo que parece. El intento desmadrado por parte de un partido de dominar los resortes del contrapoder judicial en su favor. Este bloqueo que despoja de su bandera de constitucionalista a los que tanto presumen de ella, ha sido la gota que colma el vaso de una partitocracia capaz de quebrar los pactos democráticos para blindarse frente a causas judiciales que los afecten. Si la política se ha judicializado, nada mejor que politizar la justicia. ¿O sucedió al revés?

La mecánica de nuestras instituciones está tocada. Lo acabamos de ver esta semana con la digna posición que había ganado Telemadrid, ahora revertida con un descaro apabullante. Si a ello unimos las apropiaciones de la Fiscalía o la alineación partidista que compone el Tribunal de Cuentas, entenderán la crisis de credibilidad de una democracia que sacrifica los intereses generales en función de los intereses de los partidos hegemónicos. El bloqueo del CGPJ es una anomalía de la que ya estamos advertidos por las autoridades europeas, pero si ampliaran su base de estudio concluirían con que padecemos una peligrosa contaminación en nuestras instituciones. Que los periodistas nunca hayan sido capaces de unirse sólidamente para reclamar que los medios de propiedad pública cumplan con rigor democrático su misión imprescindible ha causado un enorme perjuicio a la percepción social de esta profesión. A día de hoy están hundidos en las encuestas de valoración y eso posibilita el ascenso de caraduras populistas que aspiran a saltarse el escrutinio fundamental de la prensa crítica.

La judicatura va camino de ocupar un lugar tan poco decoroso en esas mismas valoraciones sociales si no ejerce la autocrítica. Bastó ver cómo durante el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos nos topamos con jueces que intentaron torcer el proceso con obstáculos que obedecían a conductas de reyezuelos de taifa. Y algo parecido hemos vuelto a ver en las medidas de control en pandemia, con un criterio jurídico muchas veces esclavo del afán por favorecer al poder autonómico de turno o perjudicarlo. Ruth Bader Ginsburg practicó la reflexión jurídica frente a compañeros de opuesta sensibilidad con los que discrepó pero nunca descartó. Aceptar vetos y bloqueos rebaja a la profesión en su conjunto. La resistencia profesional es lo único que dignifica un oficio. Recuerdo a un personaje de Philip Roth que, arrinconado por una realidad profundamente deprimente, concluía que solo cabe apostar por la integridad frente a la desesperación. Sin esa apuesta compartida, vamos al desastre.

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