Tribuna
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Formas de entender España, diálogo y reforma

La crisis territorial ya ha durado demasiado. Es necesario abordarla en un proceso de debate constituyente que genere un contexto aceptable para todos. Hay que buscar mínimos compartidos que no impliquen renuncias a sentimientos ni ideologías

EULOGIA MERLE

Es un lugar común afirmar que uno de los fracasos de nuestra historia es no haber sido capaces de construir un concepto compartido de España. Los motivos son múltiples y no pueden ser objeto de estas líneas. Quiero centrarme solo en uno que, quizás parcialmente, explica la situación actual. Me refiero al intento de construir la idea de España a partir de la identidad entendida en su tercera acepción del Diccionario de la Real Academia: “Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás”. Una conciencia construida (segunda definición del diccionario) como consecuencia de un: “Conjunto de rasgos propios de un individuo o una colectividad que los caracterizan frente a los demás”. La idea de identidad apela a un sentimiento de pertenencia a un grupo distinto por compartir una serie de factores de integración colectiva que, en el caso territorial, se vinculan a motivos de índole histórica, cultural, lingüística, social, económica o, incluso, geográfica.

La importancia otorgada a este concepto de identidad y el modo en que se aplica a la noción origina tres formas principales de comprender España.

En la primera el sentimiento de pertenencia es el rasgo esencial definidor. España sería una comunidad compuesta por personas que se sienten españoles. Y sienten así por compartir historia, lengua, cultura o tradiciones. Es importante destacar que esta concepción es perfectamente aplicable a los movimientos independentistas. Allí donde este sentimiento de pertenencia no es compartido, porque una comunidad se identifica con otros referentes, resultará esencial que puedan construir su propio Estado. Un independentista no niega la idea de España. Simplemente no se considera parte de ella. En esta forma de entender España (y no-España) los términos de patria, patriota o nación ostentan su máxima importancia y adquieren matices predominantemente emocionales, no racionales. La organización territorial resultante de estas concepciones solo puede adoptar dos formas. Un Estado (o varios) unitario con descentralización administrativa o un Estado federal (debido a motivos históricos o de eficacia) con absoluta paridad entre sus territorios e igualdad en los derechos de sus ciudadanos.

Una segunda comprensión de la identidad acepta el concepto anterior, pero cuestiona su exclusividad. La identidad puede ser compartida y los sentimientos de pertenencia pueden ser varios y de distintas intensidades sin generar conflicto entre ellos. Se puede así ser simultáneamente catalán y español sin que las identidades sean mutuamente excluyentes. Una variante de esta visión será aquella en la que la compatibilidad entre identidades ha de estar democráticamente comprobada mediante la expresión del consentimiento de cada comunidad política. El concepto de “nación de naciones” responde a estos planteamientos en sus dos versiones, la que acepta y la que rechaza consultas de autodeterminación en las citadas comunidades. La forma de organizar territorialmente el Estado será la de una confederación o la de federalismo asimétrico donde las diferencias identitarias se reflejan en los poderes asignados a los territorios en función de la intensidad de los sentimientos de pertenencia particulares.

Una última forma de entender España prescinde totalmente de la idea de identidad. Los sentimientos de los ciudadanos quedan en la vida privada del mismo modo que lo hace, por ejemplo, la religión. La definición de España no procede del sentimiento, sino de la razón expresada a través del Derecho. España es una comunidad de ciudadanos con los derechos y deberes reconocidos en la Constitución. El idioma en que se expresen, el modo de vida, sus referentes históricos, su lugar de nacimiento o su religión son irrelevantes. Los conceptos de nación y patria o desaparecen o se secularizan de los sentimientos personales de pertenencia. Su forma territorial preferida será el Estado centralizado o, si las razones de eficacia lo aconsejan, un Estado federal con igualdad de derechos entre ciudadanos y territorios. De nuevo hay una variante interesante. Aquella que no confiere relevancia alguna a los sentimientos de pertenencia, pero sí a los factores que los provocan. Las especialidades relevantes (en lengua, cultura, derecho o geografía), deben ser reflejadas en las competencias del autogobierno territorial. En esta versión el federalismo asimétrico es la opción, pero sin cuestionar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

Lo curioso de estas tres formas de entender España es que existen en todo el país, aunque sea con diferente peso. Además, se reflejan en unos partidos políticos que no son homogéneos internamente. Se habla de una alma soberanista y otra autonomista en el PNV, de un ala jacobina, otra federal y otra autonomista en el PSOE, del pactismo frente al unilateralismo en los nacionalistas catalanes; de un federalismo avanzado y de un derecho a la autodeterminación en Unidas Podemos, de conceptos de nación secularizados de la identidad o no dentro de Ciudadanos o, en fin, se afirman concepciones territoriales muy distintas entre barones y centro en el PP. Esta diversidad de posiciones refleja de manera transversal, dentro de los partidos, esa convivencia (no siempre fácil, ni pacífica) de las distintas formas de entender España.

De todo ello podemos extraer consecuencias relevantes para afrontar el llamado diálogo territorial.

El diálogo exige reconocer al otro. Las diferentes formas de entender España hunden sus raíces en el pasado, existen hoy y no desaparecerán en el futuro. Son legítimas porque todo sentimiento (incluido su ausencia) lo es. Ni los defensores de la identidad española son unos fascistas, ni los independentistas son unos traidores. No es aceptable negarlas sin más. Si queremos un diálogo real no pueden oponerse líneas rojas excluyentes, ni siquiera las derivadas de la Constitución. Hablar de diálogo territorial implica hablar (o estar dispuestos a hablar) de reforma constitucional.

Nadie se puede erigir en portavoz exclusivo de esas formas de entender España (y no-España). Los sentimientos de identidad y su importancia se reparten territorial y partitocráticamente de manera transversal. En ese marco, las mesas de gobierno o de partidos solo pueden ser un punto de partida. La primera porque todo gobierno actúa, por definición, con una sola voz y por ello no puede expresar el pluralismo existente en sus respectivos territorios. La segunda, porque los partidos no tienen una sola posición interna compartida. Más aún si se trazan “cordones sanitarios” que suponen no reconocer a “los otros”. La única vía del diálogo es un debate libre entre ciudadanos. Pero tal tipo de debate solo es posible si afrontamos un momento constituyente o de gran reforma constitucional con los procedimientos previstos que requieren mayorías consensuadas, y, eventual u obligatoriamente, un referéndum

En este diálogo no se puede imponer un programa de máximos. Ninguna de las formas de entender España va a hacer desaparecer a las otras. Un debate constituyente puede generar un nuevo contexto territorial aceptable para todos. Uno en el que los ciudadanos se puedan sentir más cómodos que en el actual.

La crisis territorial ha durado ya demasiado. Debe afrontarse respetando las diferentes formas de entender España. No desde la imposición puramente aritmética de una de ellas. Desde el diálogo entre ciudadanos que buscan puntos mínimos compartidos sin renunciar ni a sus sentimientos ni a sus ideologías personales. Desde la, ya inaplazable, reforma constitucional.

Rafael Bustos es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid. Está adherido a la Declaración Radicalmente Moderados.

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