La consulta

El fraude de ley entra en escena cuando se utiliza una interpretación torticera de la norma, gracias a la cual resulta posible subvertir su contenido. Escuchando a Pedro Sánchez, con su rechazo rotundo del referéndum de autodeterminación, al mismo tiempo que sembraba el optimismo sobre “un gran acuerdo”, cabía de inmediato vislumbrar la insinceridad que encerraba el contradictorio doble mensaje. Mejor prueba: el silencio independentista. No solo porque el presidente sea fiel seguidor de Groucho Marx en cuanto a la lealtad mutante hacia los principios, según le recordó Rufián, sino porque su cuadratura del círculo, la consulta de autogobierno, estaba resuelta desde 2013 por el constitucionalista Francisco Rubio Llorente.

Fue entonces una sorpresa para quien como yo le profesaba admiración desde que en los años setenta, al lado de sus discípulos, le sirviera de auxiliar en su oposición universitaria. Un exvicepresidente del Constitucional y expresidente del Consejo de Estado, adoptaba una actitud militante, en este diario, ante el Colegio de Periodistas de Catalunya y con el PNV, para abrir una senda aconstitucional que salvara el obstáculo del artículo 92, el “referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Sostenía Rubio que España era “una nación de naciones”, y lo suscribo, pero el artículo 2 de la Constitución dice otra cosa. Su dictamen proponía que pudiesen votar una consulta los ciudadanos catalanes, con refrendo estatal, reformando la Ley Orgánica 2/1980 para que ese voto exclusivamente catalán resultase legal. Referéndum solo formalmente consultivo, pues entre otros, los de la OTAN 1986, Québec 1995 y Gibraltar 2002, muestran que el resultado de tales consultas deviene vinculante. Le repliqué que la jurisprudencia del Constitucional había zanjado el tema al declarar inconstitucional el proyecto de Ibarretxe, en su sentencia 103/2008, plenamente actual, pues “el procedimiento que se quiere abrir no puede dejar de afectar al conjunto de los españoles”. No contestó. Y su propuesta legitimará un previsible disfraz del referéndum, oculto bajo el rechazo de la autodeterminación.

Rubio minusvaloró la estrategia independentista para borrar del mapa al constitucionalismo. Pura antidemocracia ignorada también por Sánchez. Como complemento, despunta ahora la falacia de que el sistema federal es una “cogobernanza” que integra a los Estados miembros en el vértice de las decisiones. Basta mirar a Estados Unidos o Alemania para probar que la jerarquía de competencias resulta estrictamente regulada, tal y como exigieron los Padres Fundadores. Lo buscado por el PSC actualmente nada tiene que ver con la Declaración socialista de Granada en 2013. Y qué decir del privilegio fiscal y en fondos UE para Cataluña, objetivos prioritarios al alcance del patriotismo de estelada. Sánchez cederá. Más despenalización para futuros golpes posmodernos. Recordemos The Federalist: “Los poderes del gobierno federal resultan absolutamente necesarios para alcanzar los fines de la Unión”.