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Atención a los cisnes verdes

Cada vez habrá más repercusiones económicas por eventos debidos al cambio climático. El papel de gobiernos y autoridades reguladoras es fundamental, sobre todo en lo que se refiere al precio del carbono

Enrique Flores

El estadístico Nassim Nicholas Taleb acuñó el término cisne negro para describir eventos improbables y difíciles de predecir que pueden tener un enorme impacto en la economía. Los autores de un informe reciente han introducido ahora en la taxonomía de las finanzas la expresión cisnes verdes: eventos causados por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La aparición de cisnes verdes probablemente sea más predecible que la de los cisnes negros, ya que el cambio climático los torna inevitables. Pero no existen comparaciones históricas que nos ayuden a entender de qué manera el clima y los riesgos ecológicos como los ciclones, los incendios forestales, las sequías y las inundaciones pueden afectar el sistema bancario, la industria del seguro u otra serie de actividades económicas.

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En tanto la actividad económica vaya trasladándose de los combustibles fósiles a las fuentes de energía limpias, algunas actividades desaparecerán, otras surgirán y el valor de los “activos inmovilizados” se desplomará. Si bien este proceso es necesario, debe ser gestionado de manera tal que no cree inestabilidad en el sistema financiero.

Debido a su mandato de estabilidad financiera, los bancos centrales, los supervisores y las autoridades reguladoras tienen un papel central que desempeñar en la transición verde. La reciente Conferencia de Cisnes Verdes organizada por el Banco de Pagos Internacionales, el Banco de Francia, el Fondo Monetario Internacional y la NGFS (Red de Bancos Centrales y Supervisores para Enverdecer el Sistema Financiero) apunta a un creciente reconocimiento de este hecho, aunque la movilización sigue siendo demasiado lenta y demasiado tímida en algunas zonas geográficas.

Con miras a anticipar los efectos del riesgo climático, el Banco de Francia fue el primer banco central en introducir una prueba de resistencia climática integral para los bancos y las compañías de seguro. Mediante el análisis de tres escenarios climáticos a 30 años diseñados por la NGFS (una transición ordenada basada en una estrategia de bajas emisiones de carbono; una transición desordenada y tardía, y un escenario en el que todo sigue igual), la prueba intentó evaluar la exposición de las carteras de la banca y de la industria del seguro a riesgos tanto físicos como de transición.

Este ejercicio demostró que la exposición actual del sistema francés es sólo moderada (según las suposiciones utilizadas). Más importante, la prueba de resistencia climática demostró lo que hará falta para mejorar nuestra comprensión del riesgo climático.

Hay mucho más trabajo por hacer. Por ejemplo, todavía carecemos de bases de datos que detallen las condiciones geográficas en las cadenas de valor globales. Esta información es esencial para evaluar los riesgos físicos para la producción y también sería útil para monitorear las cuestiones de gobernanza social y ambiental de manera más amplia.

La mayor frecuencia y severidad de los desastres vinculados con el clima gradualmente se verán reflejadas en la cobertura y los costos de los seguros, afectando la rentabilidad y las tasas de incumplimiento de pago de las carteras crediticias en el sector bancario. Al mismo tiempo, los banqueros y los gestores de activos ajustarán sus carteras en consecuencia. Y si el precio del carbono sigue subiendo, como debería suceder, se alejarán de los sectores con un alto consumo de carbono, aumentando su exposición a otros factores de riesgo.

Estos comportamientos que varían con el tiempo (y sus efectos colaterales) serán relevantes para la estabilidad financiera, pero son difíciles de modelar. Aun así, unas pocas políticas esenciales ayudarían enormemente a las autoridades reguladoras y a los inversores a administrar el cambio. Primero, quienes se embarquen en la transición verde necesitarán una brújula: debería haber un incremento absolutamente predecible del precio del carbono en un área económica lo más amplia posible. La Unión Europea podría estar en el camino correcto aquí con su Sistema de Negociación de Emisiones (ETS por su sigla en inglés), donde el precio del carbono ha aumentado de 25 euros (30 dólares) por tonelada en enero de 2020 a 50 euros por tonelada hoy. Pero el progreso sigue siendo limitado, porque el ETS cubre sólo alrededor del 40% de las emisiones de la UE.

Como demuestra un informe reciente del G-30, hacen falta compromisos creíbles para proporcionar un precio del carbono predeciblemente en alza para que los inversores, reguladores y autoridades monetarias puedan ajustar sus estrategias con visión de futuro. Si estos compromisos no existen, no podremos impulsar una inversión pública y privada en los ajustes estructurales necesarios para reducir los costos de la transición más amplia.

Para lograrlo, consejos de carbono independientes pueden gestionar la inflación del precio del carbono de manera similar a cómo los bancos centrales manejan la inflación que afecta los precios de los productos. Estas instituciones deberían tener un mandato para trazar un sendero de la inflación del precio del carbono alineado con los objetivos de cero neto para 2050 de sus respectivos gobiernos. Estas políticas deben estar acompañadas por una compensación de aquellos más afectados por una caída del poder adquisitivo debida, por ejemplo, a un incremento en los precios de los combustibles.

Los requerimientos de capital para las instituciones financieras podrían estar asociados a su exposición a un creciente precio del carbono, lo que cambiaría su probabilidad calculada de impagos y pérdidas en su cartera. Los supervisores también necesitarán garantizar que las instituciones financieras establezcan sistemas de gobernanza efectivos para lidiar con el riesgo climático. A diferencia de lo que sucedió con la banca en la sombra, cuyo crecimiento reflejó una capacidad para evitar regulaciones bancarias más estrictas, deberíamos esforzarnos por rastrear muy de cerca a los “emisores en la sombra”. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recientemente reveló que cinco de los diez principales emisores de metano de Estados Unidos son productores de petróleo y gas poco conocidos, respaldados por firmas de inversión poco conocidas.

Es de imaginar que las firmas de capital privado intentarán adquirir propiedades de gas y petróleo riesgosas, desarrollarlas y venderlas con un rédito. Pero no podemos tolerar que inversores “por debajo del radar” compren activos que producen un alto nivel de carbono a precios de liquidación y luego los operen en jurisdicciones laxas. Para prevenir esto hará falta un alto piso global de los precios del carbono, ajustes fiscales en frontera para el carbono o ambas cosas. El costo del capital para estas inversiones debe volverse prohibitivamente alto, aunque esto signifique ajustar el perímetro regulatorio.

Un componente final clave de la política climática son las divulgaciones obligatorias de emisiones de CO₂ y un marco para armonizar estas divulgaciones a nivel global a fin de aplicar estándares mínimos universales. Esta idea ya está ganando impulso y puede volverse más concreta después de la cumbre climática de Naciones Unidas (COP26) en noviembre. La transparencia es crucial para todos los participantes del mercado. A las instituciones a cargo de la estabilidad financiera les incumbe garantizar que los cisnes verdes no se vuelvan negros.

Hélène Rey es profesora de Economía en la London Business School y miembro del Alto Consejo de Estabilidad Financiera.

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