Willy Garamendi

A algunos parece importarles mucho la unidad de España pero muy poco la unidad de los españoles. Quizá son solo maneras de ver un asunto, pero evidencia un conflicto entre quienes aplican una abstracción emocional y simbólica frente a los que priman la convivencia. Nada rompe más esa unidad pretendida que calificar a los que no piensan como tú de malos españoles. Cuando el PP emprendió la recogida de firmas para oponerse a los indultos que iba a conceder el Gobierno a los presos del procés trataba de activar resortes de protesta simbólicos y ruidosos. Pero la gran mayoría de españoles recordaban las masivas marchas que el independentismo catalán ha venido desarrollando durante la última década. Recogida de firmas, cajas de solidaridad, postales humanas, lo que no se puede negar es su capacidad de sacar a la calle a un gran número de personas en Cataluña. Por eso resultaba un poco obtuso querer oponerse a esos actos con el desafío de llenar una plaza de Madrid. La confrontación de plazas llenas y el cuento y recuento de manifestantes no resuelven el problema.

Las sentencias del Supremo forzaban a España a una posición muy incómoda en el mundo diplomático. Rasgos de ese problema van desde los varapalos europeos hasta la denuncia académica por la insostenible persecución económica al exconsejero Mas-Colell. Incluso Putin se atrevió a afrentar al comisionado europeo Josep Borrell cuando le echó en cara los políticos presos para sacudirse la presión solidaria con el opositor Navalni. Un país democrático tiene que esforzarse para no mezclar la cárcel con la actividad política. Algunos se olvidan de que dos presidentes de la Generalitat como Mas y Torra fueron inhabilitados administrativamente sin necesidad de enchironarlos.

La semana pasada una manifestación de policías descontentos terminó por interrumpir un pleno del Ayuntamiento de Cádiz y el lanzamiento de botes de humo contra la sede de la institución. A nadie se le ocurre pedir años de cárcel para los responsables de la convocatoria sindical. Pero por algo similar ocurrido ante la consejería de Hacienda, a un líder de movilización social como Jordi Cuixart se le impusieron casi los mismos años de condena que al llamado Rey del Cachopo por descuartizar a una mujer. Los indultos pretenden devolver al territorio político lo que jamás debió salir de allí.

Es cierto que muchos líderes independentistas ignoran que el quebranto de las leyes no es una prerrogativa de la que pueden disfrutar por mucha gente que movilicen en la calle. Siguen amenazando de manera constante a quienes no piensan como ellos, pero la defensa de la democracia exige más cabeza que víscera. También la derecha, cuyos líderes han sido capaces de convertir al presidente de los empresarios Antonio Garamendi en una especie de Willy Toledo al que colgar en la plaza pública por osar hablar en favor de la distensión, tendrán que reflexionar profundamente sobre lo que significa libertad, más allá de su propio interés estratégico. Su soberbia al señalar a cualquiera que se muestre escéptico ante su reiterado anuncio del apocalipsis patrio les ha llevado a meter en la máquina de picar carne al Rey, a los obispos y a los empresarios. Quizá si pensaran más en la unidad de los españoles no andarían buscando enemigos debajo de las piedras. Porque nuestra joven democracia si de algo anda sobrada es de piedras en el camino.