El sesgo cognitivo

Ha pasado otra semana y parecemos viviendo el mismo día y las mismas horas una y otra vez en medio de la incertidumbre, el caos y los bloqueos. Quienes están llamados a liderar las salidas renuncian privilegiando sus intereses personales como hiciera el Alto Comisionado de La Paz, Miguel Ceballos, para lanzarse en medio del fracaso como candidato a la Presidencia, lo que podría interpretarse como locura mística más la ceguera del poder.

Argumentó que había renunciado desde diciembre para irse en mayo y sin embargo aceptó el cargo de mediador con los representantes de la protesta. Sin poder tramitar las diferencias, aparece ahora en redes sociales con una campaña electoral bajo la consigna TU, Transformación y Unión, cuando su salida sólo prueba que la división en el partido de gobierno se amplía cada vez más.

Fue reemplazado por Emilio Archila para el llamado diálogo social; la ilusión de una nueva interlocución se diluyó rápidamente cuando en la primera reunión del liderazgo renovado se levantaron de la mesa los miembros del gobierno y del comité del paro, sin ser capaces de firmar un preacuerdo mínimo de garantías para ir encontrando una ruta hacia las soluciones estructurales que reclaman las protestas, que cumplen ya un mes en Colombia.

Y mientras en Bogotá fracasaba la instalación de la mesa de negociaciones, en el Pacífico, en Buenaventura, el viceministro del Interior y el viceministro de agricultura y nuevo consejero de Paz, firmaban un acuerdo que validaba la anarquía y entregaba a los manifestantes la potestad de revisar y autorizar las cargas que entran y salen del puerto más importante del país. La incoherencia al interior del gobierno fue puesta al descubierto por el expresidente Álvaro Uribe y el exvicepresidente German Vargas Lleras, quienes trinaron indignados provocando la desautorización de lo firmado.

El gobierno de Iván Duque insiste en que solo firma un preacuerdo de garantías a la protesta si levantan los bloqueos que tienen desabastecidas varias regiones, ocasionan pérdidas por 15 billones de pesos y han quebrado cientos de empresas, tienen represadas 602 mil toneladas de alimentos, perdidos casi un millón de empleos en el campo, cifras que ni siquiera dejó la pandemia.

El comité del paro, por su parte, no es siquiera capaz de recriminar a los que bloquean, como si eso los hiciera más respetables, sin ver que terminarán siendo ellos los responsables de los heridos y muertos y de las quiebras. De víctimas del desempleo y la pobreza pasan al lado de los victimarios. ¿Juega el gobierno a ese desgaste y al caos en que no aparecen las autoridades, como cuando los vándalos incendiaron el Palacio de Justicia de Tuluá? Es posible. Pero el costo es muy alto, hoy por hoy para la ciudadanía no hay Gobierno. Algunos ya analizan si el presidente tiene el Efecto Dunning Kruger, el sesgo cognitivo en virtud del cual los individuos tienden a sobreestimar su habilidad. El sesgo de la superioridad ilusoria que dejé planteado en una entrevista que tuve la oportunidad de hacerle para el libro ‘Iván Duque De frente y a fondo’, como una especie de versión superior de sí mismo.

Las auto entrevistas en las que el presidente habla en inglés, las cientos de reuniones que cita para dar cuentas de las gestiones adelantadas por su gobierno, sin que en tres años haya sido posible la más mínima reforma, las horas infinitas que dedicó a la televisión en el programa Prevención y Acción frente al COVID, que llegó a su fin porque el paro lo obligó a apagar los reflectores, son prueba de una incapacidad para mirar la viga en el ojo propio y dedicarse en cambio a construir narrativas en contra de sus viejos contradictores políticos, como es el caso de Gustavo Petro.

Pasado un mes, nadie se siente representado por el Comité del Paro, pero tampoco por el Gobierno. Ciudadanos contra ciudadanos, mientras los agitadores profesionales y los actores de todas las violencias cruzadas que tenemos en Colombia, las del narcotráfico, las de las disidencias, las de los rabiosos sin límites, las de las izquierdas y derechas armadas, se tomaron el paro. La fuerza pública es vista como enemigo y no como garante, los grupos armados de todo tipo reclutan jóvenes de las pandillas, toda una fuerza de estructuras urbanas que rápidamente se organizan con sus rostros ocultos para hacer de cada día un caos.

La falta de reconocimientos tempranos de los abusos policiales hoy le impide al Gobierno usar a la fuerza pública para desbloquear. Prefirieron dejar sucios a sus propios hombres en vez de pedir perdón y recomponer el rumbo, para no ceder a la autocrítica y ahora no son capaces de sacarlos a las calles por el miedo a la veeduría internacional, que ya contabiliza los abusos de los derechos humanos, y las desapariciones. Se quedaron sin autoridad.

Ojalá la experiencia de la vicepresidenta y ahora canciller Marta Lucia Ramírez se imponga sobre este deterioro institucional. Es buen síntoma que al final de cuentas haya aceptado la visita de la CIDH.