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Hiperliderazgo remolón

La cogobernanza es un sistema de evasión de responsabilidades: nadie quiere tomar medidas impopulares

El Gobierno se prepara para el fin del estado de alarma y estudia qué medidas del escudo social hay que mantener.
El Gobierno se prepara para el fin del estado de alarma y estudia qué medidas del escudo social hay que mantener.POOL MONCLOA/BORJA PUIG DE LA BELLACASA / Europa Press

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La pandemia ha provocado una crisis sanitaria, económica y legal. Los más optimistas esperan que el progreso de la vacunación interrumpa la espiral delirante de innovación jurídica: de prolongarse la crisis, acabaríamos viendo que el delegado de clase y la presidenta de la comunidad de vecinos pueden suspender derechos fundamentales y todos nos sentiríamos personajes de José Luis Cuerda.

Pasamos del hiperliderazgo, el lenguaje bélico y el anuncio de la derrota del virus a una especie de vigilancia remolona, con lo que Germán Teruel ha denominado “estado de alarma líquido”. Hemos tenido restricciones justificables y otras más difíciles de comprender: entre ellas, no poder pasear de noche. El estado de alarma ha durado seis meses: la razón principal era que al Gobierno le costaba renovarlo (la lentitud del Tribunal Constitucional para resolver los recursos sobre los estados de alarma añade un toque ucrónico al asunto). La vacilación se podía entender por la novedad y la prisa. Es más difícil de comprender ahora.

La cogobernanza es un sistema de evasión de responsabilidades: nadie quiere tomar medidas impopulares. Después del verano el Gobierno dejó muchas decisiones en manos de las comunidades autónomas, lo que generó problemas legales. Ahora ha diseñado un mecanismo que pone un límite de tiempo para la respuesta de los tribunales superiores de justicia y establece la posibilidad de plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (el Supremo ya ha emitido un informe crítico con la decisión).

El magistrado Miguel Pasquau Liaño ha escrito: “Estamos en presencia de un subterfugio para eludir una exigencia constitucional de primera importancia: la suspensión generalizada, o para una población indiscriminada, de derechos fundamentales como el de reunión o de libertad de deambulación, requiere autorización parlamentaria”. Es lo que haría el estado de alarma. Algunos —como el PP— defienden una ley orgánica de salud pública para estos casos. Pasquau y otros consideran que el estado de alarma ofrece más garantías.

Se ha criticado la “judicialización de la política” a propósito de la crisis catalana. La caracterización se ajusta más a la situación actual. Se desvían a los tribunales decisiones que corresponden a los parlamentos, la confusión legal y la chapuza se vuelven una costumbre, mientras el presidente del Gobierno presume de éxitos reales o imaginarios, y desaparece cuando las cosas salen mal. @gascondaniel

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