Opinión
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La judicialización de la política

Para la derecha todo lo que no le gusta es de juzgado de guardia. Vox no tiene otra política y el PP cada vez se siente más atraído por sus formas y sus métodos

El portavoz de Vox, Iván Espinosa, con la portavoz del PP, Ana Pastor.
El portavoz de Vox, Iván Espinosa, con la portavoz del PP, Ana Pastor.Kiko Huesca / efe

Sin división de poderes no hay democracia. Sobre ella se articula el control de los abusos de poder. Y la democracia se erosiona cuando el equilibrio entre poderes se rompe. El ejecutivo y el legislativo emanan directamente de la voluntad popular, del voto de la ciudadanía, a pesar de los poderosos intermediarios que operan entre ellos y los votantes, desde imponentes grupos de intereses hasta unos sistemas comunicacionales que crecen en potencia y capacidad de desinformación. El poder judicial se configura por caminos más opacos, con una importante componente corporativista.

Toda pretensión de un poder de imponerse sobre los demás es letal para la democracia. Las mayorías parlamentarias pretenden ejercer control sobre el poder judicial a partir de la intervención en los procesos de configuración de sus jerarquías. Y el que gobierna tiende a dar por supuesto que el poder judicial debe ser sensible a su autoridad, del mismo modo que la oposición política busca en el poder judicial atajos en su carrera hacia la conquista del poder. Si además hay poderes contramayoritarios que especulan con estas contradicciones a favor de sus intereses, la cosa se pone extraordinariamente fea. En todos los países encontraremos ejemplos de los intentos de un poder para hacer suyo a otro. La era Trump ofrece abundantes ejemplos de cómo el presidente usa el poder judicial en beneficio propio. Y, sin ir tan lejos, Macron quizás no sería hoy presidente de Francia si en vigilias de las elecciones un tribunal no hubiese actuado contra la esposa de François Fillon por unas acusaciones que después han tenido recorrido limitado. No es, sin embargo, de la misma naturaleza la caída del presidente Rajoy. La moción de censura que lo tumbó no fue por una actuación judicial contra él sino por una serie de sentencias que corroboraron la corrupción estructural del PP, sin que el presidente y máximo responsable del partido asumiera sus responsabilidades políticas. Y esta fue la razón de su caída.

El debate político en España ha regresado a las descalificaciones e insultos, un ejercicio impropio de la situación de emergencia que vive el país. Y que no ayuda en absoluto a la reputación de una clase política ya de por sí muy desprestigiada. La estrategia, que viene ya de lejos, de la derecha de acudir al juzgado de guardia para dirimir cuestiones estrictamente políticas o el desencuentro entre el ministro Marlaska y algunos mandos de la Guardia Civil, si adquieren relevancia es por el marco de judicialización en que la política española está instalada. Y no hay indicio alguno de que se quiera afrontar esta deformación que va camino de ser sistémica.

El principio de división de poderes debería impedir que un poder entrara en el terreno del otro por cuestiones que no le corresponden. Y así como el poder político no debe condicionar las decisiones de los tribunales, el poder judicial no debería intervenir en el normal quehacer de las decisiones políticas. Su actuación debe responder a indicios racionales de delito, no a la valoración y el control de las decisiones políticas que corresponde al parlamento. Para la derecha todo lo que no le gusta es de juzgado de guardia. Vox no tiene otra política y el PP cada vez se siente más atraído por sus formas y sus métodos. Y así se judicializa la política hasta el punto de que es legítimo preguntarse si el judicial es hoy el poder hegemónico en España.

Rajoy tuvo cinco años (2012-2017) para afrontar políticamente la cuestión catalana y acabó subrogando su responsabilidad al poder judicial, con la complicidad del PSOE. Y tuvimos así un gran juicio por un conflicto político, lo que en democracia siempre es un fracaso. La tendencia sigue y la derecha quiere discutir en los juzgados la respuesta a la pandemia del coronavirus en vez de buscar un espacio compartido para afrontar la triple crisis que tenemos por delante: sanitaria, económica y educativa. La ciudadanía se debate entre el miedo y la necesidad de recuperar derechos y volver a una vida social digna de este nombre, con una quiebra económica debajo de sus pies, mientras los partidos políticos se pelean entre amenazas de ir al juzgado de guardia. La derecha encuentra territorio fértil para esta patética estrategia en un poder judicial conservador por naturaleza y montado sobre un sistema de oposiciones de sesgo corporativo y hereditario.