Editorial
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Más vivienda pública en alquiler

El aumento de la oferta es la mejor solución para garantizar precios accesibles

Una vivienda destinada a alquiler social, el pasado septiembre en Barcelona.
Una vivienda destinada a alquiler social, el pasado septiembre en Barcelona.Albert Garcia / EL PAÍS

Los últimos datos sobre vivienda protegida en España muestran que poco más de una de cada diez casas construidas con ayudas públicas en los últimos cinco años tenían por finalidad el alquiler. La estadística ilustra a las claras dónde está la base del problema de accesibilidad a la vivienda en nuestro país: la escasez de parque social en alquiler. El reto de corregir esa situación, y acercarse a los estándares de algunos vecinos europeos, debe centrar el esfuerzo de las administraciones y ser la vía prioritaria para garantizar el derecho a la vivienda.

La promoción de edificios residenciales es un proceso lento, que solo da frutos en el medio plazo. No es posible construir un bloque de viviendas de un día para otro. Pero la ampliación de la oferta es mejor solución que el control de precios para el problema de acceso, y por ello es preciso impulsar cuanto antes la tarea pendiente. El Gobierno prometió, sin ponerle fecha, la construcción de hasta 44.000 nuevos pisos en alquiler social y asequible que deben salir de proyectos estatales, autonómicos y municipales. Cuanto antes, mejor. Máxime tras una década de ausencia de estas políticas y de presupuestos menguantes.

La crisis del coronavirus y el empeoramiento de la situación económica se traducen en mayores problemas para muchas familias con los gastos de la vivienda. Pero también ha dado un respiro, al menos temporal, a los precios de los alquileres. Las rentas han bajado tras años de fuertes tensiones, sobre todo en las principales ciudades, según los escasos datos disponibles. No debe desaprovecharse este relativo respiro para activar políticas que den respuestas a medio y largo plazo.

El Ejecutivo se ha planteado obligar a que la mitad de los suelos reservados para levantar vivienda protegida deban destinarse a pisos de alquiler. También que la figura de protección pública no desaparezca. Este es uno de los males que han afectado a España en el pasado, con el trasvase de millones de viviendas de protección oficial —hechas con dinero público— al mercado y controvertidas ventas de viviendas sociales a fondos de inversión.

A las iniciativas mencionadas se une el impulso de las ayudas europeas. El plan de recuperación reserva 1.000 millones para edificar viviendas sociales que deberán llevar por fuerza, Bruselas obliga, el sello de la eficiencia energética. La colaboración entre instituciones y con el sector privado se antoja imprescindible para dar el máximo rendimiento a esos fondos. En definitiva, hay voluntad y más medios de los previstos para acercarse al objetivo. Opciones como las deducciones fiscales son herramientas razonables para paliar el problema, pero la vía maestra es la ampliación de la oferta. España debería activarse con vigor para avanzar en esta senda.

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