Biden y el marxismo cubano

El comunismo cubano hubiera deseado inaugurar su octavo Congreso con señales de que Joe Biden continuará la distensión de Barack Obama, fundamental para evitar el desmoronamiento económico, pero se topa con un escenario muy distinto: el presidente norteamericano no levanta ninguna de las 280 sanciones decretadas por la última Administración republicana, asumió un informe que define a Cuba como una dictadura que viola sistemáticamente los derecho humanos, y el secretario de Estado, Antony Blinken, no se ha reunido con el canciller cubano pese a haberlo hecho con decenas de ministros de otros países.

Las relaciones con el Congreso, los cálculos de la gobernabilidad y los lobbies determinan las políticas de la Casa Blanca, pero las coyunturas cambian: cabe suponer que el deshielo se implementará a cuentagotas y con requisitos: primero, la retirada de Cuba de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo, una de las últimas medidas de Trump, y después, la reanudación de viajes y remesas. Si no es así, la mayor de las Antillas regresará a su histórica rutina: crisis, desabastecimiento y atrincheramiento ideológico. Los reformistas del partido, que los hay, asumieron el astuto armisticio de Obama: Estados Unidos no tiene la capacidad de imponer cambios, no quiere imponer su sistema político y económico y el modelo a seguir dependerá del pueblo cubano.

Parece obvio que el modelo preferido por pueblo cubano es más capitalista que marxista leninista, a juzgar por su dinamismo, la envergadura de la diáspora, los 600.000 emprendedores privados, el 13% la población laboralmente activa, y la memoria de los fracasos soviéticos. Aunque la transparencia no es virtud del Buro Político y ni del Comité Central, la realidad afrontada por el congreso es cristalina: escasez de bienes de consumo y salarios sin capacidad adquisitiva, incluidos los devengados por los delegados. Más allá de combatir la subversión político-ideológica de las redes, el Congreso jubilará a Raúl Castro, que continuará todopoderoso. Sería deseable que la reunión partidista licenciara el inmovilismo, y Estados Unidos garantizase que no aprovechará las liberalizaciones para menoscabar los logros en los sectores de la sanidad y la educación.

Las transformaciones estructurales no admiten demoras porque el embargo no es el principal responsable de las colas, la contracción inversora y un hundimiento del PIB sin precedentes en tres decenios. El estrangulamiento siempre fue la opción de Washington pese a que las políticas coercitivas de once Administraciones tuvieron el efecto de abortar las tímidas reformas económicas de los noventa en la isla. Contrariamente, a principios de 2016, los cauces abiertos por distensión bilateral multiplicaron el acceso a Internet y un cierto repliegue de la represión y la mordaza. Una avalancha de intercambios y esquemas capitalistas de difícil contención invadió la isla y el discurso oficial, y alertó a los ortodoxos del PCC: el sector privado, la quinta columna concebida por Obama, cobraba fuerza. No se equivocaría el presidente norteamericano si anulara las sanciones de Trump, reanuda la normalización diplomática y, desde el entendimiento, fomenta la libertad económica y política de Cuba.

Conviene ponderar que Biden no es Obama, ni Raúl es Fidel. Dos herederos sin el carisma de sus antecesores pero con capacidad suficiente para reconducir una confrontación vecinal avivada por el radicalismo de Miami y los flancos estalinistas de La Habana. Aunque Raúl Castro quiera tumbarse a la bartola, para leer y cuidar de los nietos, no podrá hacerlo despreocupadamente, ni esa es su intención. Deng Xiaoping imperó en China sin cargos. Miguel Díaz-Canel le consultará antes de acometer cualquier medida susceptible de atentar contra las esencias revolucionarias. Nada trascedente escapará al escrutinio del anciano comandante de Sierra Maestra. Alejandro Castro Espín, jefe del Consejo de Defensa y Seguridad, que coordina los cuerpos de espionaje y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, se encargará de mantener informado a su padre.

Las políticas de Estados Unidos para asfixiar a Cuba, entre ellas las leyes del embargo, fueron de aprobación bipartidista, pero el poder Ejecutivo marca la diferencia, más notablemente en el segundo mandato de su titular, muy lejos del horizonte de Biden, que haría bien en aprovechar el primero para reanudar las negociaciones con el mandamás cubano, que no es inmortal. Ministro de Defensa durante cinco décadas, garantizaría el marco de la transición hacia pluralismo de una nación geoestratégica para Estados Unidos, a un tiro de piedra de Key West.

No resulta descabellado aventurar una dispersión del poder a la muerte del dirigente que en junio cumple 90 años; eventualmente se registrarán cambios en la correlación de las fuerzas civiles y militares, disputas en la nomenclatura del partido y el surgimiento de facciones interesadas en administrar el conglomerado de empresas estatales GAESA, presidido por el general Luis Alberto Rodríguez, ex marido de una hija de Raúl Castro. En el peor de los escenarios, violencia la calles sin un líder a quien la Casa Blanca pueda dirigirse para pacificarlas.

El académico Jorge Domínguez se pregunta: ¿Cuál es el interés nacional de Estados Unidos con respecto a Cuba? ¿Disuadir, bloquear y castigar a las organizaciones criminales transnacionales que buscar cruzar el espacio terrestre, marítimo o aéreo de Cuba para entrar en Estados Unidos ¿Asegurar una frontera terrestre a lo largo de la periferia de la base estadounidense cerca de Guantánamo?, ¿Conseguir la cooperación del gobierno cubano para prevenir la migración indocumentada a través del Estrecho de Florida? ¿Prevenir y detener ataques terroristas por aire, tierra y mar? Si la respuesta es afirmativa, señala, conviene que Washington reanude los acuerdos de finales de 2016 y enero de 2017. Y si las relaciones bilaterales mejoran, la represión pierde excusas y las políticas aperturistas del régimen serán más factibles en todos los ámbitos.

Todos los Congreso del PCC han incidido en la necesidad de actualizar el modelo económico y cambiar lo cambiable sin las presiones del Estados Unidos. Pero la gestión de la economía seguirá siendo estatal. “No somos ingenuos, ni ignoramos la influencia de poderosas fuerzas externas que intentan empoderar a los sectores privados, para generar agentes de cambio en la esperanza de acabar con la Revolución”, proclamó Raúl Castro. Efectivamente, esa es la intención. Y si el relevo generacional no acomete en el Congreso un reforma del Estado, un proyecto político y económico viable, generador de libertades, bienestar y justicia, no hará falta que el imperio empodere al sector privado para liquidar la revolución. La matarán el centralismo y los planes quinquenales imposibles.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región