Fondos europeos: apuestas sensatas, pero falta diálogo

El plan de recuperación, transformación y resiliencia es una gran oportunidad para modernizar la economía española. La disponibilidad de una cantidad equivalente a más de 10 puntos de PIB —en seis años, la mitad en subsidios de la UE a fondo perdido— para invertirla en su reforma es de por sí una circunstancia extraordinaria. Ir en sintonía con el resto del continente puede reforzar más aún su impacto. Pese al discutible exceso de énfasis, hizo bien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en resaltarlo en la presentación formal de su proyecto al Congreso.

Es pronto para expresar un juicio definitivo. Debe observarse que quedan innumerables incógnitas por despejar (pero también que otros países europeos no están más adelantados en ese sentido). Aun así, en una mirada de conjunto, puede considerarse que las inversiones propuestas están razonablemente perfiladas. Las principales apuestas (automoción sostenible; rehabilitación de inmuebles para lograr eficiencia energética; digitalización del sector público, de las pymes, y de la población; ciencia; energías renovables...) tienen sentido para afrontar las carencias del sistema, algunas de larga y penosa historia, que la pandemia ha agudizado. Las directrices de inversión son resultado de una reflexión previa con Bruselas y los agentes económicos y sociales, y en el debate político español no han aflorado serias enmiendas sobre esa arquitectura.

Pero el resultado final del plan no solo dependerá de la estrategia, sino de su apropiación eficaz por empresas, administraciones y agentes sociales. La clave radica en que todos asuman que se trata de transformar el modelo productivo (hacia el horizonte digital y verde), no solo de adecuar los planes de algunas empresas. De dinamizar y reconvertir la economía, aumentando su productividad, más que de superar las urgencias de la pandemia (para lo que ya existen los ERTE, los avales del ICO y las ayudas directas). Y de que, partiendo de las empresas con mayor capacidad de programación, por tamaño y/o influencia, el plan logre involucrar al tejido de pymes y autónomos.

De esas condiciones depende que llegue a buen puerto. Y por eso resulta lastimoso que el diálogo mantenido con los agentes socioeconómicos no se haya extendido en el nivel necesario al ámbito político, con la —relativa— excepción de las comunidades autónomas. El Gobierno tenía y tiene la obligación de involucrar a la oposición en la plasmación de un plan que él mismo define como histórico. El tono desmedido del PP, que ayer lo criticó todo, pero nada propuso para mejorar el plan, hace pensar que ese esfuerzo no resultaría especialmente productivo: pero eso no resta un ápice a la obligación del Gobierno de intentarlo. En ese aspecto, el balance es deficitario.

En cuanto al eje de reformas estructurales que debe ir en paralelo a los proyectos concretos, hay que constatar con inquietud que queda un recorrido largo para encarrilar las áreas clave: mercado laboral; pensiones; sistema fiscal. El Ejecutivo ha logrado avances puntuales en estos sectores (teletrabajo, tasa Google, aprobación de medidas en el marco del Pacto de Toledo). Pero queda por delante lo esencial. Su definición marcará el juicio final.