Cómo saber si España puede

Enfoques a corto, medio y largo plazo; cuatro objetivos transversales; diez “políticas palanca” con sus 30 “componentes”; y 70.000 millones de euros para invertir entre 2021 y 2023 con el objetivo de modernizar la economía española, entendiendo por tal, como la Unión Europea ha definido, su digitalización y transición ecológica.

No han faltado adjetivos ni comparaciones con los grandes momentos de la Historia reciente española para definir España Puede, el plan que el Gobierno enviará a la Comisión Europea en unos días para determinar el destino de los fondos Next Generation UE, y no es para menos. La transversalidad de las políticas que abarca, la magnitud de los fondos disponibles, y sobre todo la necesidad de la que parte, no aconsejan otra cosa y obligan a hacer de éste un “Proyecto país”.

Un proyecto de país no solo pertenece al Gobierno, ni a las Administraciones Públicas, ni a las empresas o agentes sociales. Un proyecto de país es de todos estos agentes y otros más, tanto de los que tienen hoy responsabilidades en organismos públicos, privados y sociales, como de los que pueden tenerlas en el futuro.

Tanto es así que este programa, consciente de la complejidad que encierra, propone medidas a ejecutar entre 2021 y 2023, y deja deliberadamente pendiente lo restante hasta 2026. Esto, que podría considerarse un ejercicio de prudencia, resulta confuso al carecer del instrumento fundamental que le daría consistencia: la medición del impacto que estas políticas van a generar para conseguir el objetivo último, que no es otro que “avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria”. ¿Cómo se sabrá si las políticas son las adecuadas y están surtiendo los efectos oportunos? ¿Cómo se comprobará qué políticas están siendo más eficaces, cuáles a medias y cuáles menos? Y además, ¿cómo podremos seguirlo, entenderlo y evaluarlo el conjunto de la ciudadanía? Más allá de las auditorías y controles de gasto y legalidad oportunos, nada se dice del impacto.

Esta sería una ocasión de oro para recuperar una Agencia de Evaluación de Políticas Públicas que pudiera seguir y valorar el impacto de lo implementado. Si esto no es posible, al menos sería deseable definir unos indicadores de impacto que permitieran medir el alcance de lo hecho y programar los siguientes ejercicios de acuerdo al resultado de la evaluación. Y si esto tampoco fuera viable, resultará, al menos, imprescindible, que este programa entre dentro del perímetro de acción de Cumpliendo, el proceso de rendición de cuentas que acaba de nacer y que pretende mostrar a la ciudadanía el cumplimiento de los compromisos de gobierno.

Lo que no se mide no se puede mejorar, y en este programa nos jugamos demasiado. España necesita afrontar transformaciones esenciales. Una de ellas, y no la menos importante, tiene que ver con la participación, la transparencia, la evaluación sistemática y la rendición de cuentas.