Los inspectores de Hacienda piden reforzar el rol de la Agencia Tributaria en la evaluación de las políticas públicas

La Agencia Tributaria está inmersa en una profunda reorganización interna, tal y como prevé su plan estratégico. Algunos de estos cambios, que se han ido publicando a lo largo de los pasados días en distintas órdenes ministeriales y resoluciones de la Presidencia de la Agencia Tributaria, pasan por reformar la estructura territorial, impulsar la transformación tecnológica o ampliar competencias. Unos cambios que los Inspectores de Hacienda del Estado aplauden, pero que piden profundizar. Entre otros aspectos, destacan la necesidad de ahondar en el proceso de nacionalización de funciones y en que la Agencia tenga los medios suficientes y adecuados para evaluar las políticas relativas a los ingresos públicos.

“Ya lo pedimos hace años y lo volvemos a reiterar: es necesario que las medidas que se aprueban en el Congreso tengan una memoria y un seguimiento de la Agencia Tributaria”, resume Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado. Hace referencia a la ampliación de competencias que se ha aprobado para el Servicio de Estudios Tributarios y Estadísticos, que a partir de ahora no solo llevará a cabo la presupuestación y la previsión a medio plazo de los ingresos tributarios, sino también de los no tributarios ―por ejemplo, sanciones―.

Los inspectores de Hacienda piden que este organismo, competente para llevar a cabo micro simulaciones para conocer el impacto fiscal de los cambios normativos relativos a los ingresos públicos, se convierta en una suerte de agencia de evaluación de políticas públicas capaz de elaborar un dictamen ex ante y realizar un seguimiento ex post para determinar si se ha logrado el objetivo deseado, complementando el trabajo de la Autoridad Fiscal. Por ello, reclaman que este Servicio cuente con los medios suficientes y que se realicen análisis que no sean solo descriptivos. Asimismo, los inspectores piden profundizar en la integración entre los departamentos de Gestión y de Inspección, para que una parte del primero se integre en el segundo en un único organismo de control.

Nacionalización y reorganización

La reorganización interna de la Agencia Tributaria pretende mejorar la eficiencia impulsando los procesos de nacionalización y regionalización. En el primer caso, habrá funciones que pasarán a ser realizadas por equipos que se encarguen de todo el territorio nacional, independientemente de dónde estén ubicados. En este sentido, se han creado un equipo nacional de enajenaciones y otro de embargos y se ha nacionalizado la comprobación del impuesto sobre el patrimonio de los no residentes, que realizará una única delegación.

En el segundo, tareas que ahora se realizan a nivel provincial se llevarán a cabo en ámbito regional. Es decir que cualquier funcionario, sin importar la delegación, puede llevar a cabo tareas relativas a contribuyentes que de otro municipio de la comunidad. “El cambio va en la dirección correcta, pero pedimos que nos reorganicemos no solo dentro de las comunidades, sino entre comunidades, para que todos tengamos competencias nacionales y se distribuya la carga de trabajo”, comenta Pérez Boga.

Digitalización

También se introduce una nueva categoría de Administraciones de Asistencia Digital Integral (ADIs), plataformas que tienen el objetivo de ofrecer información y asistencia a través de canales no presenciales, y que según los inspectores de Hacienda debería de complementarse con el teletrabajo para dar más flexibilidad en línea con el nuevo reparto de funciones. Asimismo, algunas de las oficinas de tamaño reducido en zonas con pocos contribuyentes se convertirán en puntos de información y asistencia (PIAs).

“Lo digital ya se ha convertido en un hecho por la pandemia y el contribuyente nos lo pide”, analiza Pérez Boga, quien añade que la transición digital también ahorraría costes y se podría aprovechar para impulsar la colaboración entre Administraciones con la creación de oficinas de atención integral. Siempre y cuando se garantice el servicio presencial a aquellos contribuyentes que no puedan acceder a las nuevas tecnologías.