Extremos en Perú

Los peruanos deberán elegir entre dos candidatos muy diferentes en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 6 de junio. Se trata de dos opciones polarizadoras, muy alejadas del centro y cuya victoria el pasado domingo sobre las demás candidaturas obliga a una seria reflexión de la clase política de Perú sobre su responsabilidad en que la ciudadanía haya dado la espalda a las formaciones más institucionales.

La gran fragmentación del voto en las urnas ha dado la victoria al sindicalista de izquierda radical Pedro Castillo, sin duda la gran sorpresa de estos comicios. Este maestro, que representa al voto rural habitualmente olvidado por la clase dirigente en sus políticas y en sus discursos, ha obtenido más de un 18% de los sufragios. El vencedor de la primera vuelta tiene un gran tirón popular en las zonas más pobres del país, pero es prácticamente un desconocido en Lima y su área metropolitana, donde se agrupa un cuarto de la población peruana. Castillo es el ejemplo perfecto del divorcio entre la sociedad urbana y la rural que, aunque oficialmente convivan en el mismo país y estén gobernados por las mismas instituciones, habitan realidades paralelas sin que ningún Gobierno haya logrado acercarlas.

Pero mientras la opción de Castillo supone un cambio radical en las prioridades del Gobierno nacional, la alternativa que se presenta en las urnas es un salto a un tenebroso pasado y a un más que turbio presente. Lanzada a la política con el objetivo de liberar a su padre —el expresidente y posterior dictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado y encarcelado por violación de los derechos humanos y corrupción, entre otros delitos— Keiko Fujimori aporta su propio bagaje de escándalos políticos. En la actualidad está en libertad vigilada mientras se la investiga por blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y obstrucción a la justicia. Su partido, Fuerza Popular, ha llevado al colapso al Congreso del país y forzado graves crisis institucionales como la acaecida en 2019, cuando el Ejército tuvo que hacer explícito su apoyo a la Constitución y sus instituciones después de que el partido de Keiko Fujimori se negara a acatar la disolución legal del Parlamento y la consecuente convocatoria electoral.

Pero esta situación no surge de la nada. El resultado de esta primera vuelta es el amargo fruto de una larga trayectoria de fracaso político en Perú, marcado por una profunda corrupción. De hecho, casi todos los presidentes de la República desde que Perú recuperó la democracia han sido procesados por este delito. El paso a la segunda vuelta de dos candidatos extremos no es una perspectiva tranquilizadora para un país que necesita una regeneración política serena e integradora.