La justicia como revancha

Es paradójico que la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, esté detenida, entre otros, por el delito de “terrorismo”. Durante su gobierno, que terminó en noviembre, los fiscales usaron la misma definición de “terrorismo”, que es excesivamente amplia y ambigua en la legislación boliviana, para perseguir a su antecesor, Evo Morales. Ambos casos ponen de manifiesto los riesgos que entraña un sistema de justicia que responde al poder de turno, y la necesidad urgente de impulsar una reforma profunda.

La falta de independencia del sistema de justicia boliviano se agravó durante los 14 años que Morales estuvo en el poder. Durante el gobierno de Áñez, no hubo ninguna mejora. Por el contrario, su Gobierno presionó públicamente a fiscales para que favorecieran sus intereses políticos, lo cual resultó en investigaciones penales por sedición o terrorismo contra más de 100 partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS). Muchos de esos casos estaban motivados en intereses políticos.

El expediente de más de 1.500 páginas contra Morales, al cual tuvimos acceso, no contenía ninguna prueba de que hubiera cometido actos que efectivamente pudieran calificar como terrorismo. Del mismo modo, los cargos de terrorismo contra Áñez, que también examinamos, carecen de fundamento.

Morales nunca fue detenido, ya que se exilió en el extranjero. Áñez, sin embargo, se enfrenta a cuatro meses de detención preventiva y hasta 24 años de cárcel si es condenada.

En octubre, Luis Arce, el candidato del MAS, ganó las elecciones presidenciales por una amplia diferencia. Poco después, Arce dijo en una entrevista con EL PAÍS que la justicia “es una deuda que tenemos como MAS” y prometió que, durante su gobierno, no habría presión política hacia jueces o fiscales. En noviembre, creó una comisión de alto nivel, con figuras de oposición y gobierno, para proponer reformas que permitan establecer un sistema de justicia independiente. Hoy las declaraciones e iniciativas presidenciales parecen promesas vacías.

De hecho, el Gobierno actual ha defendido las detenciones de Áñez y dos de sus exministros, a quienes la fiscalía ha acusado de “terrorismo”, “sedición” y “conspiración” por su presunta participación en el golpe de Estado contra Morales en noviembre de 2019. La fiscalía también ha dictado una orden de detención contra otros tres exministros. Abrió la causa contra todos ellos a partir de una denuncia de una exdiputada del MAS.

La oposición niega que haya habido un golpe de Estado y sostiene que Morales renunció después de que miles de bolivianos se manifestaran contra un presunto fraude electoral en los comicios de octubre de 2019. Observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea denunciaron graves irregularidades durante ese proceso. Los partidarios del MAS, en cambio, afirman que no existió fraude y que líderes opositores conspiraron para hacerse con el poder. Lo que sí está claro es que los altos mandos de la Policía y de las Fuerzas Armadas le “sugirieron” a Morales que renunciara. Así lo hizo.

La Fiscalía General debería investigar rigurosamente las denuncias de violaciones al derecho al voto e intentos de atentar contra la voluntad popular expresada en las urnas, ya sea por efecto de fraude electoral, amenazas u otras acciones destinadas a afectar los resultados.

La imputación formal contra Áñez y los dos exministros que pudimos conocer, alega que los tres han “promovido, creado, dirigido, formado parte y prestado apoyo” a organizaciones cuyo objetivo era quebrantar el “orden constitucional” del país. En el documento no resulta claro cuál es la evidencia contra ellos.

Áñez, que era entonces la segunda vicepresidenta del Senado, se convirtió en presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de las cuatro autoridades, del MAS, que la precedían en la línea sucesoria. Una de ellas, el presidente de la Cámara de Diputados, se vio obligado a renunciar luego de que una turba tomara a su hermano como rehén y le exigiera que se retirara del cargo. El Tribunal Constitucional declaró que se debía seguir la línea de sucesión y que, por ello, Áñez era la presidenta interina legítima de Bolivia.

Durante su presidencia se cometieron graves violaciones de derechos humanos, y los responsables aún no han respondido por sus crímenes. El 15 de noviembre de 2019, Áñez dictó un decreto que otorgó excesivas y discrecionales facultades a las fuerzas militares para emplear fuerza contra manifestantes. Ese mismo día, 10 partidarios del MAS fueron asesinados en la localidad central de Sacaba y el 19 de noviembre otros 10 murieron en Senkata, en las afueras de La Paz. Diversos testigos nos dijeron que las fuerzas estatales abrieron fuego contra manifestantes desarmados en los dos casos. Pero el actual proceso penal no se refiere a estos graves abusos, sino a las acciones de Áñez antes de convertirse en presidenta interina, según ha explicado el actual ministro de Justicia.

Los partidarios y detractores del MAS también parecen haber cometido graves actos de violencia en octubre y noviembre de 2019, incluyendo incendios deliberados y secuestros. Algunos partidarios del MAS también habrían asesinado a dos manifestantes contrarios a Morales en la localidad de Montero.

En febrero de 2021, la Asamblea Plurinacional, donde el MAS tiene mayoría, aprobó un decreto con un lenguaje sumamente impreciso que establece amnistías e indultos genéricos para beneficiar a los procesados durante el gobierno de Áñez por delitos vinculados con la “crisis política” que empezó en octubre de 2019. Los líderes del MAS han dejado en claro que el decreto está concebido para favorecer únicamente a simpatizantes del MAS.

Las víctimas merecen una justicia genuina e imparcial, que castigue a todos los responsables de delitos, sin recibir amnistías ni indultos en función de su filiación política. No ayudan en nada a esas víctimas investigaciones parcializadas que violen los derechos al debido proceso, que socaven el Estado de derecho y que son cuestionadas dentro y fuera de Bolivia.

Durante el gobierno de Áñez, instamos al Ministerio Público a retirar cargos caprichosos y abusivos, incluyendo contra Evo Morales, y a respetar los derechos humanos de todos, sin selectividad. Hoy, ante el gobierno de Arce, hacemos el mismo llamado.

César Muñoz Acebes es investigador sénior de Human Rights Watch y José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch.