Por los militares y guardias civiles que defendieron la democracia en 1936
A veces se nos olvida que las primeras víctimas, en los albores del golpe de Estado, fueron parte de la cúpula militar por mantenerse fiel al Gobierno de la República
En 1998, en una excavación en el casco antiguo de Cádiz conocida como Casa del Obispo, se encontró un anillo fenicio dentro de un monumento funerario que, según los expertos, data de entre los siglos VII a VI a. C. Un anillo de oro que se presume perteneció a alguien relevante de aquel momento histórico. El nombre del propietario de aquella joya está sin resolver, pero lo importante de la aparición de aquel anillo era una evidencia más por la que se constata la antigüedad de la ciudad de Cádiz y su importancia. Así es como los arqueólogos e investigadores van trazando la cronología de la historia y descifrando nuestro pasado. Este anillo se encuentra hoy en un lugar privilegiado del Museo de Cádiz, expuesto para que toda persona que lo desee pueda contemplarlo y conocer su historia y la de la ciudad.
A pocos kilómetros de donde fue hallado ese anillo fenicio, en el cercano municipio de San Fernando, también en un enterramiento, en este caso una fosa común, apareció recientemente otro anillo. Este no era de oro, ni de la época fenicia. Se encontró en una fosa común de las que abrió el franquismo para depositar los cadáveres de los españoles que defendieron la democracia frente al golpe de Estado de 1936.
En el caso del anillo de la fosa común sí se ha podido identificar a su propietario. El anillo pertenecía a Alberto García Martínez, natural de Cartagena (Murcia), de 43 años de edad y cabo de la Armada que defendió la democracia española como fogonero a bordo del destructor Almirante Valdés.
Según las investigaciones, llevadas a cabo por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Democrática, Social y Política de San Fernando (AMEDE) que lleva años realizando las investigaciones en las fosas del franquismo encontradas en el cementerio municipal, el cabo fue fusilado sobre las seis de la mañana del 18 de julio de 1940 en el camposanto y enterrado junto con, al menos, otras 108 personas, la mayoría de ellas militares, como ha quedado constatado a lo largo de las investigaciones y al encontrarse parte de su uniforme de militar.
En abril de 2019, siendo aún diputado de Unidas Podemos y portavoz de la Comisión de Defensa del Congreso, tuve la oportunidad de conocer a los miembros de AMEDE, en el lugar donde están trabajando. Conocí la impecable labor que están realizando, con recursos muy austeros y con algunas administraciones mirando hacía otro lado. Entre ellas, el Ministerio de Defensa.
Algunos episodios que últimamente han protagonizado miembros de las Fuerzas Armadas, como el manifiesto que firmaron algunos oficiales en reconocimiento del régimen franquista, entre los que se encontraba el ahora diputado de Vox Agustín Rosety, o el último manifiesto, también firmado por militares de alta graduación ya jubilados, en el que pedían la intervención de las Fuerzas Armadas (un golpe de Estado), provoca que a veces olvidemos a aquellos militares demócratas, decentes, honrados y fieles a la legalidad de 1936.
A veces se nos olvida que las primeras víctimas, en los albores del golpe de Estado de 1936, fueron parte de la cúpula militar por mantenerse fiel al Gobierno de la República. Así lo contó el periodista Antonio Alonso Baño en EL PAÍS en 1980: “Solo se sublevó un general de los ocho capitanes generales que mandaban las ocho regiones militares en que estaba dividido el país. Del total de 21 oficiales generales de mayor graduación dentro del Ejército, 17 permanecieron fieles al Gobierno de la República y tan solo cuatro se sumaron al alzamiento. Los seis generales de la Guardia Civil se mantuvieron asimismo fieles al Gobierno republicano”
Es decir, nuestro país le debe un homenaje a los militares y guardias civiles que dieron su vida por la democracia frente al golpe de Estado fascista de 1936. Defender su memoria, su honor y el papel heroico que jugaron para proteger a España de los sublevados. No solo es que sea de justicia defender el buen hombre de estos españoles con uniforme que arriesgaron su vida por defender la República, es que es necesario que el Estado lance un mensaje rotundo: defender la patria es defender su democracia, no hacer llamamientos golpistas contra el Gobierno democráticamente elegido.
Los militares que fueron víctimas del franquismo deben ocupar las páginas más gloriosas de nuestro país y de la historia del Ejército. Se lo debemos. Nos lo debemos como país. Se me antojan pocos actos más patrióticos que defender a España de las garras descivilizatorias del fascismo.
Juan Antonio Delgado Ramos es guardia civil y miembro del Comité Ejecutivo Estatal de Podemos
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