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De Herrera a Herrera: mujeres contra el patriarcado en El Salvador

El fanatismo en torno al aborto instaura regímenes brutales de persecución y tortura hacia las mujeres que se cobra víctimas mortales como Manuela

Mujeres celebran en Ciudad Delgado (El Salvador) en 2019 la retirada de cargos de Evelyn Hernández, presa por un aborto espontáneo y acusada de homicidio agravado.
Mujeres celebran en Ciudad Delgado (El Salvador) en 2019 la retirada de cargos de Evelyn Hernández, presa por un aborto espontáneo y acusada de homicidio agravado.Salvador Melendez / AP

Una voz extranjera le hizo llegar a la salvadoreña Morena Herrera la información. ”Hay mujeres presas por aborto”, le decía aquella mujer, “y estarán presas treinta años o más”. Herrera no creyó en lo que escuchaba, la pena por el delito de aborto tenía un máximo de ocho años en el código penal. ¿Por qué sentencias tan largas? Pidió que la intérprete le explicara cómo era que Donna Ferrato sabía sobre aquellas mujeres. Ferrato había terminado un ensayo fotográfico para el diario The New York Times sobre la penalización del aborto en El Salvador y escuchó la historia de boca de las propias mujeres presas. Una de ellas se llamaba Karina Herrera. La coincidencia de los apellidos fue fundamental para que Morena iniciara el viaje que le permitiría identificar a las mujeres y luchar en los tribunales nacionales e internacionales por el derecho a la libertad.

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Era el año 2006. No había ninguna organización que luchara por la reforma de la ley del aborto: el tema era demasiado arriesgado para los años que siguieron al conflicto armado que devastó el país. El Salvador criminalizó el aborto por completo en 1997, después de una cruel reforma del Código Penal. La penalización del aborto es, todavía hoy, absoluta —ni siquiera se admite para salvar la vida de la mujer o en casos de violación contra niñas—. Morena Herrera decidió investigar lo que contaba Donna Ferrato. Llamó a la puerta de la prisión y se presentó como tía de Karina Herrera. El apellido común a las dos mujeres facilitó el acercamiento inicial. Allí se gestó una de las resistencias feministas más importantes de las Américas: de mujer a mujer, de Herrera a Herrera.

Después de tres años de investigaciones y batallas judiciales, Karina fue dejada en libertad. Con ella, Morena comprendió uno de los más perversos mecanismos del patriarcado latinoamericano: la penalización de las emergencias obstétricas, incluidos los abortos espontáneos, abortos inseguros y partos extrahospitalarios y sin asistencia médica. La búsqueda de las mujeres criminalizadas resultaba tortuosa, ya que, merced a una artimaña jurídica, se las acusaba no por el delito de “aborto”, sino de “homicidio agravado por vínculo” contra víctimas de cero edad o recién nacidas. “Aborto” u “homicidio agravado por vínculo” no constituyen una mera discusión de hermenéutica penal, sino un indicio de cómo el patriarcado hace uso del derecho penal para inscribirse con crueldad en el cuerpo de las mujeres. La metamorfosis de un tipo de delito en otro aún más grave tiene dos objetivos: aumentar el estigma sobre el aborto, equiparándolo en el código penal con la figura del homicidio, además de ampliar la pena de prisión de manera que se haga perpetua para las mujeres.

Las mujeres fueron localizadas por otras mujeres que vivían en la prisión. Morena sabía de la importancia de identificarlas, pero también que se debía actuar colectivamente. Con otras mujeres y hombres, y con el apoyo de organizaciones feministas de Nicaragua, fundaron la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Entre 2000 y 2019, se estima que 181 mujeres fueron condenadas injustamente por aborto o por emergencias obstétricas seguidas de muerte fetal en El Salvador, siendo tres de ellas niñas de entre 10 y 14 años. De estas, por lo menos 66 estuvieron presas durante meses o años, y hasta 2020, 41 recuperaron la libertad. Así sucedió con Cindy Erazo, que pasó seis años en prisión por parir un mortinato; con Alba Lorena Rodríguez, que estuvo diez años presa después de una complicación en el parto de un embarazo que había sido producto de una violación colectiva; o Evelyn Hernández, que pasó tres años en prisión después de que también resultara embarazada tras una violación y pariera un mortinato. María Teresa Rivera fue sentenciada a 40 años de prisión por un aborto espontáneo, pasó cuatro años en la cárcel y temía regresar, pues la justicia insistía en perseguirla. Es legalmente una exiliada política del patriarcado: vive en Suecia con un hijo desde 2016.

Hay seis países en América Latina y el Caribe que penalizan el aborto de manera indiscriminada; hay otros, como Brasil, en el que los dirigentes políticos se inclinan hacia el modelo salvadoreño, tal como lo hizo la ministra Damares Alves en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en la última reunión en febrero de 2021, al afirmar que la “vida humana comienza en la concepción”. Vivimos en la región del mundo que más persigue penalmente a las mujeres y en donde más abortos se practican. ¿Por qué esa insistencia en perseguir, intimidar, detener y matar mujeres a causa del aborto? Porque se trata del control de la reproducción biológica, es decir, de la vigilancia sobre el cuerpo de las mujeres, mediante el cual los regímenes patriarcales de poder dirigen la reproducción social de la vida. No es posible disociar la cuestión del aborto de las políticas de igualdad de género, pues es por medio de la penalización de los derechos reproductivos que se controlan los proyectos de vida de las mujeres jóvenes.

Tal vez ninguna mujer haya sufrido tanto los efectos del fanatismo del aborto como Manuela. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por iniciativa de las organizaciones Center for Reproductive Rights, Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto; las audiencias públicas se fijaron para los días 10 y 11 de marzo de este año. El nombre “Manuela” es ficticio para proteger la identidad de esta joven mujer brutalmente torturada, una trabajadora rural, pobre y analfabeta, madre de dos hijos pequeños. Manuela desconocía su estado de embarazo, estaba más inquieta por unos nódulos en el cuello, signos de decaimiento y fiebre, síntomas que ya indicaban un cáncer avanzado, pero que no había sido diagnosticado hasta entonces. Embarazada de 32 semanas, sufrió un malestar intenso con hemorragia y desmayo. Al aborto espontáneo siguió la desesperación por salvarla: muy debilitada, ya no lograba siquiera caminar desde su casa a la carretera para acceder a un transporte hasta el hospital más cercano. Fue transportada en una hamaca por familiares y vecinos. Esa fue su partida definitiva de la casa y la última vez que vio a sus padres y a sus hijos en libertad, pues solo los volvió a ver en una única visita a la prisión

Manuela vivía sin marido en la tierra que cultivaba su familia. El padre de sus dos primeros hijos los abandonó y se unió a los miles de salvadoreños que migran hacia los Estados Unidos. Si estaba indocumentado o no, es apenas un capítulo más en la historia de desamparo de la familia. No se sabe si el embarazo que la llevó a la prisión fue fruto de una relación consentida o un acto violento, algo que poco le importó al tribunal penal que la condenó a la cárcel por “homicidio agravado”. El juez no titubeó al crear su propia narrativa sobre los hechos: Manuela era una mujer fácil, sin “instinto maternal”, que mató a su hijo en un gesto “contrario a la naturaleza misma”. Tan pronto como Manuela entró al hospital, fue denunciada por una médica y la policía tuvo que inspeccionar la casa donde vivía, abrir la fosa y forzar al padre de Manuela, analfabeto, a registrar el feto con el nombre y apellido de la familia. La víctima ya no era Manuela, era el patriarcado en la forma de una criatura no nacida, recién nombrada para ser públicamente citada como inocente.

En un proceso judicial corto, Manuela fue condenada a treinta años de prisión. Sin derecho a defensa, la verdad de su cuerpo jamás fue considerada —en la cárcel fue perseguida y sufrió los dolores del cáncer recostada en el piso de su celda—. Recibió muy pocas visitasy murió años después de la emergencia obstétrica que la llevó al aborto espontáneo. Era un cuerpo enfermo y que sufría, aunque ignorado por la furia policial, judicial y médica: su biografía se transformó en una construcción ficcional del patriarcado, una mujer licenciosa e infiel a un marido que ya no existía más en su vida. La familia intentó apelar a la justicia de El Salvador para que la historia de la muerte de Manuela fuese la que realmente vivió su cuerpo: Manuela murió por un cáncer sin tratamiento adecuado en la prisión, y no porque fuera una criminal. Fue encarcelada por un crimen inexistente. Incluso el derecho a la verdad sobre el expediente judicial le fue negado a la familia; por esto el caso fue llevado a la CIDH.

El fanatismo en torno al aborto instaura regímenes brutales de persecución y tortura hacia las mujeres. Manuela murió porque el aborto se penaliza absoluta e indiscriminadamente, murió porque el aparato del Estado fue utilizado para perseguirla con refinada crueldad: no importa si la verdad de lo vivido era demasiado angustiosa para un solo cuerpo, la pobreza, la soledad del matrimonio, el cuerpo enfermo por el cáncer. Ahora es necesario que los magistrados de la Corte se inspiren en el coraje de las Herreras que iniciaron este camino para que la decisión atraviese los límites de El Salvador y proteja a otras mujeres, eternizando a Manuela con el estatuto de “precedente jurídico”. Manuela está muerta, y lo que ha de ser reparado por la Corte es la verdad de lo vivido, la dignidad que solo la verdad de la historia ofrece a sus víctimas.

Debora Diniz es brasileña, antropóloga e investigadora de la Universidad de Brown

Giselle Carino es argentina, politóloga y directora de la IPPFWHR

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